Mientras domina la escena en las últimas horas el escándalo por las vacunas, que implicó la salida abrupta del ministro de salud, Ginés González García, en plena pandemia y con el plan nacional de vacunación en marcha, el principal tema de preocupación en el ámbito de la economía sigue siendo la inflación. Luego de una preocupante aceleración en el segundo semestre del año pasado, junto con la recuperación de la actividad, cerró el año con el registro de variación mensual más alto de todo 2020, y comenzó este año con la misma dinámica en los precios minoritas, pero con más datos que permiten ver que la tendencia es creciente y se acelera, golpeando no sólo a los sectores más postergados, sino también a amplios sectores de clase media, que no logran recomponerse del impacto. Una de las características actuales de la recuperación de la actividad es que, el aumento de productividad que ocurrió dada la aceleración en el uso de la tecnología que implicó la pandemia, no genera puestos de trabajo, o los genera a un ritmo mucho menor al de pre pandemia. Esto es un dato muy preocupante de la realidad, que afecta a todas las economías del mundo, pero que tiene especiales implicancias en la nuestra, dado el bajo nivel de empleo, la precariedad en el mismo, la alta informalidad, y la vasta cantidad de ciudadanos en condiciones sociales muy extremas. 

En cuanto a otro de los puntos clave para la economía 2021, la negociación con el FMI, Sergio Chodos, director del FMI que representa a Argentina y al Cono Sur, dijo que la dimensión del problema de Argentina con el FMI es entre tres y cuatro veces la de 2001 (comparando los montos), y que alcanzar un acuerdo antes de mayo no es una prioridad (aclara que el país ha estado muchos años en default con el Club de París). Esto significa que no se pagaría el saldo de la deuda con el Club de Paris en mayo, por US$2.400 millones, que corren con una tasa de interés de penalización al 9% anual. Existe también la posibilidad de que el organismo de representación de acreedores pida el default para la Argentina, algo que parece poco probable en el contexto actual. Por otra parte, un grupo de siete ministros de finanzas (G7) están dispuestos a respaldar una nueva asignación de DEG’s (la propia moneda del FMI) equivalente a U$S 500.000 millones. Esta emisión entregaría U$S 14.000 millones a los países de bajos ingresos y U$S 60.000 millones a los países emergentes.

Argentina podría recibir su cuota de U$S 3.300 millones, ya que se encuentra dentro de la categoría de emergentes. Esto implicaría una inyección de dólares que servirían para fortalecer la posición de reservas del BCRA, que no depende del acuerdo entre la Argentina y el organismo, sino que sería consecuencia de una decisión global. La última vez que ocurrió algo así fue tras el impacto de la crisis financiera internacional de 2008/9. 

Mientras tanto, se confirmó que el viaje del ministro de economía, Martin Guzmán, será finalmente entre la segunda y tercera semana de marzo. Se reunirá con representantes del Fondo buscando profundizar las negociaciones por el acuerdo de facilidades extendidas. Hay que tener en cuenta que este tipo de acuerdo, según el reglamento del organismo, implica condicionalidades, que chocan con la necesidad de política económica que tiene hoy la economía argentina. 

En medio de la actual crisis y la sumatoria de tensiones en el frente económico y el financiero, se conoció la semana pasada una carta de acreedores al Gobierno. Los acreedores de bonos soberanos reestructurados en septiembre volvieron a emitir un comunicado anunciando su preocupación con la falta de credibilidad en las decisiones que el Gobierno viene tomando y la fragilidad económica actual. Se destacan los siguientes comentarios:

·          El Gobierno parece usar la situación actual para retrasar la toma de decisiones difíciles, continuando con políticas insostenibles. Control de precios, de tarifas y restringir el acceso a divisas son solo soluciones de corto plazo que están destinadas a fracasar y generar mayores problemas a futuro.

·          Las cuentas externas muestran la desconfianza en las políticas y las malas expectativas, con importaciones creciendo.

·          Es esencial la acumulación de reservas para poder frenar la salida de capitales, generar inversiones y reducir el riesgo país.

