Finalmente, el gobierno presentó la oferta para el canje de deuda a los bonistas, para la deuda en dólares emitida bajo legislación extranjera. En medio de la crisis profundizada por la aparición del coronavirus, luego de haber postergado la fecha límite para la reestructuración de la deuda, que originalmente era el 31 de marzo, el gobierno planteó una propuesta bastante agresiva desde el punto de vista de los acreedores y muy lógica desde el punto de vista de los intereses de la economía nacional y de la sostenibilidad de la nueva deuda a lo largo del tiempo. Más adelante detallaremos la propuesta, pero los aspectos más importantes son, una fuerte quita de intereses (62%), una baja muy importante en las tasas de interés (hasta 0,5% anual en una primera etapa), un período de gracia de tres años, y una extensión en los plazos de los títulos. La primera reacción de parte de los acreedores es de rechazo a la propuesta planteada. Dos grupos de fondos muy grandes a nivel global ya han planteado de manera escrita su rechazo a la propuesta. Lo que se busca es abrir una ventana de negociación. El gobierno fue muy tajante en la presentación, no hay margen para negociaciones. Es ésta la propuesta, se acepta o no. La estrategia del gobierno es dar un plazo corto a la negociación. El miércoles 22 de abril tendrá lugar el vencimiento de tres bonos globales, que deben pagar cupones de intereses por un total de US$ 503 millones. El gobierno tiene decidido no realizar este pago. Según el prospecto de estos títulos a partir del evento de no pago comienzan a correr 30 días de período de gracia para cumplir sin caer en default. Ese será el período que el gobierno utilice para llevar adelante la reestructuración. Si antes del 22 de mayo no se logra éxito en el canje voluntario, entonces la Argentina ingresará formalmente en default. Se formalizaría de esta manera, el default virtual en el que hoy nos encontramos según palabras del propio presidente Alberto Fernández. Esta descripción del presidente intenta ilustrar que la Argentina está completamente imposibilitada de pagar la deuda, así como esta planteada.

Frente a esta situación se enfrentan dos escenarios posibles una vez transcurrido el plazo: reestructurar exitosamente la deuda o caer definitivamente en default. Ambos resultados tendrían un impacto positivo en el corto plazo, aunque el primero resultaría ordenado y menos costoso en el largo plazo que el segundo caso. La economía argentina necesita dejar de pagar la carga de intereses de la deuda que se recibió como consecuencia del mega endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri, sobre todo en este momento donde se necesita ampliar fuertemente las partidas de gasto a la ve que se derrumba la recaudación, por eso la propuesta contempla un período de gracia de tres años, y tasas de interés que arrancan en 0,5% a partir de fin de 2022. Si se logra la aceptación, esto permitirá llevar adelante las necesarias políticas económicas expansivas durante el corto plazo, mientras que si se cae en default también. La diferencia sería mas adelante, ya que en el primer caso se tendría una deuda ordenada y en el segundo un conflicto que solucionar con una deuda pendiente de reestructuración, y fondos buitre buscando sacar provecho de la situación, lo cual puede costarnos carísimo a todos los argentinos al final del camino. En marzo, el stock de deuda pública ascendió a U$S 323.399 millones. Comparando con el mismo mes del año anterior, la composición por moneda no cambio, el 22% de la deuda está en moneda local y el 78% en moneda extranjera.

En el marco de las políticas económicas para sostener a los sectores directamente impactados por el freno de la economía, consecuencia del intento de contención del coronavirus, la ANSES confirmó que 7.854.816 personas cobrarán el bono de $10.000 establecido por el Gobierno como Ingreso Familiar de Emergencia. Esto es un total de $78.548 millones que comenzarán a pagarse el 21 de abril. Muy probablemente, esto se repita en mayo, y quizás más adelante también, dependiendo de la dinámica de la evolución de la curva de contagios y la necesidad de extender la cuarentena obligatoria.

Dado el necesario costo fiscal de enfrentar estas medidas, sin financiamiento externo, con caída de la recaudación y del ingreso de divisas por exportaciones, salida de capitales financieros y nula inversión extranjera, se planteó la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas, con el objetivo de recaudar US$ 3.000 millones de dólares. La intención, plasmada en un proyecto de ley que deberá obtener aprobación en ambas cámaras, es crear un impuesto que aplique sobre quienes tienen declarado un patrimonio por encima de los 3 millones de dólares. Se trataría de un universo de 32.000 argentinos, el equivalente al 0,08% de la Población Económicamente Activa. Sin embargo, al tratarse de grandes riquezas, se observa la reacción de algunos medios, periodistas, y un grupo de economistas, que, al servicio de estos capitales, han salido en conjunto a criticar la creación de este impuesto, y pedir el recorte de los salarios públicos.

Debido a la inexistencia del financiamiento estatal, todas las medidas de contención del impacto económico del coronavirus son enfrentadas con emisión monetaria. El 7 de abril el Banco Central le volvió a transferir al Tesoro $ 59.729 millones (utilidades y adelantos transitorios) para financiar gastos y pagar deuda. El 14 de abril el Banco Central le transfirió al Tesoro $100.000 millones en concepto de utilidades. Desde finales de febrero las transferencias alcanzaron $415.000 millones, y la base monetaria creció 42% u 89% anual. Esta emisión, sumado a la caída en las tasas de interés (la badlar -tasa promedio de plazos fijos- pasó de 30,9% a 21%, mínimo desde mediados de 2017) y a la caída en los plazos fijos en pesos, serían responsables de la suba nominal del tipo de cambio libre (CCL) de $82 a $114, en un primer momento, para después ajustar a los $101 actuales. Un grupo de economistas, atentos a los intereses de los sectores concentrados, han salido de raid por los medios de comunicación a alertar sobre la hiperinflación que vendría como consecuencia de esta expansión monetaria. Esto no es cierto, debido a la recesión que atraviesa, y atravesará la economía, junto a los bajísimos niveles de utilización de capacidad industrial instalada. De hecho, debería observarse una importante desaceleración en los precios, con excepción de algunos, como el caso de alimentos, donde, dada la situación, el comportamiento abusivo de formadores de precios y grandes cadenas de comercialización, producen aumentos puntuales muy fuertes, que afectan directamente sobre la canasta básica. Es en este caso, donde se hace necesario el control por parte del Estado para contener estas subas.

