Se acerca el fin de año, el plan plurianual que el presidente anunció la tarde del último domingo de elecciones que ingresaría al Congreso de la Nación en la primera semana de diciembre no ingresó, el presupuesto nacional 2022 que se debería haber aprobado antes del cambio de composición de las cámaras no se aprobó y el acuerdo con el FMI que pretendía cerrarse este año parece cada vez más lejano. A la delicada situación económica se le suma una gran fragmentación política, tanto en el oficialismo como en la oposición. Basta observar la cantidad de bloques que se conformaron para esta nueva etapa. Las declaraciones desde los diferentes sectores van en línea con la necesidad de lograr consensos, pero en la práctica cada vez se está más lejos de eso. Hacia el fin de la semana pasada tuvo lugar una plaza multitudinaria, convocada por el gobierno, que resultó testigo de un debate interno, con algunos cruces entre el presidente y la vicepresidenta, vinculados con el posible acuerdo con el FMI. El sábado tuvo lugar otra plaza, convocada por movimientos sociales y partidos de izquierda, bajo el lema de no al FMI, también multitudinaria, aunque menos que la anterior. El intento del gobierno de cerrar un acuerdo, que postergue de manera ordenada los vencimientos, pero que le permita al país llevar adelante las necesarias políticas expansivas para sostener la recuperación y transformarla en crecimiento, pareciera una utopía a la luz de las experiencias del FMI con otros países e incluso con nuestro país en otros momentos de la historia. En los 22 acuerdos que la Argentina cerró con el organismo a lo largo de la historia, tuvieron lugar algunos factores comunes como una caída de la actividad económica, un aumento del ritmo de inflación y el incumplimiento de todos ellos poco tiempo después. En esta oportunidad el gobierno pretende que sea diferente, que el organismo haga un mea culpa de su comportamiento al otorgar el crédito al gobierno anterior, e incluso la vicepresidenta le pidió públicamente, en la plaza de la semana pasada, ayuda al FMI para recuperar los dólares de los argentinos en el exterior. El pedido resulta llamativo por lo ingenuo. El FMI, fiel representante de los intereses del poder financiero mundial, cómplice de la fuga de capitales de la Argentina durante los dos últimos años del gobierno de Macri, trabajaría en repatriar esos dólares a partir de un pedido público de una líder política siempre opuesta al accionar del organismo. No resulta convincente. 

A esta altura luce muy probable que no se logre la aprobación del presupuesto 2022, que es nada menos que la hoja de ruta de la política económica para el año próximo, a partir de lo cual debería firmarse un decreto que inicie el año con el presupuesto 2021, que dada la elevada nominalidad de una economía que convive con un 50% de inflación anual, no alcanzaría para llegar a mitad de año, lo que llevaría a gestionar a tiro de decreto durante toda la segunda mitad del año próximo. Esto le agregaría un componente de incertidumbre adicional a un contexto de por sí muy incierto. 

La falta de un acuerdo con el FMI podría empujar al default ya que los vencimientos del primer trimestre del año próximo son imposibles de afrontar, aunque es esperable que el organismo evite esta situación, generando algún tipo de prórroga de común acuerdo entre las partes, para negociar más adelante, sin caer en un traumático evento de default. Sin embargo, esta situación podría impedir desembolsos de parte de otros organismos multilaterales, que están contemplados en el presupuesto 2022. Sin estos fondos, resultaría más complicado el financiamiento del déficit. Esto podría generar que todo recaiga en la emisión monetaria, acelerando el ritmo inflacionario.

Adicionalmente, el año próximo, debería revisarse el esquema de subsidios a la energía y al transporte que representan, entre ambos, un 3% del PBI. Venimos de un 2021 con casi 50% de inflación y un congelamiento casi absoluto de muchas de estas tarifas, lo cual genera retraso y engrosa la cuenta subsidios del presupuesto. En caso de postergarse los congelamientos, no surge financiamiento a la vista por fuera de la emisión monetaria, que generaría más presión inflacionaria. En caso de revisarse el esquema de tarifas, el traslado a precios incorporaría también una presión inflacionaria adicional. En síntesis, dada la inercia inflacionaria actual y la necesidad de corrección de tarifas, el año próximo tendrá una inflación por encima del 50% de este año y lejos del 33% proyectado en el presupuesto por el equipo económico. 

Mientras tanto, los indicadores de actividad económica, comienzan a dar señales de pérdida de fuerza en la recuperación, por falta de impulso desde la política económica, restricción externa y elevada incertidumbre. La encrucijada es compleja, porque en caso de no darse un acuerdo con el FMI de la forma que el gobierno expresa pretender, las alternativas de acuerdo o falta de él, conducen casi al mismo escenario: un año de virtual estancamiento en la actividad y mayor inflación. La restricción que se profundizaría con la falta de acuerdo, o el ajuste impuesto en un acuerdo, conducirían a un destino muy similar. 

En octubre el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) mostró una caída del -5,7% mensual, desde +5,3% mensual en septiembre. En el acumulado del año la suba es de +17%, mientras que el dato interanual muestra una suba de +4,3%. Entre los sectores se observa un comportamiento muy heterogéneo. Textiles subió +6,3% anual, automotores +18,4% anual, muebles cayó -12% anual, alimentos -0,8% anual, y madera y papel -1,2% anual. Por su parte, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) de octubre mostró una variación de +2,3% mensual, desde -1,8% mensual en septiembre, acumulando una suba de +37,9% en el año y una suba de +8,3% anual. Los puestos de trabajo aumentaron un +20,2% anual. Se observó también un aumento muy importante en el uso de asfalto, que creció un +70% anual. Esto refleja la dinámica de la obra pública, que podría sufrir los ajustes del año próximo, y que es uno de los principales motores del mercado interno. 

El BCRA le transfirió al Tesoro $120.000 millones el 6 de diciembre, siendo la primera del mes. En noviembre las transferencias totales fueron de $130.000 millones, y en octubre de $352.172 millones. En el mes de diciembre del 2020 las transferencias al Tesoro acumularon $255.000 millones (0,9% del PBI), mientras que para el acumulado del año fueron de 6,8% del PBI mientras que en el 2021 acumulan 2,6% del PBI.