La atención permanece focalizada y las tensiones siguen presentes, en la negociación por la reestructuración de la deuda pública. La semana pasada comenzó declarando desierta la licitación de tres bonos que buscaban reemplazar el bono Dual, que vencía el jueves pasado. El vencimiento ascendía a un total de $ 96.229 millones. Finalmente, la decisión del gobierno nacional fue postergar el pago de este título de manera compulsiva. Algo similar al reperfilamiento de letras llevado adelante por el gobierno de Macri hacia fines del año pasado. Esto es posible debido a que se trata de deuda emitida bajo legislación nacional. La deuda emitida bajo legislación extranjera representa un evento más complejo, debido a que un reperfilamiento compulsivo de estas características conduciría a una situación de default. En el caso de la deuda emitida en el exterior se requieren porcentajes de adhesiones voluntarias, que oscilan entre el 66% y el 75% según el caso, para accionar las cláusulas de acción colectiva y despejar el horizonte de vencimientos, acordando un canje entre las partes, y anulando cualquier posibilidad de aparición en un futuro de fondos buitre. En medio de esta situación de tensión, a partir del reperfilamiento compulsivo, llegó a la Argentina una misión del FMI, encabezada por Luis Cubeddu, quien tiene a cargo el caso de nuestro país dentro del organismo de crédito. Esta misión durará una semana, y tiene como objetivo revisar las cuentas públicas, monitorear la política económica, e intentar acercar las partes para la firma de un nuevo acuerdo que, según las pretensiones del gobierno argentino, debería contemplar una extensión de plazos, que despeje el horizonte de vencimientos durante el resto del mandato de Fernández. En medio de esta negociación surgió una discusión de fondo con el organismo, a partir de los dichos de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández quien, durante una presentación de su libro, Sinceramente, en Cuba, declaró que el FMI debería sufrir alguna quita de capital, como ocurrirá con el resto de los acreedores. El organismo es considerado, según su propia acta constitutiva, como un acreedor privilegiado, lo cual implica que no acepta quitas de capital. Cristina Fernández, hizo alusión a la violación de su propia acta constitutiva por parte del organismo, ya que un artículo prohíbe expresamente que los desembolsos realizados en el marco de un préstamo stand by tengan como destino la fuga de capitales. Esto es exactamente lo que ocurrió en los últimos años en la Argentina.

Los datos permiten observar que cerca del 80% del total de desembolsos (US$ 44.500 millones), terminaron destinados a Formación de Activos Externos en las cuentas del BCRA, es decir, a salida de capitales del sistema local. La conclusión de CFK fue que, si el organismo violó su carta orgánica en este punto, no debería ser tan estricto en aferrarse a otro. Desde el organismo, la propia titular del mismo, Kristalina Georgieva, declaró que no se aceptará ninguna quita como parte de la negociación con el país. No se dieron demasiadas explicaciones acerca del punto marcado por CFK, sólo se declaró oficialmente que la quita no está en discusión. Mientras, los representantes del FMI mantuvieron reuniones con las autoridades del BCRA, AFIP, Ministerio de Economía, entre otras, el ministro Martín Guzmán concurrió el Congreso de la Nación a explicar algunos lineamientos generales de la ley de recuperación de la sostenibilidad de la deuda. En medio de cruces y discusiones, se comunicaron las ideas rectoras, sin demasiado detalle acerca de la intención de negociación, que por motivos estratégicos se dará a conocer en las próximas semanas, atento al calendario que indica fin de marzo como la fecha límite para tener cerrada la reestructuración.

Por el momento la posición del gobierno es muy firme, el propio Guzmán manifestó que este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación sobre el bienestar de la gente. El presidente del BCRA, Miguel Pesce, argumentó en favor de la decisión de haber postergado unilateralmente el pago del título, aduciendo que la emisión de $ 100.000 millones para realizar el pago se hubiese trasladado a la brecha cambiaria, lo cual al final del camino, es inflacionario.

Mientras tanto se siguen conociendo datos oficiales sobre las principales variables económicas al cierre del año pasado. Se conoció que, durante diciembre, la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 56.9%, nivel superior al de diciembre de 2018, cuando alcanzó el 56,6%.  Productos textiles registró la mejora más significativa en comparación con diciembre de 2018 y se ubicó en 41,1% (vs 32,3%). La industria automotriz continúa siendo el sector con menor utilización de la capacidad instalada. En diciembre se ubicó en 21,1%, mostrando una caída de 4,5 puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2018. Esto da cuenta de una capacidad ociosa importante que le permitiría al gobierno estimular la demanda con margen, de manera de evitar inflación por presión de demanda. Si se logran alinear las expectativas, el aumento de la demanda debería generar una puesta en marcha de la capacidad ociosa industrial, con generación de empleo, y reactivación de la actividad.

La semana pasada se dio a conocer uno de los datos más esperado, la inflación minorista del primer mes del año, el primero completo de la nueva gestión. El resultado indicó una inflación mensual de +2,3% (vs +3,7% mensual en diciembre). El dato se ubicó por debajo de las expectativas del mercado (el REM la había estimado en +3,5%) y en línea con el pronóstico del presidente del Banco Central que había declarado que iba a ser menor a 3%. De esta manera, en los últimos 12 meses el índice de precios al consumidor acumula un aumento de 52,9%. Sin embargo, genera preocupación el hecho de que el componente de Alimentos y bebidas subió un 4,7%, es decir, más del doble de la suba que presentó el promedio. Esto es una alerta, ya que se trata del capítulo del índice que más peso tiene sobre los sectores de menores ingresos. Además, en medio de un período de congelamiento de tarifas de servicios por 180 días, de congelamiento de tarifas de transporte público por 120 días, de estabilidad cambiaria -cepo mediante-, y de programa de precios cuidados vigente, que los precios de los alimentos suban a este ritmo resulta muy preocupante.

Apenas se conoció el dato de inflación, la reacción más inmediata fue la del Banco Central, que anunció un nuevo recorte de la tasa de interés de referencia (leliq), desde 48% a un 44%. Asimismo, se emitió un comunicado, que rige efectivamente a partir de hoy lunes, en el que se establece una baja de las tasas de financiación para MiPymes, a un 35%. Estas medidas intentan aportar a la reactivación de la economía por impulso de demanda.

Finalmente, se conoció la decisión de gobierno en relación al aumento de las jubilaciones, luego de haber suspendido la fórmula de actualización en la ley de Solidaridad aprobada a comienzo del año. La jubilación mínima (que es percibida por el 86% de la masa jubilatoria) tendrá un incremento de $1.500 más un adicional de 2,3% entre marzo y mayo, lo que implica un aumento de 13%, hasta $15.892 (mayor al aumento de 11,56% que hubieran recibido por la fórmula anterior). Para el resto de las jubilaciones, el aumento será menor, quedando por debajo del ajuste previsional anterior y en algunos casos por debajo de la inflación. Las asignaciones familiares y AUH también tendrán un aumento del 13% a partir de marzo. Con estas medidas se estima que el ahorro fiscal del gobierno será entre $3.500 y 5.000 millones por mes entre marzo y mayo (aproximadamente un 0,03% del PBI por mes). El objetivo del gobierno con esta decisión es presentar un ahorro fiscal, en medio de la negociación por la reestructuración de la deuda, atendiendo a la vez las necesidades de los sectores más postergados. Esta medida genera un achatamiento de la pirámide de ingresos jubilatorios, y abre un debate acerca del sistema previsional en nuestro país.

Según la oficina de presupuesto del Congreso, la deuda pública argentina ascendió a U$S 324.449 millones. Esto equivale prácticamente a un PBI anual.