Comenzó la gestión del nuevo gobierno, como era de prever, con el eje puesto en lo económico. Con la intención de atender las urgencias de una economía en franco deterioro, el ministro de economía dio una conferencia de prensa en la que enunció los lineamientos principales del rumbo económico a seguir de aquí en adelante, y luego comenzaron a anunciarse medidas concretas, muchas de las cuales se enviarán esta semana al Congreso de la Nación, como parte de una Ley de Solidaridad y Recuperación Productiva, que busca aprobación urgente.

La semana pasada inició con el traspaso de mando, la asunción del nuevo presidente, y la jura de su gabinete. En su discurso inaugural en el Congreso de la Nación, el presidente dejó traslucir algunos lineamientos de política económica.

Mientras tanto, se conocían la semana pasada los últimos datos fiscales de la gestión de Cambiemos. Se conoció que el Gobierno Nacional obtuvo un déficit primario de $6.397 millones en noviembre. Pero en el acumulado de los primeros once meses del año, se acumuló un superávit de $25.022 millones (+0,1% del PIB, desde -1,5% del PIB en igual período de 2018). Los ingresos crecieron 58% anual, y los gastos 40% anual. Dentro del gasto, las jubilaciones crecieron +55% anual, mientras los salarios públicos crecieron al 31% anual. Los intereses pagados en noviembre fueron $67.269 millones, llevando el déficit financiero a $73.666 millones. Esta lógica es la que se busca revertir completamente. Hasta aquí se observa que el ajuste se realizó del lado del gasto, en particular en los salarios. Esta política de ajuste, en busca del equilibrio primario sólo consiguió profundizar la recesión, al resentir los ingresos y debilitar el mercado interno, mientras se priorizó el pago de intereses de la deuda que, como consecuencia del fuerte endeudamiento, creció hasta llegar a ser la segunda partida en importancia en el presupuesto nacional. A partir de ahora, la intención es reestructurar esa deuda voluntariamente, despejar el horizonte de vencimientos a partir de un período de gracia, y reorientar recursos hacia partidas presupuestarias que impliquen transferencias a los sectores de menores ingresos. De esta manera, oficiando el Estado como redistribuidor del ingreso, se lograría atender las urgencias sociales, mientras se dinamiza el mercado interno, sin alejarse demasiado del equilibrio primario. El problema de esta estrategia es que los intereses de los acreedores externos y las demandas sociales internas lucen contrapuestos. La puesta en marcha de políticas expansivas implica un alejamiento del equilibrio fiscal y su financiamiento, probablemente implique una expansión monetaria, que no resultaría bien vista por acreedores internacionales que, de aceptar la postergación en el pago de sus títulos, exigirían alguna garantía que asegure el repago futuro, el cual se vería amenazado por estos desequilibrios.

Además, los vencimientos concentrados fuertemente en el corto plazo, y la débil posición financiera de una economía que no genera dólares de forma genuina, y presenta un bajo stock disponible en el Banco Central, conducen a la necesidad de una renegociación urgente, con marzo como límite, para evitar caer en default. Este desafío tiene por delante el flamante ministro de economía, Martin Guzman, de importante formación académica, pero nula experiencia de gestión. Su secretario de Finanzas, Diego Bastourre, corre con la misma suerte, ya que se desempeñó durante muchos años en el área de investigaciones económicas del BCRA, escribiendo papers académicos sobre temas financieros y monetarios, pero sin participación en la gestión. Por este motivo, se decidió convocar a una comisión de expertos que asistan en la negociación de la reestructuración de la deuda, para la cual fueron convocados algunos ex ministros de finanzas, como Daniel Marx (secretario de finanzas en el gobierno de la Alianza), y Adrián Cosentino (Secretario de Finanzas en años de Kirchnerismo pre Kicillof). En los próximos días deberían conocerse detalles de la propuesta de canje voluntario de deuda con extensión de plazos. Por el momento, se conocieron sólo intenciones generales. Se conoce que el ministro de economía viajará a los Estados Unidos antes de fin de año para iniciar el proceso de reestructuración.

