Como era de esperar, se oficializó la extensión de la cuarentena, por ahora, hasta el 10 de mayo. Se delegó a las provincias la potestad de decisión sobre el relajamiento de algunas restricciones. Mientras la curva de contagios logró aplanarse, cumpliéndose así el objetivo principal del gobierno, comienza a centrarse la atención en el tratamiento del impacto económico.

Desde el inicio de la estrategia de aislamiento social, advertimos que la contracara del tratamiento sanitario es el fuerte costo que implica frenar completamente la actividad económica. Con gran parte de las actividades completamente inmovilizadas, la cadena de pagos se encuentra al borde del quiebre, el desempleo presenta una peligrosa tendencia alcista, la cantidad de quiebras puede resultar escalofriante si no se retoma la actividad lo antes posible, algo que no se puede hacer si se quiere continuar el exitoso camino de evitar una crisis sanitaria y preservar las vidas de los ciudadanos. Por el momento, el gobierno se ha focalizado en el lanzamiento de programas que buscan asistir desde el Estado a los sectores más perjudicados. Se destacan, los bonos a jubilados, el ingreso familiar de emergencia, los créditos para capital de trabajo al 24% anual, los préstamos a monotributistas y autónomos a cero de tasa de interés anual, el programa por el cual desde el Estado se pagarán salarios a empleados del sector privado, tanto en grandes empresas como en pymes, entre otros. Los programas de asistencia social anunciados hasta ahora suman un total de $198.488 millones, esto es un 0,64% del PBI y los programas de asistencia a empresas asciende a $778.168 millones (2,52% del PBI), mientras que los programas de asistencia a provincias ascienden a $120.000 millones (0,38% del PBI).

Es decir, que el total de programas anunciados por el gobierno para contener el impacto económico del aislamiento social por coronavirus, asciende a $1.096.656 millones, un 3,54% del PBI. Se trata de un esfuerzo importante para una economía que entró a esta situación con un grado de deterioro muy fuerte, y con casi nulo margen de maniobra. La economía argentina comenzó el año con una fuerte dinámica recesiva, inflación alta y acelerando, muy elevado nivel de deuda pública con vencimientos concentrados en el corto plazo, 40% de pobreza, un mercado interno devastado, y déficit fiscal. Por este motivo, varios países del mundo implementaron programas fiscales mucho más fuertes, a niveles de 7%/8% del PBI, algo impensado para la Argentina. De hecho, y el esfuerzo de estos 3,5% del PBI en programas de asistencia, ponen a la economía al borde de una situación inmanejable. En un contexto donde desapareció la inversión extranjera, donde las exportaciones se derrumbaron un 17% (según datos del INDEC a marzo), donde la recaudación subió en marzo al 30% anual (casi 15 puntos porcentuales por debajo de la inflación para el mismo período), sólo queda como fuente de financiamiento la emisión monetaria. Por este motivo la Base Monetaria (cantidad de pesos que existe en la economía), alcanza ya 1,9 billones de pesos. En marzo, el gasto público marcó un incremento el 70% anual, lo cual, dada la caída en la recaudación, significó un aumento de más de 800% en el déficit fiscal, en relación con el mismo período del año anterior. Esta situación pone en riesgo también la posibilidad de reestructuración de la deuda, ya que los inversores avizoran un largo período sin ningún tipo de disciplina fiscal.

Finalmente, el gobierno optó por no pagar los vencimientos de los bonos globales que ocurrieron el 22 de abril, por U$S 503 millones de intereses (Global 2021, Global 2026 y Global 2046). De esta forma, entraron en vigencia los 30 días de plazo que establece el prospecto para salvar el default. Este plazo entonces, marcarían los tiempos en la aceptación o rechazo de la oferta de canje del Gobierno, por parte de los bonistas. El gobierno acortó aún más este plazo, ya que estableció en su presentación ante la SEC (Comisión de Valores norteamericana) el 8 de mayo como fecha límite para la aceptación o rechazo de la oferta propuesta. La primera reacción de parte de los acreedores, en particular, lo grandes fondos de inversión fue rechazar la propuesta del gobierno. En principio, estos fondos pretenden renegociar, acortando el período de gracia de tres años que propuso el gobierno, y mejorando las tasas de interés propuestas. La posición del gobierno es firme en este sentido. El ministro Guzmán ya declaró en varias oportunidades que la posición es inamovible, que la oferta fue muy estudiada y es la única alternativa posible para una deuda sostenible en el tiempo. Si no se acepta, iremos a default. En el corto plazo, para los márgenes de maniobra que necesita la economía argentina para sostener el mercado interno, llegar a un acuerdo o ingresar a default, es lo mismo. En ambos casos se quitaría de encima los pagos de vencimientos y podría destinar esos recursos a las necesarias políticas expansivas. La diferencia radica, en que, en caso de ir a un default, habrá que renegociar un nuevo acuerdo más adelante, y en el medio sortear las dificultades judiciales que se irán planteando.

