Mientras avanzan las negociaciones por la reestructuración de la deuda nacional, con la intención de evitar un default, la semana pasada se encendió una alarma desde la Provincia de Buenos Aires. El mercado financiero daba por descontado que, como parte de la estrategia del gobierno nacional de continuar pagando los vencimientos de capital e intereses mientras negocia la reestructuración, cuando llegaran los fuertes vencimientos que enfrenta la provincia de Buenos Aires en este mes de enero, el gobierno nacional le otorgaría una asistencia financiera y se pagaría normalmente. Sin embargo, el domingo 12 de enero, antes del inicio de la semana pasada, el ministro de economía de la nación, Martín Guzman, declaró que tal asistencia no estaba prevista, y no tendría lugar. El ministro declaró: “No estamos contemplando hacer un salvataje financiero por U$S 250 millones el día 26 de enero, que es el monto de vencimiento de capital que enfrenta la PBA ese día”. “La Provincia de Buenos Aires está llevando a cabo sus propias gestiones, que me consta que están basadas en principios similares a los de la Nación”. El objetivo inmediato de la provincia “es reperfilar el vencimiento de capital del día 26 de enero, para evitar una ruptura contractual este mismo mes y así poder conducir las gestiones integrales de forma ordenada, con más tiempo”. “Ya hemos manifestado que en las condiciones de mercado actuales la deuda es insostenible” y por eso están “trabajando en el establecimiento de políticas de deuda que apuntan a recuperar su sostenibilidad, sobre la base de la buena fe. La voluntad de pago existe, pero hace falta recuperar la capacidad de pago. Y para eso la economía se tiene que recuperar”. En síntesis, ratificó la intención de negociar la deuda heredada, bajo la lógica de una política económica expansiva, que apunte a recuperar el crecimiento, ya que sin crecimiento la deuda resulta impagable. Sin embargo, la novedad fue la inexistencia de salvataje a la provincia de Buenos Aires frente al cercano vencimiento del 26 de enero. Posteriormente a estos anuncios, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires solicitó oficialmente el consentimiento de los bonistas para aplazar el vencimiento de capital del bono BP21, que se trata de un bono en dólares Ley NY con tasa de interés de 10,875% y vencimiento en 2021, desde el 26 de enero hasta el 1 de mayo. Se aclaró que la propuesta no se aceptará salvo que el menos el 75% de los acreedores estén de acuerdo.

Esto porque los bonos emitidos bajo jurisdicción extranjera tienen cláusulas de acción colectiva, en este caso que requiere reunir voluntades por el 75% de los tenedores de la emisión total. Si esto ocurre el restante 25% aún no aceptando las condiciones, no tendría lugar para reclamos el día de mañana. Esto se creó para ahuyentar la posibilidad de la aparición de fondos buitres el día de mañana. La propuesta expira el 22 de enero. SI cuando llegue este día se cuenta con el 75% de las voluntades, se reprogramará el pago como la provincia pretende, caso contrario, o llega la asistencia del gobierno nacional o la provincia de Buenos Aires entraría en default. Si esto ocurre podría complicar la estrategia de reestructuración de la deuda nacional. Una dificultad para encontrar el éxito buscado es la fuerte atomización de esta deuda. Sólo el 27,5% del total está en manos de grandes inversores institucionales y fondos internacionales. El problema de la asistencia financiera de Nación es que no es sólo la provincia de Buenos Aires que presenta fuerte carga de deuda en dólares y resulta insolvente. Varias provincias se encuentran en situación similar si se analiza la relación deuda/ingresos totales.

Un hecho muy importante relacionado con el proceso de reestruturación de la deuda argentina tendrá lugar en el mes de febrero en el Vaticano. La Pontificia Academia de las Ciencias Sociales (PACS) realizará un seminario el 5 de febrero próximo, cinco días después del encuentro oficial del presidente Alberto Fernández y el Papa Francisco. La reunión llevará como nombre “Nuevas Formas de Fraternidad Solidaria de Inclusión, Integración e Innovación”. En ella se encontrarán, entre otros, el Ministro de economía de la nación, Matin Guzman, el Secretario de Planeamiento estratégico, Gustavo Beliz, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y la titular del FMI, Kristalina Gerogieva. Resultará este un ámbito propicio para definir aspectos vinculados con la deuda, que tiene fecha hasta el 31 de marzo para reestructurarse evitando un default.

Un tema controversial es la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, que implica aumentos discrecionales en marzo y junio próximos, hasta tanto se encuentre una nueva fórmula que atienda la necesidad de los jubilados y sus haberes en este contexto inflacionario. Por el momento, al respecto se expresó la semana pasada el director ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli y dijo que los aumentos de marzo probablemente sea una suma fija “pero el criterio que el presidente ha instruido es que las jubilaciones, especialmente las más bajas y las de los sectores más castigados, mantengan su poder adquisitivo”. Es decir, que es esperable que los sectores de la base de la pirámide de haberes jubilatorios no pierdan poder adquisitivo, mientras que los haberes más altos sí lo hagan, achatando la distribución.

La semana pasada se conoció el dato de inflación de diciembre, cierre del gobierno de Macri, que fue de +3,7% mensual y acumulo en 2019 un aumento de +53,8%. El acumulado de todo el período de Macri al frente del ejecutivo acumuló un 300% de inflación, con salarios creciendo muy por debajo de eso. Asimismo, son las partidas mas sensibles, y de más peso en la canasta de consumo de los sectores de menores ingresos, las que presentan las subas más fuertes. Tal el caso de Salud, que creció en el año casi un 72%, o de alimentos que aumentó por encima del nivel general, algo más del 54%.

En los últimos días el Banco Central se plegó con más convicción a la estrategia de reactivación económica del gobierno nacional. La semana pasada se anunció un nuevo recorte en la tasa de interés de referencia (lelliq), que bajó un 2% adicional, a 50%. Cuando terminó el gobierno de Macri dejó la tasa de leliq en 63%. Asimismo, se anunció una modificación en el plazo de estas letras. Miguel Pesce, titular del BCRA, dijo que tiene el objetivo de llevar el plazo de la Leliq de 7 días a 28 días de forma gradual. Lo que aún no tendrían definido en el Banco Central es si la semana que viene empiezan a licitar las Leliq de 14 días, las de 21 días o ambas. Sí, en cambio, ya está decidido no salir todavía con la letra de 28 días de plazo. Esto busca comenzar a extender los plazos e ir desarmando esta bomba de tiempo de deuda de muy corto plazo y muy altas tasas, que permitieron a los bancos ganar con la especulación y dejar de brindar créditos. También, con el fin de estimular el ahorro en pesos, se anunció el nuevo Plazo Fijo UVA+1% . Este nuevo Plazo Fijo será un producto que todos los bancos deberán ofrecer, a partir del 1 de febrero de 2020. El mismo tendrá una tasa de interés que no podrá ser inferior a UVA + 1% nominal anual para las colocaciones en pesos a 90 días. La novedad del producto es que tendrá la opción de precancelación a partir de los 30 días, con un rendimiento similar a la tasa de plazo fijo tradicional. El UVA representa la inflación, de manera que la tasa de interés pactada será una tasa real, y quien invierta en este producto obtendría una ganancia por encima de la inflación.