Tras la derrota electoral en las PASO y la convulsión política dentro de la coalición gobernante, tuvo lugar la carta pública de la vicepresidenta, donde apuntó específicamente a la política económica como la principal responsable del resultado y se disparó un debate interno sobre la existencia o no de ajuste. Se trata de un debate vacío, ya que ambas partes tienen algo de razón. Si se analiza la evolución de las jubilaciones, los programas sociales, los salarios o la quita de beneficios extraordinarios por el impacto de la pandemia, claramente ocurrió un fuerte ajuste durante este año. Sin embargo, si se analiza la evolución del gasto público, se observa que viene creciendo en términos reales, es decir por encima de la evolución de los precios. Por otra parte, si bien el déficit fiscal se redujo este año y se encuentra por debajo de la meta estipulada en el presupuesto, también es cierto que tuvieron lugar ingresos extraordinarios, como el impuesto a las grandes fortunas o un inesperado aumento de los precios internacionales de los commodities de exportación, así como una mejora en la recaudación atada a la recuperación de la actividad económica. Pero dejando de lado este debate de formas, de cara a una sociedad que acumula años de deterioro en su calidad de vida, lo que se observa es que la política económica comienza a tomar otro rumbo en la línea indicada por la vicepresidenta, es decir, inyectando más dinero en la economía. Y es aquí donde surgen los interrogantes relacionados con las fuentes de financiamiento de estas políticas expansivas, y el riesgo de que ocurra un ajuste luego de las elecciones. La realidad es que la gestión anterior dejó anulada la posibilidad de acceso al mercado de crédito internacional, y un muy bajo nivel de reservas internacionales. Es así como casi la única forma de financiamiento del déficit que implica la política expansiva radica en la emisión monetaria. En un contexto de caída de la demanda de pesos, por diferentes motivos, una sobre expansión puede conducir a mayores tensiones cambiarias y mayor presión inflacionaria. 

En síntesis, si bien es clara la necesidad de llevar adelante políticas más expansivas para sostener la recuperación del crecimiento -y en estos informes lo venimos marcando-, también es cierto que el riesgo de caer en fuertes desequilibrios, dadas las restricciones, es alto. El año próximo va a ser muy complicado para la economía argentina, donde el escenario plantea un estancamiento en el crecimiento y un aumento de la inflación. Es muy probable que como consecuencia de la mayor expansión fiscal en los meses que restan de este año, se vuelva a ampliar la brecha cambiaria hacia fin de año, e incluso que ocurra un mayor deslizamiento del tipo de cambio oficial, con su consecuente traslado a precios. De esta forma, la inflación el año próximo resultará más alta que la del actual. Considerando que este año terminará con una inflación cerca del 50%, en 2022 las proyecciones marcan un registro en torno al 60%. En ese contexto sostener la recuperación del poder adquisitivo resultará muy dificultoso. 

La semana pasada, el Gobierno incorporó al presupuesto 2021 mediante un DNU los DEG recibidos por parte del FMI (destinados a engrosar reservas internacionales por la crisis sanitaria para el pago de deuda con la institución) por U$S 4.334 millones. En este DNU se aclara que el BCRA le dará $422.174 millones al Tesoro a cambio de los DEG los cuales serán utilizados para cancelar adelantos transitorios (que están cerca del límite establecido por carta orgánica), liberando justamente espacio de emisión en adelantos transitorios para este año. Cuando tengan que hacerse los pagos de deuda al FMI (septiembre y diciembre), el Tesoro emitirá una letra intransferible al BCRA a cambio de esos dólares para pagar los compromisos de deuda. Estos pesos que recibirá el Tesoro son una nueva fuente de financiamiento equivalente al 1% del PBI. Durante el año las transferencias acumulan $910.000 millones (equivalentes al 2,4%, del PBI, desde 6,2% del PBI que acumulaban en el mismo período en el 2020, que fue un año absolutamente extraordinario).

