Mientras el gobierno argentino intenta avanzar en la negociación por la reestructuración de la deuda, el panorama financiero global se vuelve más complejo, debido a la incursión en escena del coronavirus, y el riesgo de transformarse en una pandemia difícil de controlar. Algunas muertes han encendido la alarma en Europa, y los activos financieros se retraen. Las tasas de interés de los bonos de los Estados Unidos, se encuentran en niveles mínimos históricos, dando cuenta de un fuerte proceso de aversión al riesgo y vuelo hacia la calidad, de capitales que buscan refugio frente a una disparada de la incertidumbre global. La extensión de este virus a nivel global pone también en riesgo el acuerdo comercial entre China y los Estados Unidos, sumando más tensión. Para la estrategia de negociación de la deuda Argentina este nuevo escenario plantea un gran desafío. Si la expansión global del coronavirus resulta controlada, y solo impacta en una desaceleración del ritmo de crecimiento mundial, las bajas tasas de interés norteamericanas plantean un escenario atractivo para que la Argentina pueda reestructurar su deuda sin tener que pagar una muy alta tasa de interés en los títulos nuevos, en un mundo de liquidez y rendimientos bajos, pero si no se lograra controlar la expansión del virus, y la pandemia creciera, el convulsionado escenario financiero tornaría casi imposible cualquier posibilidad de reestructuración y esto empujaría a un default. De hecho, el mercado financiero descuenta con altísima probabilidad este escenario, ya que la probabilidad implícita de default de la deuda argentina, medida por los Credit Default Swap (CDS) a 5 años, asciende a un 94%. El FMI, que en la última semana se ha manifestado en apoyo a la Argentina, advierte también sobre el riesgo mundial de la expansión del coronavirus, aunque por el momento se limita a recortar las proyecciones de crecimiento global.
Mientras tanto, desde la oficina de presupuesto del Congreso de la Nación se informó que la deuda pública al 31 de enero de 2020 ascendió a U$S 324.449 millones. Esto equivale prácticamente a un PBI anual. Se trata de una carga de la deuda muy fuerte, además de estar agravada la situación por la concentración de vencimientos en el corto plazo. De esta forma, podemos concluir que el problema no sólo es de liquidez, sino también de solvencia.
Luego de las declaraciones de la vicepresidenta, Cristina Fernández, al presentar su libro Sinceramente en Cuba, sobre el FMI y la posibilidad de realizar una quita en el capital de la deuda que la Argentina mantiene con el organismo, llegó la respuesta de parte de su directora, Kirstalina Georgieva, quien dijo que no era posible una quita al préstamo otorgado a la argentina, ya que las normas del fondo no lo permiten. Luego remarcó: “Entendemos la necesidad de analizar cuidadosamente la carga de la deuda. Es el trabajo del Gobierno, no del FMI”. Sin embargo, la vicepresidenta había remarcado que el acta constitutiva del FMI también prohíbe realizar desembolsos de préstamos stand-by para que terminen en un proceso de fuga de capitales, que fue lo que ocurrió en nuestro país. Sin embargo, la defensa del organismo no presentó ningún tipo de fundamentación ni respuesta a la acusación, sino que se limitó a negar cualquier posibilidad de aceptación de quita en la deuda, al tratarse de un acreedor privilegiado.
Mientras tanto, se acerca el mes de marzo y el gobierno debía realizar algún anuncio con relación a los aumentos de los haberes jubilatorios, luego de haber suspendido la aplicación de la fórmula de movilidad a comienzos de año. Finalmente, se anunció que la jubilación mínima (que es percibida por el 86% de la masa jubilatoria) tendrá un incremento de $1.500 más un adicional de 2,3% entre marzo y mayo, lo que implica un aumento de 13%, hasta $15.892 (mayor al aumento de 11,56% que hubieran recibido por la fórmula anterior). Para el resto de las jubilaciones, el aumento será menor, quedando por debajo del ajuste previsional anterior y en algunos casos por debajo de la inflación. Las asignaciones familiares y AUH también tendrán un aumento del 13% a partir de marzo. Con estas medidas se estima que el ahorro fiscal del gobierno será entre $3.500 y 5.000 millones por mes entre marzo y mayo (aproximadamente un 0,03% del PBI por mes). El objetivo es lograr conciliar un ahorro fiscal, que permita dar una señal a los acreedores en medio de la reestructuración de la deuda, a la vez que se mejore la situación de los sectores de jubilados más postergados, y se ayude a dinamizar el mercado interno, vía estímulo del consumo. La decisión tomada implica un achatamiento de la pirámide distributiva, lo cual disparará una ola de juicios contra el Estado, ya que se suspendió una fórmula acordada por el Congreso a través de un decreto del poder ejecutivo, y se generó un tratamiento diferente según el caso. Algunos juristas hablan de la inconstitucionalidad de la decisión, y las demandas ya comenzaron.
