Mientras el equipo económico avanza en las negociaciones con el FMI, con la intención de firmar un acta de acuerdo antes de fin de año, y buscando pasar del crédito stand-by (SBA) heredado del gobierno anterior a un préstamo de facilidades extendidas (EFF), el bloque de senadores oficialistas, con el claro apoyo de la Vicepresidenta, dio a conocer una carta pública al organismo, con un fuerte tono crítico. La diferencia entre el SBA y el EFF, además de la extensión en el perfil de vencimientos, es que el EFF, que contempla un período de devolución del crédito más largo, incluye negociar las características de la política económica. La posición del FMI en este sentido es más que conocida a esta altura, apunta a lo que ellos denominan reformas estructurales: flexibilización laboral, reforma previsional y ajuste fiscal. Aunque se busque dar señales de mayor empatía desde el organismo, los intereses que lo rigen son más que claros. Esto explica la carta desde el bloque de senadores, que acusa al organismo de complicidad en el crédito otorgado al gobierno anterior, cuando ambas partes sabían que eran incumplibles las condiciones acordadas, cuando el propio FMI violó explícitamente su propia acta constitutiva al permitir que los capitales que ingresaban al país en forma de préstamos terminen saliendo a través de un proceso de fuga de capitales, y cuando no se cumplió con ninguno de los requisitos necesarios para solicitar un crédito de estas características. En la misiva se pide al organismo revisar su accionar, extender en el tiempo los vencimientos a lo largo de décadas, revisar las tasas de interés, y abstenerse de todo tipo de recomendaciones de política económica. Firme posición del bloque de senadores en medio de la negociación del ejecutivo con el organismo. 

En medio de las reuniones con los funcionarios del FMI, el ministro de economía anunció en un canal de televisión el fin abrupto del IFE, y confirmó que no se pagará el IFE 4, que debía realizarse en estos días. Se trata de un recorte importante hacia un sector de la sociedad muy vulnerable, en un momento complejo, como es fin de año y las fiestas. Si bien el presupuesto contempla incrementos en otras partidas presupuestarias sobre seguridad social, y se anunció un pago extraordinario de AUH a fin de año, y el aumento de los montos con la tarjeta Alimentar, no deja de tener impacto el cese de un programa que beneficiaba a casi 9 millones de personas. 

Por el momento, el gobierno trabaja sobre la idea de que estamos en la etapa final de la pandemia, y que la vacuna que llegaría próximamente será distribuida a toda la población con el fin de evitar en marzo un rebrote de las características del que ocurre por estos días en Europa y los Estados Unidos. En caso en que esto no ocurriera, la economía no tiene margen para resistir un nuevo freno en la actividad, los programas extraordinarios deberían retornar, y las fuentes de financiamiento están agotadas, con lo cual no quedaría más alternativa que incurrir en emisión monetaria, con la presión inflacionaria que esto generaría, e incumplir las metas fiscales, lo cual tiraría abajo cualquier entendimiento con el FMI. Es así como la evolución de la economía el año próximo está frente a evoluciones muy diferentes, y supeditada al comportamiento de un virus, cuyas características y mutaciones aún desconocemos. 

En paralelo con todo esto, el Ministerio de Economía anunció el cambio de fórmula para el ajuste previsional que buscará introducir. La misma estará compuesta en un 50% por la variación en la recaudación tributaria y en un 50% por la variación de los salarios (utilizando el RIPTE) ajustado todo de manera semestral en marzo y septiembre. Para la fórmula anterior se tomaba la evolución de la inflación en un 70% y del RIPTE en un 30%, con ajustes trimestrales. Por otro lado, se restablece el tope máximo de los aumentos que será de 1,03 veces el aumento de la recaudación. Lo importante no es la fórmula, sino el contexto. En el caso que la economía crezca a partir del año próximo a tasas sostenidas, con inflación controlada, y con los salarios creciendo por encima de los precios, entonces el haber jubilatorio ganará poder adquisitivo. Caso contrario, seguirán perdiendo como durante los últimos años. 

En el marco de la discusión por el ajuste, se dejó trascender que, en una reunión con empresarios durante la semana pasada, el ministro Guzmán confirmó su intención de que el déficit fiscal del año próximo sea sustancialmente menor al que figura en el presupuesto. La meta fiscal según el presupuesto 2021 es de un déficit de 4,5% del PBI, mientras que el ministro deslizó que su intención es que finalice el año por debajo del 4%. Esto implicaría un ajuste sobre una economía que lentamente intenta recuperarse de la recesión más dura de su historia. 

Un dato preocupante que se dio a conocer la semana pasada fue la inflación de octubre, que se aceleró fuertemente y arrojó un registro por encima de lo esperado. Durante octubre, el índice de precios al consumidor (IPC) avanzó +3,8% mensual (desde +2,8% mensual en septiembre). De esta manera, en lo que va del año el IPC acumula un incremento de +26,9% y en los últimos 12 registra un aumento de +37,2%. En particular la inflación núcleo creció un 3,5% mensual, los estacionales un 9,6% mensual, y los regulados un 1,5% mensual. Estos últimos se encuentran congelados por decisiones del gobierno, y es el componente que explica que el promedio se encuentre algo por debajo y no por encima del 4% mensual. En el último año, los mayores aumentos se registran en las categorías prendas de vestir y calzado (+59,3% anual) y alimentos y bebidas no alcohólicas (+43,9% anual). Por otro lado, las categorías que registran menor inflación son educación (+27,2% anual) y vivienda, agua, electricidad y gas (15,5% anual). 

Después de meses de espera, se tratará en el Congreso el impuesto sobre las grandes fortunas, donde se descuenta que se apruebe en diputados debido a la mayoría del oficialismo. Este impuesto alcanza con alícuotas de entre 2 y 3,5% a personas con patrimonio mayor a $200 millones. La intención es financiar el esfuerzo fiscal que demanda enfrentar la pandemia con un aporte extraordinario de un sector de muy alto nivel de riqueza, en un contexto donde prácticamente todos los sectores hicieron su aporte, de una manera u otra. 

En cuanto al frente cambiario, que luce más calmo los últimos días, el BCRA vendió U$S 43 millones el 11 de noviembre, aunque en el mes todavía acumula un saldo comprador por U$S 103 millones, a diferencia de los meses previos donde para los primeros siete días acumulaba ventas por U$S 500 millones en octubre, U$S 757 millones en septiembre y U$S 456 millones en agosto. Los depósitos en dólares cayeron U$S 10 millones y continúan con la tendencia bajista acumulando una caída de U$S 50 millones en lo que va del mes, aunque también menor que en el mes previo donde la caída fue de U$S 592 millones. Si bien, el problema de fondo en cuanto a la dificultad para generar dólares persiste, los datos en el mercado cambiario resultan algo más alentadores.

Por el lado de la economía real, mientras la actividad económica se recupera, la utilización de la capacidad instalada en la industria durante septiembre fue del 60,8%, desde 58,4% en agosto y 57,7% en septiembre de 2019. La industria de productos minerales no metálicos utilizó el 77,8% de su capacidad instalada. La utilización de la capacidad instalada en la industria metalmecánica (excepto automotores) fue del 44,7%. Este indicador marca una mejora sostenida en los últimos meses.