Mientras funcionarios emprenden un nuevo viaje a los Estados Unidos, el acuerdo con el FMI pareciera no estar cerca de concretarse. Si bien la discusión de forma gira en torno de alguna diferencia en relación al sendero de ajuste fiscal, la de fondo tiene que ver con la estrategia geopolítica de los Estados Unidos en la región, donde no parece que estén dispuestos a ceder para darle un acuerdo a un gobierno que no consideran aliado. Según trasciende, el desacuerdo con el FMI respecto del aspecto fiscal, es que el organismo estaría pidiendo un ajuste de 1% adicional en el 2023 (en 2022 sería de 0,3% del PIB), y el Gobierno no lo estaría aceptando. Siendo el 2023 un año de elecciones, el Gobierno debería realizar recortes en gastos de capital y aumento de tarifas para bajar subsidios para poder llegar a ese recorte en el déficit primario. El gobierno deberá tomar la decisión en los próximos sobre si seguir pagando vencimientos en enero y febrero. El de marzo se descuenta que no, porque es imposible hacerlo dada la magnitud. Pero en caso de confirmarse que no va a haber acuerdo, no tendría sentido pagar los vencimientos más próximos, en un contexto de fuerte escasez de divisas. En este sentido, el gobierno deberá enfrentar las críticas, desde afuera y las internas también, de por qué pagó más de 5.000 millones de dólares al organismo en busca de un acuerdo que, a la vista de hoy, pareciera imposible desde el momento inicial. De todas formas, así como un acuerdo con el FMI no es la solución a los problemas de la economía argentina, la falta del mismo tampoco nos empuja a ningún abismo, como pretenden instalar economistas de la oposición, con José Luis Espert a la cabeza. El año comenzó con una inercia inflacionaria muy importante. El dato de inflación de diciembre resultó por encima de lo esperado, y en particular la inflación núcleo, que abarca un conjunto de precios que se encuentran por fuera del alcance directo del Estado, marcó un registro muy elevado. Más adelante en este informe analizamos los detalles de la inflación de diciembre, pero preocupa mucho la tendencia de aceleración, aún en un contexto de controles de precios, congelamiento de tarifas, atraso cambiario, pérdida de poder adquisitivo, entre otras anclas que se le busca imponer a los precios. Por otra parte, la fuerte ola de contagios de Covid-19 pone un freno a la actividad, y la sequía amenaza con complicar aún más la escasez de divisas. Se configura así un escenario muy delicado, de estancamiento de la recuperación económica, falta de generación de empleo, inercia inflacionaria acelerando, escasez de divisas, suba de tasas de interés, dificultad de acceso al financiamiento en el mercado doméstico, y cada vez más serias limitaciones para el acceso al crédito externo. Frente a esta situación el gobierno debería poner un programa económico sobre la mesa, con o sin acuerdo con el FMI y dotarlo de apoyo político para darle credibilidad. Si esto no ocurre vamos rumbo a un año de estancamiento de la actividad, una inflación por encima de la del año pasado, y serios desbalances macroeconómicos, una gran amenaza a la estabilidad teniendo en cuenta el frágil escenario social.     

La semana pasada entró en vigencia la reducción de los derechos de exportaciones para las economías regionales, medida que el Gobierno había publicado a mediados de diciembre con el objetivo de estimular estos sectores para generar divisas adicionales por alrededor de U$S 1.100 millones.

La utilización de la capacidad instalada en la industria para el mes de noviembre 2021 se ubicó en 68,8%, desde 64,7% en octubre y frente a 63,3% en el mismo mes del año anterior. Sigue recuperando terreno, evidenciando que la industria es uno de los sectores que lideró la recuperación. 

La inflación para el mes de diciembre fue de +3,8% mensual, desde +2,5% mensual en noviembre, y por encima de lo esperado por el mercado, en +3,4% mensual. En el acumulado del año la suba del índice de precios fue de +50,9% anual. Los precios estacionales subieron +3,7% mensual (+50,1% anual), los regulados +1,7% mensual (+37,7% anual), mientras que la inflación núcleo (sin alimentos ni energía) subió +4,4% mensual (+54,9% anual). Esto deja en evidencia que el promedio se encuentra contenido por la contención de los precios regulados, algo que será difícil sostener a lo largo de este año. La mayor suba se dio en restaurantes y hoteles (+5,9% mensual), bebidas alcohólicas y tabaco (+5,4% mensual), transporte (+4,9% mensual), y prendas de vestir y calzado (+4,8% mensual). Por otro lado, aquellos que presentaron menos subas fueron salud (+0,5% mensual) y educación (+1,0% mensual). 

Debido a la no aprobación del presupuesto para el 2022 y a la ley sancionada que prorroga el presupuesto del año anterior, el Gobierno debió realizar algunos ajustes en la actualización de algunas partidas presupuestarias de ingresos y gastos. Principalmente al no tener los ingresos extraordinarios por los DEG’s ni por el aporte a las grandes fortunas (dado que fue únicamente por emergencia de COVID), implica que por la menor asignación de recursos deberá haber una menor asignación de gastos de aproximadamente 0,5% del PBI, que serán distribuidos entre subsidios energéticos, ministerios de seguridad social, empleo y desarrollo social. De todas maneras, a lo largo del año el Gobierno irá reacomodando las partidas a medida que la recaudación avance. Que exista acuerdo con el FMI busca un ancla de credibilidad en esta política económica, que genera mucha incertidumbre si quedara librada a la discrecionalidad interna, de un gobierno que no cuenta con acuerdos básicos dentro de sus propias filas.

El próximo 19 de enero se realizará la primera de las dos audiencias públicas previstas para las tarifas de transporte y distribución de gas natural. Recientemente, las empresas presentaron sus informes técnicos y económicos para solicitar y justificar incrementos de entre 70% y 150%, con un impacto final de 30% para los usuarios. De todas maneras, son audiencias no vinculantes y la decisión final la tiene el Gobierno. Para el transporte de Gas (TGS y TGN) el Enargas habría ofrecido un 50% de incremento a las tarifas reguladas, que están congeladas desde abril 2019.