Luego de haber transmitido los primeros lineamientos de la nueva política económica, el gobierno empezó a dar detalles y anunciar medidas concretas, que terminaron en la aprobación express de la Ley de Solidaridad y Recuperación Productiva. Esta ley busca recuperar el rol activo del Estado como redistribuidor del ingreso, tomando recursos de algunos sectores y transfiriéndolos a otros, con la intención de que estos últimos sean aquellos de menores ingresos, de manera de garantizar que todos estos pesos volados serán destinados a consumo interno, y de esta forma impulsar nuevamente el crecimiento económico.

El éxito de ésto dependerá del comportamiento de muchos sectores que forman parte de la economía, en particular formadores de precios en el mercado interno y acreedores de deuda, en el frente externo.

El proyecto de ley puede interpretarse dividiendo el contenido en cuatro ejes: tributario, previsional, tarifario y deuda.

En cuanto al eje impositivo las medidas son: incrementar las alícuotas de bienes personales, incrementarla más para los activos en el exterior de los residentes argentinos y reducirla para los activos financieros que sean repatriados, eliminar impuesto a la renta financiera de los activos en pesos, aplicar un impuesto del 30% a la compra de divisas y a los consumos en moneda extranjera (dólar turista y dólar atesoramiento). También se anunciaron topes para las retenciones a las exportaciones, 30% soja, 12% trigo, maíz, etc., actualizándolas a niveles de 2018, cuando el gobierno de Macri les impuso una retención de monto fijo en pesos por dólar exportado, que luego se diluyó como consecuencia de la devaluación. También se duplica la tasa del impuesto a los débitos y créditos para personas jurídicas que no sean MiPyMEs y deseen retirar dinero en efectivo. Esto último busca reducir la informalidad. En el caso del impuesto a los bienes personales, la alícuota más alta llega al 1,25%, y para activos en el exterior al 2,5%. Todo esto busca recaudar, en los análisis más optimistas cerca del 1,5% del PBI, de manera de lograr el equilibrio fiscal primario, sin necesidad de seguir con ajustes del lado del gasto.

En cuanto al eje previsional, se decidió suspender la fórmula de movilidad jubilatoria 180 días. También se decidió que pase de 50% al 70% el porcentaje de la cartera del FGS de ANSES que puede invertirse en títulos públicos. El gobierno podrá determinar aumentos salariales mínimos obligatorios para el sector privado. Se prevé una moratoria para deudas tributarias de PyMEs. El punto más conflictivo de toda la ley es el anuncio de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, ya que blanquea que el ajuste recaerá sobre los jubilados. Esta era una exigencia de los acreedores internacionales y del FMI, que ve imposible sostener la indexación de la mayor porción del gasto público. Esta suspensión implica que en los meses de marzo y junio próximo los aumentos se darán por decisión del poder ejecutivo. ¿Es esperable que estos aumentos vayan a compensar a los jubilados de la pérdida de poder adquisitivo del año pasado y además ganarle a la inflación de este año? La respuesta es no. Si esto fuera a ocurrir no se hubiese suspendido la fórmula justo en el momento en el que los jubilados recuperarían lo perdido después del último cambio de fórmula. La reacción popular no se hizo presente muy probablemente por el anuncio de dos bonos de $5.000 en diciembre y enero, para jubilados de la mínima.

El cambio en el porcentaje de deuda que puede comprar el FGS ANSES es para poder utilizar el dinero de los jubilados para financiar al Estado y sostener la deuda sin caer en default.

Otro de los ejes, es el tarifario, donde se anunció un congelamiento de tarifas por 180 días y una revisión del esquema tarifario para que su suba en 2020 sea menor a la inflación. ¿Será esto probable? Lo veremos en los próximos meses, y dependerá de la fuerza de la política para enfrentar los intereses de los sectores concentrados de la energía.

Por último, el eje de la deuda, donde la intención es reestructurar preventivamente en tiempo récord, para evitar un nuevo default. En este sentido, la ley permite facultar al gobierno a tomar medidas para la sostenibilidad de la deuda, y se autoriza al Tesoro a financiarse con Letras del BCRA por 4.571 millones de dólares y destinarlos al pago de deuda en moneda extranjera. Esto último, tiene por objetivo sortear el default de la deuda, apuntando a una negociación antes de fin de marzo, que es hasta donde alcanza este monto para afrontar los pagos, pero deja al BCRA en una situación muy frágil, por debajo de los 10.000 millones de dólares de reservas líquidas.

La intención del gobierno es que, una vez reglamentada la ley, un equipo económico encabezado por el ministro Guzmán, viaje a los Estados Unidos a comenzar con las negociaciones del proceso de reestructuración de la deuda pública.

Se conoció el dato de actividad, que durante el tercer trimestre del año mostró una contracción de -1,7% anual. Esto refleja que la caída no encuentra fin y explica el cambio de rumbo en la política económica del nuevo gobierno, que apunta a revertir rápidamente esta situación a través de un impulso de demanda.

