Por el momento, la reestructuración de la deuda sigue en stanb-by, con dos posiciones firmes sobre la mesa, sin punto de acuerdo por el momento. Por un lado, el gobierno nacional plantado en la última estrategia presentada (la cuarta revisión) con un valor presento neto (VPN) de 53,5 US$, y por el otro el otro un consorcio de tres grupos de fondos de inversión, encabezado por BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, plantados en un VPN de 56,5. Estos tres dólares de diferencia equivalen a US$6.200 millones en el pago total de la nueva deuda, distribuidos a lo largo de la vida útil de los bonos. En el marco de la etapa final de esta discusión juegan también aspectos legales, que la Argentina estaría dispuesta a revisar. Estas modificaciones en algunos términos legales abrirían la posibilidad de volver a postergar la fecha de vencimiento para el canje, actualmente fijada el 4 de agosto, y podría postergarse hasta el 28 de agosto. Mientras tanto, la Argentina permanece en default, pero sin conflictos disparados en juzgados internacionales, sólo porque se sostiene la negociación. Por el momento, todo indicaría que se alcanzaría superar el 50% de las voluntades de los tenedores de deuda, de manera de evitar que se caiga la reestructuración, aunque no se lograría accionar las cláusulas de acción colectiva (CAC) que permitiría cerrar la puerta a futuras demandas de parte de holdouts (tenedores de deuda que decidan no aceptar la propuesta de canje).

El problema de dejar esta puerta abierta, es que quedaría bloqueado el acceso al crédito externo y se enfrentarían conflictos en juzgados internacionales, tal como ocurrió durante la etapa anterior, desde el canje de 2005, y hasta 2015. Al día de hoy este escenario de acuerdo parcial luce como el más probable. De todas formas, una vez superada esta etapa con los acreedores privados externos, se deberá encarar la negociación de la refinanciación de la deuda con el FMI, organismo con el cual se atraviesa actualmente una etapa de romance, justificada por el interés del propio FMI en que la Argentina cierre primero su problema con los acreedores privados. Sin embargo, una vez que se inicie el proceso formal de reestructuración de la deuda por US$44.500 millones con el FMI, es esperable que este romance termine abruptamente, dado que para el organismo internacional la prioridad será el programa económico a acordar con la Argentina, y no la forma de pago de la deuda. A diferencia de los acreedores privados, al FMI no le interesa recuperar el dinero rápidamente, sino condicionar al país con sus propias recetas de política económica. El recetario del organismo lo conocemos en la Argentina muy claramente, además de observar lo que ocurre en otros lugares del mundo. La receta clásica pasa por políticas de ajuste fiscal, un programa de privatizaciones de empresas públicas, reforma previsional y flexibilización laboral, entre otras. Todas estas iniciativas van a contra mano de lo que pretende el gobierno nacional para nuestra economía, de manera que allí comenzará una dura disputa que dominará la agenda económica los próximos meses.  

Mientras tanto, el gobierno intenta delinear un programa de salida de la crisis, luego de que todos los indicadores de actividad económica hayan tocado piso en abril de este año, momento de parate absoluto para muchos sectores económicos. Sin embargo, la recuperación es lenta, en medio de una delicada situación sanitaria, con el virus circulando y la cantidad diaria de contagios estable pero en niveles elevados. El punto de partida y los estrechos márgenes de maniobra, ambos herencia de la pésima gestión de política económica del gobierno anterior, limitan mucho la capacidad de acción. Sumado a esto, el contexto internacional no luce para nada favorable en la recuperación. Los precios internacionales de las materias primas, principal producto de exportación de nuestro país, seguirán en los actuales bajos niveles por un tiempo, dada la recesión mundial, la elevada liquidez internacional no podrá ser usufructuada, dado que el acceso al crédito está restringido por el mega endeudamiento del gobierno anterior, el mundo crecerá a tasas bajas por un tiempo y no podrá actuar de locomotora de nuestro crecimiento, la guerra comercial entre EEUU y China suma un foco de tensión internacional, y las economías del mundo tienden a políticas comerciales proteccionistas, de mayor cierre y orientación a sus mercados internos. Se trata, en definitiva, de un escenario para nada favorable a la recuperación, que deberá, indefectiblemente orientarse al mercado interno.  