·          Aún con la reestructuración finalizada, el Gobierno sigue sin presentar un plan macroeconómico de mediano plazo que sea creíble. Esto lo ven en la proyección de inflación oficial (29%) y las privadas que no bajan de 45%. Parece no estar aprovechando los precios internacionales de las materias primas de las principales exportaciones que se encuentran en máximos históricos, buscando intervenir los mercados y aumentar las limitaciones a las exportaciones.

·          El acuerdo con el FMI parecería ser la oportunidad de presentar este plan macro de mediano plazo que puede dar algo de estabilidad, pero ahora el Gobierno parecería estar pensando en retrasarlo para poder seguir por este camino de políticas insostenibles de corto plazo. Argentina no puede defaultear y reestructurar hasta alcanzar la prosperidad.

Se trata de un conjunto de observaciones que se desprenden de la lógica de los acreedores, pero que resultan útiles para entender lo complejo del frente financiero, con una deuda reestructurada hace menos de un año, y el riesgo país en 1500 puntos básicos. Este, entre otras cosas, mantiene cerrada cualquier posibilidad de acceso al crédito internacional. 

Mientras tanto, se conocieron los datos actualizados de la deuda pública. En enero la deuda pública en situación de pago normal cayó -0,35% mensual, a U$S 332.300 millones (primera desaceleración desde junio 2020), pero aumentó +1,66% desde agosto, previo al canje de deuda. La deuda en moneda extranjera se mantiene en el 76,2% del total, con 60% en dólares y 13,8% en DEG’s (el préstamo con el FMI). En pesos (23,68% del total), la deuda ajustable por CER cayó levemente a 12,6% (desde 12,9% en diciembre), mientras que la no ajustable subió levemente a 11,13% (desde 10,7% en diciembre).

En relación a la aceleración de los precios internos, se conoció la semana pasada un nuevo indicador que da cuenta de la complejidad de la situación. La inflación mayorista de enero avanzó +5,6% mensual (vs +4,4% mensual en diciembre 2020). De esta manera, en los últimos doce meses acumula un aumento de +40,8% anual. Al analizar los principales componentes, se observa que los productos primarios son el rubro de mayor suba, dejando en evidencia la necesidad de desacoplar los precios domésticos de los alimentos, de la evolución de los precios internacionales, que responden a aspectos en muchos casos, especulativos. En este sentido, hace unos días atrás se barajó la posibilidad de subir las retenciones a las exportaciones de estos productos primarios, algo que, al menos por el momento, parece haberse descartado. 

Por su parte, el índice del costo de la construcción aumentó +3,1% mensual durante enero (desde +3,4% mensual en diciembre). En los últimos doce meses acumula un incremento de +38,5% anual. En este caso, las subas fueron en Materiales de +5,9% mensual, mano de obra +0,6% mensual, y Gastos generales un +1,8% mensual. Al observar las variaciones anuales, llama la atención que mientras los materiales aumentaron un 71%, la mano de obra lo hizo sólo un 17,1%. Esto deja en evidencia la necesidad de recomponer el poder adquisitivo de los ingresos en varios sectores. 

En medio de las tensiones por las subas de precios, el gobierno lanzó formalmente el Consejo Económico y Social, presidido por Gustavo Beliz. El lanzamiento estuvo a cargo del propio presidente de la Nación, ya se definieron los 26 integrantes del consejo, y comienzan las mesas de trabajo. La intención es coordinar las expectativas y lograr mantener a raya la inflación y hacer crecer los salarios algunos puntos por encima, de manera de estimular la demanda y dinamizar así el mercado interno. Compleja tarea, sobre todo si se tiene en cuenta, que luego de las reuniones preliminares a la formación de este Consejo, la secretaría de comercio tuvo que imputar a once empresas del rubro alimentos, formadores de precios y con fuerte poder de mercado, por haber incumplido los acuerdos. Se habían comprometido a mantener su capacidad instalada al máximo de producción y garantizar la distribución para mantener el abastecimiento de productos básicos en el mercado interno. A las pocas horas de haber asumido el compromiso se detectaron fuertes incumplimientos, que causaron la decisión. Se deberá seguir de cerca con los controles para garantizar que los acuerdos se cumplan.