Otro frente abierto para la Argentina en materia de deuda, además del FMI, es el Club de París. El 13 de marzo de 2020, el Ministro de Economía dirigió una carta a los miembros del Club de París expresando la decisión de la República de posponer hasta el 5 de mayo de 2021 el pago de US$ 2.100 millones originalmente adeudado el 5 de mayo de 2020, de conformidad con los términos del acuerdo alcanzado por la República con los miembros del Club de París el 29 de mayo de 2014. Además, el 7 de abril de 2020, el Ministro de Economía envió a los miembros del Club de París una propuesta para modificar los términos existentes del Acuerdo de Conciliación del Club de París 2014, buscando principalmente una extensión de las fechas de vencimiento y una reducción significativa en la tasa de interés.

El Indec dio a conocer la inflación del mes de marzo, con todas las complicaciones del caso, debido a que desde el día 20 no se contó con levantamiento de precios deforma presencial, y muchas actividades dejaron de trabajar, con lo cual tampoco hay referencia de precios en muchos casos. Este problema será mucho más grave aun en abril, donde el mes entero está afectado por el freno a la actividad económica. La inflación de marzo avanzó +3,3% mensual (desde +2% mensual en febrero) y acumula en los últimos 12 meses un aumento de +48,4%. Dentro de las categorías observadas, los aumentos más importantes se destacan en educación (+17,5% mensual), comunicación (+8,3% mensual) y prendas de vestir (+4,2% mensual). En un momento se especuló con que no se vaya a contar con medición de inflación minorista para el mes de abril. Desde el Indec salieron a aclarar que se contará con este dato, y que están revisando aspectos metodológicos con otros organismos de estadísticas de otros países.

Se conoció también la semana pasada por parte del Indec el dato de utilización de la capacidad instalada en la industria de febrero. Pareciera un dato poco relevante, a raíz de lo ocurrido posteriormente, ya que en marzo se observará un desplome en esta medición, y en abril más aún. La utilización de la capacidad instalada durante febrero alcanzó el 59,4%, desde 56,1% en enero y 58,5% en febrero de 2019. Es el último dato que no se verá afectado por las consecuencias de la cuarentena. Refinación de petróleo (80,1%) y la industria del papel (73,7%) fueron las que alcanzaron mayor utilización de la capacidad instalada. Ambas caerán mucho a partir de marzo. Por otro lado, industria automotriz (37,5%) y metalmecánica (39,8%) fueron las industrias con menor utilización de su capacidad instalada.

La propuesta de canje del gobierno contempla las siguientes características. Nuevos bonos: cinco bonos nuevos, con un valor presente neto de U$S 43 en promedio, descontados a una tasa del 10%. Los mismos vencen entre 2030 y 2047, con tres años sin pagar intereses (y sin capitalizar) y en el cuarto año pagando 0,5% de interés anual. El capital tiene distintas quitas, y la amortización del capital es en cuotas. Los bonos indenture 2005 (colocados en los canjes de 2005 y 2010) tienen una opción sin quita de capital. Los bonos indenture 2016 (colocados a partir de 2016) tienen prioridades de asignación según el plazo, pero todos tienen quita de capital. Bonos viejos: Tomando una exit yield de 10% (la primera tasa de rendimiento post default), la propuesta así planteada implica una quita promedio de 50% en valor presente neto, aunque respecto de los precios del viernes, sería una suba de 33% en promedio (que es mucho mayor en los bonos Ley Arg, que en los bonos Ley NY, si finalmente replican la oferta para la Ley Local). Este aspecto técnico explica, por qué, a pesar de ser rechazada la propuesta de parte de acreedores con tenencias importantes, los precios de los bonos suben y baja el riesgo país. No ocurre esto por confianza sobre el éxito del canje, sino por un tema de valuación en las paridades de los títulos.

En relación con el tema deuda, el ministro Guzmán realizó declaraciones luego de presentada la propuesta. En relación con la oferta de Canje dijo que no hay plan A o plan B, la propuesta presentada es la que Argentina puede sostener. En caso de no ser aceptada ya considerábamos que estábamos en un virtual default, argentina ya no estaba recibiendo crédito externo. En cuanto a la restructuración de deuda declaró que nuestro entendimiento era que en esa situación lo que se requería era una fuerte quita de intereses. Dijo que la deuda emitida bajo ley local, cuyos pagos fueron postergados, en principio, hasta el año próximo, tendría un tratamiento equitativo.

También se refirió al impuesto a las grandes fortunas: “Es un impuesto de una única vez, que corresponde y tiene nuestro apoyo”.

Al inicio de esta semana, se conocieron más medidas de parte del gobierno. En este caso, que buscan atender la situación de monotributistas, no sólo de las categorías mínimas, en este caso C y D, y trabajadores autónomos, quienes podrán tener acceso a créditos a tasa cero. También se anunció que, dado que los bancos no permitieron la fluidez de los préstamos para capital de trabajo con tasas de 24% que ordenó el BCRA, el gobierno se hará cargo de parte de los salarios de abril del sector privado.