Cumple 18 años la movilización y el debate en un Chubut que decidió un futuro sin megaminería

Mientras el rechazo a la actividad minera metalífera a gran escala es cada vez más grande en una provincia que sufre una crisis hídrica que en el futuro sólo promete empeorar, el gobernador decidió buscar modificar la ley que hoy prohíbe la actividad para habilitar proyectos mineros en la meseta central. Una crisis económica, social y política histórica, a la que se le sumó una pandemia, parece ser el momento elegido para avanzar en algo tan resistido socialmente. El gobierno pretende cambiar el futuro productivo de la provincia, sin respetar la voluntad de la sociedad expresada ya mil veces, de todas las formas pacíficas e institucionales posibles.

Desde el plebiscito de Esquel en 2003, donde casi el 82% votó en contra de un emprendimiento minero a gran escala en cercanías de la ciudad, la oposición de la población a este tipo de industrias extractivas no ha parado de crecer. Se mantiene vigente la Ley Provincial que ese mismo año prohibió la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro, así como se han presentado un proyecto de ley por Iniciativa Popular para ampliar esa prohibición acompañado por 30.916 firmas, con lo cual tiene que ser tratado por los legisladores como estipula la Constitución Provincial.

El mismo día que el proyecto público ingresó a la legislatura, el Ejecutivo provincial presentó su propio proyecto. Un proyecto desconocido hasta entonces, en el que a contramano de la Iniciativa Popular, se pretende dar entrada a la gran minería trasnacional a partir de una zonificación. Todo indica que en unas pocas sesiones virtuales y en medio de una crisis histórica, el gobierno de Arcioni busca imponer un proyecto opuesto al de la sociedad, haciendo oídos sordos a lo que está diciendo la gran mayoría de la población.

Una amplitud de sectores se oponen al proyecto de zonificación. Han expresado su opinión en contra, pidiendo que el gobierno les consulte (dado que no lo ha hecho) las autoridades del INTA, CENPAT-CONICET, UNPSJB y UTN-Chubut, en una carta dirigida al Presidente de la Legislatura, declarando que sin licencia social no hay comunidad que pueda tener un desarrollo sustentable. También sectores científicos como el director del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales del CONICET, quien denunció que desde sectores políticos y mediáticos ultrajaron un informe propio sobre los índices de calidad de vida para pretender indicar a las empresas mineras como mejoradoras de estos índices, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo más grave es que éste informe manipulado y deformado, es el que usaron Mariano Arcioni y Martín Cerdá (Ministro de Hidrocarburos) para justificar el proyecto de zonificación en la comisión donde se trata el proyecto enviado a la legislatura.

Se han expresado en contra de este tratamiento las principales organizaciones de la sociedad en toda su diversidad: políticos de todos los espacios políticos, gremios y sindicatos de toda la provincia, productores, espacios de la salud, pueblos originarios, la Iglesia Católica y la Iglesia Metodista. Han habido movilizaciones multitudinarias en toda la provincia y se está alterando la paz social en el marco de una enorme crisis y de una pandemia. 

Sin embargo a nivel nacional parece no importar. Si bien las provincias son dueñas de los recursos naturales y los pueblos dueños de sus propios destinos, se está buscando imponer un modelo de desarrollo que la población rechaza, porque imagina un futuro sin saqueo y sin contaminación. Un futuro en paz entre las personas y entre ellas y su ambiente. El ejemplo de lo sucedido en Mendoza el año pasado demuestra que la sociedad no va a quedarse en sus casas si los legisladores le son desleales. La Provincia de Chubut ha demostrado que no hay licencia social para la megaminería contaminante y que se expresará de todas las formas posibles para que ello se entienda.