Si bien se observa una recuperación en la actividad económica, en algunos indicadores alcanzando ya valores por encima del 2019 (pre pandemia), esta reactivación comienza a perder fuerza y aparecen varios nubarrones en el frente económico en el futuro próximo. En el corto plazo generan preocupación: el necesariamente creciente déficit fiscal y las escazas fuentes de financiamiento, la presión sobre la brecha cambiaria, la caída del superávit comercial como consecuencia del incremento de importaciones en el marco de la recuperación de la actividad, la inflación que no cede, el mercado de trabajo que no genera empleo al compás de la recuperación de la actividad, la dificultad en recuperar el salario real, y la imposibilidad de bajar las tasas de interés. 

El año finalizará con un incremento en el Índice de Precios al Consumidor cercano al 50%, con tipo de cambio, tarifas y precios de algunos productos congelados. Una muy posible recomposición de estos precios le imprime un piso elevado a la inflación del próximo año. La elevada dispersión entre los componentes de la inflación minorista y los distintos registros de precios (mayoristas: 63% anual, construcción: 67% anual, y minoristas: 51,8% anual) también implican una mayor inflación futura. La política cambiaria oficial de atraso, con un nivel de reservas internacionales netas proyectado muy bajo para fin de año (en torno a los US$ 3.500 millones), una política de ingresos que de cara a las elecciones de medio término recompondrá parcialmente los salarios reales, y una política monetaria de fuerte asistencia desde el BCRA al Tesoro Nacional (emisión proyectada para asistir al Tesoro de $ 870.000 millones) con tasas de interés reales claramente negativas, sientan las bases para un próximo año con mayor inflación que el presente.

Al cierre de julio, la deuda pública se ubicó en US$ 343.894 millones, registrando un aumento de +2,5% en lo que va del año. Si se la compara contra julio del año pasado, el aumento es del +4,8% anual. La deuda en moneda extranjera representó el 73,9% y registró un aumento de +1,4% anual, la deuda en moneda local avanzó +16% anual, explicada principalmente por un aumento de +43,7% anual en la deuda ajustada por inflación (CER). 

En el día de hoy, lunes 23, el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó a asignar los derechos especiales de giro (DEG) que permitirán reforzar las reservas. Por la cuota del 0,67% de participación Argentina en el FMI, se recibieron US$ 4.355 millones. Según ya se ha declarado oficialmente, se utilizarán para cancelar los vencimientos de este año con el organismo, de manera de evitar un default mientras se avanza en un nuevo acuerdo. 

En línea con la recuperación de la actividad, durante junio el estimador mensual de la actividad económica (EMAE) registró un aumento de +2,5% mensual (luego de cuatro meses consecutivos de caídas intermensuales). Con respecto a junio de 2020 registró un aumento de +10,8% y en los primeros 6 meses del año acumula un incremento de +9,7% en comparación con el mismo período del año anterior. Dentro de los sectores con mayor incidencia en el estimador se observan importantes incrementos: industria manufacturera (+16,8% anual), comercio (+13,2% anual) y actividades inmobiliarias (+12,3% anual), fueron los de mayor crecimiento interanual. Por otro lado, los sectores con las caídas más significativas fueron agricultura (-4,5% anual) e intermediación financiera (-0,9% anual).

Por su parte, el resultado de la balanza comercial de julio arrojó un superávit de U$S 1.537 millones (desde U$S 1.101 millones en junio y U$S 1.480 millones en julio 2020). De esta manera, el saldo acumulado en los últimos 12 meses acumula U$S 11.046 millones. Las exportaciones aumentaron +47,1% anual, a U$S 7.252 millones. Este aumento se explica fundamentalmente por un aumento en el precio de las exportaciones (si bien las cantidades aumentaron, lo hicieron en menor medida). Las importaciones alcanzaron los U$S 5.715 millones, registrando un incremento del 65,6% anual. Sin embargo, la serie desestacionalizada mostró una disminución de -2,7% con respecto a junio. La dinámica comercial preocupa, dado que se vislumbra un mayor crecimiento de importaciones que de exportaciones, con la consecuente reducción del saldo comercial, único ingreso genuino de divisas a la economía. 

El Resultado fiscal de julio, fue un déficit primario de $-98.570 millones, una caída respecto de julio de 2020 de -37% anual. Los ingresos totales crecieron 74% anual, el 85% del crecimiento en los ingresos se explica por la recaudación tributaria, y dentro de ellos se destacan las contribuciones a la seguridad social, el IVA y los derechos de exportación. Los gastos primarios (antes de intereses) crecieron 45% anual (por debajo de la inflación), básicamente porque las prestaciones sociales crecieron al 23% anual (muy por debajo de la inflación). Sin embargo, el bajo crecimiento en prestaciones sociales es heterogéneo, mientras otros planes (Progresar, Argentina trabaja) cayeron -32% anual, la asignación universal por hijo creció 87% anual, y las jubilaciones 42% anual. En sentido contrario los subsidios económicos crecieron 128% anual (energía +150% anual), y los salarios públicos nacionales crecieron 51% anual. Respecto a los subsidios, se estudia un plan para crear tres categorías de usuarios. Los hogares más acomodados pagarían tarifa plena, que implicaría hoy aumentos del 80%. Para la clase media, seguirían los subsidios, atados a la inflación. Los hogares más pobres, pagarían solo la tarifa social. Existe una dificultad práctica al momento de determinar los parámetros que establecen en qué sector se encontraría cada hogar. 

En términos del PIB, el déficit financiero acumulado entre enero y julio fue de -1,9% del PIB, porque pese al magro ajuste del gasto (-0,6% del PIB), los ingresos extraordinarios (+2,6% del PIB), generaron una caída del déficit de 3,6% del PIB respecto de 2020 (-5,5% del PIB en el mismo período de 2020). Este necesariamente creciente incremento en el déficit fiscal, permite prever un escenario de mayor emisión monetaria, lo cual genera una mayor expectativa devaluatoria. También resulta clave el ritmo de refinanciamiento de la deuda pública en pesos. En la primera mitad del año se logró refinanciar el 123%, y para el segundo semestre es necesario refinanciar a un 126% para poder cumplir con los objetivos de emisión. Sin embargo, genera preocupación que en la última colocación importante de deuda en el mercado local se logró refinanciar sólo el 65%.