En medio de la discusión sobre el ajuste o no de la política fiscal, se conocieron los datos de agosto. El resultado primario mostró un déficit de $124.836 millones, desde un déficit de $98.570 millones en julio y $89.499 millones en agosto 2020. Luego del pago de los intereses por $68.558 millones se observa un déficit financiero de $193.393 millones (el más elevado desde diciembre 2020). En términos del PBI en lo que va del año (enero a agosto) el déficit primario acumula -1% y el financiero es de -2% (-2,4% y -3,8% del PBI acumulado en 12 meses). Los ingresos totales aumentaron +70% anual, afectados por la baja base de comparación durante agosto 2020. Los de mayor suba son derechos de exportación (+126% anual), derechos de importaciones (+78% anual), IVA neto (+83% anual) y Ganancias (+67% anual). Los gastos totales aumentaron +65% anual, con gastos primarios subiendo +62% anual y gastos de capital +123% anual. Dentro de los primarios, los subsidios subieron (+252% anual), y las transferencias a provincias (+71% anual). Por otro lado, las prestaciones sociales subieron por debajo del resto (+32% anual). Respecto de 2019, en términos reales los ingresos cayeron -0,3% anual en agosto 2021, y los gastos subieron +21,5% anual.

En cuanto a la actividad, durante el segundo trimestre del año, el producto bruto interno (PBI) cayó -1,4% en comparación con el primer trimestre del año. Sin embargo, en su comparación interanual, registró un aumento de +17,9% anual (que se explica por la base de comparación con el segundo trimestre de 2020, fuertemente afectado por las restricciones impuestas debido al comienzo de la pandemia). De esta manera, durante la primera mitad del año, el crecimiento del producto con respecto a la primera mitad de 2020 fue del 10,3%. En cuanto a los componentes del PBI, el consumo privado subió 21,9% anual y 1,1% trimestral, el consumo público +8,2% anual y +0,5% trimestral, las exportaciones +6,3% anual y +5,7% trimestral, las importaciones +36,6% anual y +5,4% trimestral, y la inversión +76,6% anual y 0% trimestral.

Por su parte, la inflación mayorista durante agosto avanzó +2,5% mensual (luego de un aumento de +2,2% mensual en julio). De esta manera, acumula en lo que va del año un incremento de 36% y en comparación con agosto 2020 avanzó +60,5% anual. Los productos nacionales registraron un aumento de +2,6% mensual y +60,9% anual. Los productos importados aumentaron +1,3% mensual y +56,1% anual. El índice del costo de la construcción registró durante agosto un incremento de +2,1% mensual (vs +5% mensual en julio). En términos interanuales avanzó +66,2% anual y en lo que va del año aumentó +33,2%. Los materiales subieron +3% mensual y +78,4% anual, la mano de obra +0,6% mensual y +55,5% anual, y los gastos generales +3% mensual y +65,5% anual.

En línea con la intención de mejorar el poder adquisitivo de los salarios, se anunció el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias hasta $175.000 (desde $150.000 que había sido aumentado en abril de este año). En enero del 2022 se volverá a realizar una revisión para ajustar el piso y las escalas.

Durante agosto, la balanza comercial arrojó un superávit de U$S 2.339 millones, desde U$S 1.536 millones en julio de 2021 y U$S 1.446 millones en agosto 2020.  De esta manera, el saldo acumulado en los últimos doce meses alcanzó los U$S 11.938 millones. Las exportaciones avanzaron +63,3% anual y alcanzaron los U$S 8.093 millones, el valor más elevado desde mayo de 2013. Por su parte, se registraron importaciones por U$S 5.754 millones, un aumento de 64% anual. La dinámica de importaciones preocupa de cara a la escasez de divisas. 

Durante el segundo trimestre del año, la tasa de desempleo alcanzó el 9,6%, descendiendo con respecto al 10,2% del primer trimestre y al 13,1% alcanzado durante el segundo trimestre de 2020. Por otro lado, la tasa de actividad (que mide la población económicamente activa sobre el total de la población) se ubicó en 45,9%, mostrando un descenso contra el primer trimestre del año cuando se encontraba en 46,3%, y aumentando contra el segundo trimestre de 2020 (42,3%). La caída de este registro en lo que va del año responde a un desincentivo, de gente que deja de buscar empleo tras chocarse con una realidad que le demuestra que no lo va a conseguir.