Los programas que comienzan a comunicarse para trabajar en la recuperación, tienen el foco puesto en la construcción, ya que se trata de un sector muy dinamizador del mercado interno, de rápida generación de empleo, y consumidor de insumos de producción nacional, aspecto clave, dada la escaza generación de dólares de nuestra economía, y el peso de los compromisos futuros en moneda dura. Mientras tanto, se estudia la extensión de los programas de asistencia de parte del Estado, y en particular la posibilidad de convertir al IFE en un programa de renta básica universal, aunque con el limitante del déficit fiscal. Para intentar sostener todo esto, por el lado de los ingresos, se planteó un proyecto de ley para una amplia moratoria impositiva, que busca mejorar la recaudación, y se contempla un nuevo programa de blanqueo de capitales, de dudoso éxito, dadas las últimas experiencias en la materia. 

El resto del mundo continúa trabajando en la implementación de paquetes de estímulo, pero con mucho más margen de maniobra que en nuestro caso. En este sentido, los 27 gobiernos que componen la Unión Europea acordaron crear un fondo de recuperación de 750 mil millones de euros, o U$S 858 mil millones, construido a través de préstamos conjuntos. El acuerdo permitirá que aproximadamente la mitad de estos fondos se distribuyan como donaciones a los estados de la UE más devastados por la pandemia, mientras que el resto comprenderá préstamos a bajo interés. Se busca con esto, acelerar la recuperación de la crisis económica provocada por la pandemia.  

La semana pasada se conocieron nuevos datos que dan cuenta del terrible estado de situación de nuestra economía, aunque encienden una luz de esperanza en el sentido de que el mes de abril puso un piso a la caída, y se comienza una, por el momento lenta etapa de recuperación. El estimador mensual de la actividad económica (EMAE) de mayo avanzó +10% en relación al mes anterior, luego de caer -17,9% mensual en abril. De esta manera, mostrando una recuperación parcial luego de la fuerte caída de los dos meses previos, en un mes en donde la circulación de personas comenzó a normalizarse. Sin embargo, en términos interanuales registró una caída de -20,6% anual (vs -26,3% anual el mes previo). En lo que va del año, el estimador registra una caída de -13,2% anual en comparación con el mismo período de 2019. Los sectores que más incidieron en la caída fueron la industria manufacturera, con un -25,7% anual, el comercio, un -20,9% anual, y la construcción un -62,2% anual. 

Por el lado del impacto fiscal de la crisis, se conoció el resultado fiscal de junio, que arrojó un déficit de $-253.706 millones, desde un déficit de $-251.000 millones en mayo y $-228.000 millones en abril. Se registraron pagos de intereses por $34.859 millones (-43% anual), por lo que el déficit financiero fue de $ – 288.565 millones (desde $-67.000 millones en junio 2019). Los ingresos totales alcanzaron los $402.899 millones, un aumento de 8% en comparación con junio de 2019. Sin embargo, cayeron -24% en términos reales, ya que la inflación para el mismo período avanzó +42,8%. Dentro de los ingresos tributarios, el IVA aumentó +13% anual, ganancias +6% anual, contribuciones a la seguridad social +23% anual y derechos de exportación +16% anual, todos por debajo de la inflación (la suma de estos 4 conceptos representa más del 65% de los ingresos totales). Los gastos primarios aumentaron +73% anual y alcanzaron los $656.605 millones. En términos reales, el aumento fue de +21% anual. Aquí se destacan los aumentos en prestaciones sociales (+89% anual), subsidios económicos (+89% anual) y transferencias corrientes a provincias (+245% anual). En los últimos 12 meses, el déficit primario acumula -4,2% del PBI, mientras que el déficit financiero alcanza -7,2% del PBI en igual período. Todo esto resulta financiado, casi exclusivamente, con emisión monetaria.  

En relación al comercio interno, durante mayo, las ventas en supermercados registraron un aumento de +5,1% anual a precios constantes (desde +0,3% anual en abril). Las ventas a precios constantes en centros de compras durante mayo registraron una caída de -95,6% anual (vs -98,3% anual en abril).  Esto responde al cierre absoluto de los centros comerciales, con excepción de algunas provincias donde han comenzado nuevamente a operar con restricciones.  

Será de gran importancia volver a dinamizar el consumo interno, para lo cual habrá que recomponer el poder adquisitivo de los ingresos, absolutamente golpeado en la actualidad. Los próximos meses serán clave en este sentido. Deberán analizarse los montos de las asistencias oficiales, a la vez que retomar las negociaciones paritarias, y consensuar una fórmula de movilidad jubilatoria, que apunte a mejorar los ingresos de la clase pasiva, en medio del programa económico a acordar con el FMI. Grandes desafíos a la vista.