Otro dato que se conoció la semana pasada fue el de desempleo, donde durante el tercer trimestre de 2019, la tasa de desocupación alcanzó el 9,7%, desde 9% en el tercer trimestre del año anterior, y la tasa de ocupados demandantes de empleo subió desde 16,7% a 18,6%. La contracara de la caída de la actividad sigue siendo el aumento de la desocupación. El registro no es más alto aún porque opera un efecto desincentivo, que significa que la población económicamente activa cae, porque al pasar mucho tiempo sin encontrar empleo, quienes lo buscan activamente dejan de hacerlo. Esto reduce el indicador de desempleo, pero no por creación de puestos de trabajo sino por un motivo malo, cada vez se busca menos, por saber de antemano que, en medio de la crisis, no se encontrará.

En las últimas horas se conocieron novedades sobre la reestructuración de la deuda. En el caso Las Letes en dólares, las amortizaciones serán postergadas en su totalidad al día 31 de agosto de 2020. Esto busca despejar un poco el horizonte de vencimientos en dólares de corto plazo. Es el reperfilamiento del reperfilamiento. También se creó la Unidad de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, que tendrá a su cargo la negociación de la deuda Ley Extranjera, y es dependiente de la Secretaría de Finanzas. Esto será clave para el éxito en juntar voluntades que garanticen la no aparición el día de mañana de fondos buitre que vuelvan a litigar contra la Argentina.

Durante octubre, la inflación mayorista fue +5,4% mensual (desde +3,6% mensual en septiembre) y acumula en los últimos 12 meses un aumento de +54,8%. Está en líena con la inflación mayorista, y evidencia que, aún con el tipo de cambio artificialmente estabilizado, los precios siguen subiendo a un ritmo muy fuerte. 
Por su parte, el índice del costo de la construcción subió +4,5% mensual durante noviembre (desde +4,2% mensual en octubre). De esta manera, acumula en los últimos 12 meses un aumento de +50,2%.

En octubre el Estimador mensual de Actividad Económica (EMAE) reflejó una contracción interanual de 0,9%. En el acumulado anual la caída es del 2,3%. 7 de los 15 sectores que componen el EMAE presentaron variaciones interanuales negativas. La mayor caída la tuvo “Pesca” (-28,2%). “Industria manufacturera” (-2,2%) e “Intermediación financiera” (-9%) , fueron los sectores de mayor incidencia en la caída de la actividad. Estos niveles de PBI son similares a los de fines de 2010. Para volver a crecer es imperioso que se recupere el salario real y el consumo privado, que es a lo que apunta la nueva política económica.

Se dio a conocer el resultado comercial para el mes de noviembre. Las exportaciones crecieron un 9,4% interanual en noviembre, en tanto que las importaciones cayeron un 21,9%, hasta los US$ 3.409 millones, el mínimo desde enero de 2010. Así el saldo comercial mostró un superávit de US$ 2.445 millones. En el acumulado anual el saldo comercial fue de US$ 13.710 millones (contra US$ -5.121 millones en 2018). Las exportaciones crecieron un 5,8% y las importaciones se desplomaron un 25,3%. Dentro de las exportaciones, las de Productos Primarios (PP) crecieron un 36,1% y las Manufacturas de origen Agropecuario (MOA) un 9,4%, mientras que las Manufacturas de origen industrial (MOI) cayeron un 3,8%. Las de combustibles y energía disminuyeron un 30,2%. Dentro de las importaciones las de Bienes de Capital cayeron un 16,5%, y las de sus piezas y partes 3,3%, reflejando que la inversión no se recupera. Por su parte la caída de las importaciones de Bienes de Consumo (-14,5%) y Vehículos (-58,5%) manifiestan la caída del consumo. Bienes intermedios (-29%), Combustibles y lubricantes (-19,9%) y el resto de las importaciones (-51,1%) también cayeron ante la merma de la actividad económica. La crisis y el desplome de las importaciones permiten mantener un saldo comercial superavitario, pero las exportaciones siguen estando muy lejos de las proyecciones del Gobierno. Recordemos que éste proyectó una caída del 0,5% del PBI para 2019 con las exportaciones creciendo un 20,9%. El aumento de las exportaciones se explica casi exclusivamente por el aumento en los productos primarios. La industria, que es fuertemente castigada por el desplome de las ventas en el mercado interno, también tiene dificultades para colocar su producción en el exterior.

Las próximas medidas serían disponer por decreto una suba de entre $5.000 y $8.000 para los trabajadores registrados del sector privado. Sería algo así como imponer el piso para las negociaciones salariales de 2020, ya que son aumentos a cuenta de paritarias. El Banco Central confirmó que el próximo paso será el relajamiento de los encajes bancarios. El objetivo: reactivar el crédito, especialmente el productivo. Se firmará un DNU donde por 180 días se congelan las jubilaciones de privilegios de jueces y embajadores y se establecerá una contribución del 21%, además de un aporte extra de 7% para haberes superiores a $100.000. Se estiman recaudar $2.700 millones. El jueves pasado, el Banco Central bajó el piso de la tasa de leliqs a 58%, desde 63%.