El tema tarifas generó un cortocircuito dentro del gobierno, en el mayor nivel de mando. Por el momento, las tarifas de servicios públicos se encuentran con un congelamiento por 180 días desde comienzo de año, y de 120 días, en el caso de las tarifas de transporte público. El FMI, en su visita a la Argentina, que duró una semana, en la cual se revisaron exhaustivamente las cuentas públicas, cuestionó al gobierno no volver a caer en la tentación, como ya ha ocurrido en la anterior gestión del Kirchnerismo, de mantener congeladas las tarifas por tiempo indefinido. En un primer momento, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo al FMI que no habrá un congelamiento “permanente” de las tarifas de los servicios públicos, y que están analizando una nueva revisión para llevarlas a valores “razonables y accesibles”. Pero luego, el propio presidente, Alberto Fernández, desmintió a su jefe de gabinete y declaró que por el momento no es tema de agenda un ajuste tarifario, y que seguirían congeladas durante un tiempo. Este tipo de mensaje cruzado genera inquietud a inversores financieros que siguen de cerca la reestructuración de la deuda.
La puesta en marcha de algunas políticas expansivas requiere de fuente de financiamiento, y el mercado de deuda se encuentra completamente cerrado. Por tal motivo, es que el Banco Central le transfirió al Tesoro $27.000 millones el 13 de febrero, acumulando transferencias por $47.000 millones en lo que va del mes. Adicionalmente, los bancos cancelaron Leliqs y Pases en lo que van de febrero por $201.692 millones. Estos factores, hicieron que la base monetaria esté creciendo en torno al 20% mensual este último mes. A menos que la actividad económica logre recomponerse, y la demanda de dinero tome fuerza, esta emisión monetaria corre el riesgo de transformarse en otro factor de presión inflacionaria.
Se acerca marzo, y la atención se centra en las paritarias. Por el momento, el gremio de comercio, el más grande del país, acordó aumentos de suma fija para el primer semestre, en línea con lo que pidió el Gobierno.
Mientras tanto, el Banco Central, alentado por una supuesta desaceleración inflacionaria, que nosotros no observamos en el más sensible de los casos, que son los alimentos, decidió reducir la tasa de política monetaria (Leliq) de 44% a 40%. También estableció un límite superior de 55% nominal anual a la tasa de financiamiento de las tarjetas de crédito bancarias y un límite del 25% del promedio de la tasa de créditos personales de las entidades financieras, para las tarjetas de crédito no bancarias. A su vez, decidió que, por 180 días, los bancos no podrán comunicar a los usuarios incrementos en las comisiones que cobran ni la creación de otras nuevas. Todo esto para intentar que los bancos acompañen la baja de la tasa de interés de referencia, algo que no venía ocurriendo en las últimas semanas.
Con relación a los precios, se conocieron la última semana las evoluciones de los precios mayoristas y del costo de la construcción. La inflación mayorista de enero avanzó un 1,5% mensual (desde +3,7% mensual en diciembre). De esta manera, en los últimos 12 meses registra un aumento de 60%. Si bien, se desaceleró el ritmo de crecimiento el último mes, el acumulado anual se encuentra por encima del aumento de los precios minoristas. Por su parte, el índice del costo de la construcción de enero aumentó 5,2% mensual (desde +2,6% mensual en diciembre) y de esta manera acumula en los últimos doce meses un incremento de 56,1%. En este caso sí preocupa la aceleración en el ritmo de expansión mensual.
Hacia el cierre de la semana se conocieron datos vinculados con la evolución de la actividad económica y la balanza comercial de nuestro país, clave para el ingreso de dólares genuinos, y la reestructuración de la deuda. Los resultados dieron cuenta, en el caso de la actividad económica, de una caída de -0,3% en diciembre en relación al mismo mes del año anterior. Pero el acumulado para todo el 2019 marca una caída de un -2,1%. Las caídas más fuertes se presentaron en construcción (-8%) e intermediación financiera (-9,8%). Con relación al resultado comercial, el primer mes del año dejó un saldo positivo de 1.015 millones de dólares. Si bien, a priori, pareciera una buena noticia, dada la necesidad de generación de dólares que tiene la economía, debe tenerse en cuenta que el resultado surge a partir de una caída en las exportaciones (-0,8%), y un derrumbe de las importaciones (-16,1%) anual. Las importaciones no dejan de caer debido al debilitamiento del mercado interno, consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. En caso de lograr reactivar al mercado interno, como el gobierno pretende, habrá que ver como se resuelve, el conflicto por estrangulamiento en la generación de dólares, que es lo que miran de cerca los inversores internacionales. Preocupa la continuidad del proceso de reprimarización de la economía, ya que al descomponer las exportaciones, se encuentra que las exportaciones de productos primarios crecieron un 16,5%, mientras que las maufacturas de origen agropecuario cayeron -6,4%, y las manufacturas de origen industrial -9,3%. Por el lado de las importaciones el derrumbe es generalizado, aunque resulta llamativo el caso de los vehículos automotores (-47,7%). Con la producción nacional congelada, cae la importación de bienes intermedios (-18,1%), y la de piezas y accesorios de bienes de capital (-15,2%). Dado el bajo nivel de actividad, y la muy baja utilización de la capacidad instalada en la industria, también cae la importación de bienes de capital (-12,2%). Y en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, cae también la importación de bienes de consumo (-10,6%). En síntesis, no se observa por el momento un cambio en la dinámica del sector externo que se observó en los últimos años. Y en caso de que este cambio ocurriera, chocaría de frente con la posibilidad de reestructurar la deuda sin caer en default.
El equilibrio luce inestable, y se acercan momentos de definiciones clave. La finalización del período de luna de miel de 100 días de gobierno, las paritarias en un contexto de inflación que no cede, y el límite autoimpuesto para la reestructuración de la deuda, el 31 de marzo, en un contexto de convulsión internacional.