Como comentamos más arriba, el resultado fiscal de marzo arrojó un déficit primario de $124.728 millones (desde un déficit de $13.037 millones en marzo de 2019). Los ingresos crecieron al +30,7% anual, muy por debajo de los gastos primarios que crecieron +70% anual (destacándose las transferencias corrientes a provincias por +270% anual, subsidios económicos +125,1% y prestaciones sociales +66,2% anual). Los intereses de la deuda pública fueron $41.577 millones y el resultado financiero fue deficitario en $166.305 millones (desde un déficit de $49.848 millones en marzo de 2019).

Como consecuencia de la profunda recesión que atraviesa la economía, se observa una desaceleración en la inflación. La inflación mayorista de marzo avanzó +1% mensual (vs +1,1% mensual en febrero) y de esta manera acumula +51,8% anual. Por su parte, el índice del costo de la construcción de marzo aumentó +1,4% mensual (desde +4% mensual en febrero) y de esta manera registra un aumento de +58,3% en los últimos doce meses. El dato de inflación minorista de abril también resultará menor. Sin embargo, se siguen observando aumentos desmedidos en precios de la canasta básica, como consecuencia de comportamientos abusivos de formadores de precios, y en algunos casos, también de comercios. Es necesario que desde el Estado se intensifiquen los controles para evitar esta situación. En términos macroeconómicos, esta desaceleración ocurrirá los próximos meses, por la caída en la actividad, mientras que más adelante pueden comenzar a presentarse peligrosas presiones inflacionarias, como consecuencia del fuerte crecimiento de la emisión monetaria.

El Gobernador Axel Kicillof presentó su propuesta del canje de la deuda provincial en dólares ley extranjera por US$ 7.148 millones, siguiendo con los lineamientos de Nación.

La provincia de Buenos Aires presentó la oferta del canje deuda de 11 bonos ley extranjera (8 en dólares y 3 en euros) divididos entre los emitidos en el 2006 (Indenture 2006) y los emitidos a partir del 2015 (Indenture 2015). A cambio la provincia ofrece dos nuevos bonos en dólares al 2032 o al 2040 y dos en euros al 2032 o al 2040, con una tasa de interés más altas para los bonos Indenture 2006. Los bonos con vencimiento en 2032 tienen un monto límite de emisión de U$S 2.340 millones y € 540 millones.

Términos generales de la oferta para los bonos en dólares:

· Bono al 2032: Quita de capital de 10%. Tasa de interés anual inicial de 0,5% (marzo 2023) y máxima de 3,5% (septiembre 2029).

· Bono al 2040: Quita de capital de 5%. Tasa de interés anual inicial de 3,375% (junio 2023) y máxima de 5,375% (junio 2026).

También en este caso, los principales tenedores de los títulos se manifestaron en contra de la propuesta, y la rechazaron.

Se conocieron la semana pasada los datos de la balanza comercial de marzo, que arrojó un superávit de U$S 1.145 millones, desde U$S 1.129 millones en febrero de 2020 y U$S 1.181 millones en marzo 2019. De esta manera, en los últimos 12 meses acumula un saldo de U$S 17.283 millones. Las exportaciones cayeron -15,9% anual y alcanzaron los U$S 4.320 millones. Se registraron importaciones por U$S 3.175 millones, mostrando una contracción de 19,7% en términos interanuales. Esto resulta como consecuencia del derrumbe del comercio internacional.

Mientras tanto, el deterioro macroeconómico de la Argentina frente a este contexto llevó a un peligroso incremento de la brecha cambiaria, que ya alcanza un 70%. El valor del dólar blue hoy es de 118 pesos, mientras que el dólar CCL alcanzó los $114. Este aumento de la brecha pone presión sobre los precios, en el momento en que comience a normalizarse un poco la situación de la actividad económica en general.