Algunas definiciones sobre el tema deuda que se desprenden del primer discurso como presidente de Alberto Fernández: “He decidido que no le daremos tratamiento parlamentario al Presupuesto nacional proyectado por el Gobierno saliente para el Ejercicio 2020. Sus números no reflejan ni la realidad de la macroeconomía, ni las realidades sociales ni los compromisos de deuda que realmente se han asumido. Realizaremos un nuevo presupuesto, una vez negociada la deuda, y anunciadas nuestras propuestas”. “Para reordenar la economía hay que salir del orden de más ajuste, más recesión y más deuda”. “Vamos a encarar el problema de la deuda externa, no hay pagos de deuda que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto: para poder pagar hay que crecer primero”. “Buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el FMI y con nuestros acreedores. El país tiene la voluntad de pagar, pero carece de la capacidad para hacerlo”. “Seriedad en el análisis y responsabilidad en los compromisos que se asumen para que los más débiles dejen de padecer. Bajo esas premisas asumiremos la renegociación de nuestra deuda”. Todas estas definiciones explican la elección de Martin Guzmán al frente de la cartera de economía, ya que además de ser un economista heterodoxo, es especialista en procesos de reestructuración de deudas de economías emergentes, y tiene una visión crítica, como la de su ex jefe Joseph Stiglitz, sobre el FMI y el mercado financiero internacional.

En su primera conferencia de prensa, el Ministro de Economía Martín Guzmán explicó los lineamientos generales de su política económica: La situación inicial es de crisis social (40,8% de personas en la pobreza) que impide un ajuste del gasto fiscal en 2020 (necesario porque hay que ir a un superávit primario), aunque criticó el cambio de fórmula jubilatorio de Cambiemos (insinuando que podría haber novedades en esa materia). Y dada la falta de financiamiento de mercado, y la imposibilidad de financiar el desequilibrio con emisión (porque desestabilizaría la economía), la solución es buscar aire con la deuda (dijo que la carga de intereses es muy alta) y dejó implícita la idea de subir impuestos (aunque no lo mencionó). Sobre Deuda Pública dijo: “Tenemos un problema de desequilibrio externo, Argentina se endeudó mucho en moneda extranjera, pero no uso esos dólares para aumentar la capacidad productiva para exportar y generar más dólares. Esto lo reconocen los acreedores y el FMI. Para tener capacidad de pago la economía se tiene que recuperar. Queremos una relación constructiva con los acreedores privados y el FMI. Ya estamos en conversaciones con bonistas privados, para conseguir modificar el perfil de la deuda, de forma tal de conseguir un sendero de superávit primario y comercial consistentes con la estructura de deuda modificada”. Con el FMI van a buscar adecuar el programa del FMI a los objetivos que tienen (dijo que ya están hablando). También anunció que enviará al congreso un proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que contiene medidas orientadas a lidiar con la crisis social. Tiene como premisa proteger a la población más vulnerable, bajo las restricciones de presupuesto, y reestablecer las condiciones para frenar la caída.

Aprovechó la ocasión de su presentación en sociedad para dar a conocer su equipo económico: En finanzas, el secretario será Diego Bastourre (un investigador del Banco Central), y tal como comentamos más arriba, habrá un consejo de ex secretarios de finanzas, y una Unidad especial para la deuda externa a cargo del propio Ministro Guzmán. Como representante ante el FMI estará Sergio Chodos (ya ejerció la representación de la Argentina ante el FMI, fue director del Banco Central y vicesuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y fue secretario de Finanzas). En relación con otros organismos internacionales se desempeñará Maia Colodenco (con experiencia en el BID, el Banco Mundial y el G-20). En Política Económica estará Haroldo Montagu (investigador y docente de la UBA, con nula experiencia de gestión), en Hacienda Raúl Rigo (de mucha experiencia en el área, fue subsecretario de Presupuesto entre 2002 y 2017), y en Política Tributaria estará Roberto Arias (un especlalista en temas tributarios, que trabajó algunos años en la Provincia de Buenos Aires, en temas impositivos).

Mientras tanto, el Indec dio a conocer la utilización de la capacidad instalada de la industria, que en octubre fue de 62,1% (desde más de 64% en octubre de 2018). Refinación de petróleo lidera el índice, con una utilización de la capacidad instalada del 80,8%. Mientras que la industria automotriz continúa siendo el sector con menor utilización de la capacidad instalada, ubicándose en 43,2%. Esta delicada situación que atraviesa el sector industrial como consecuencia de las políticas económicas de los últimos cuatro años, brinda, sin embargo, una oportunidad, ya que el pretendido estímulo a la demanda, tiene margen de expansión de la oferta, sin necesidad de realizar inversiones para ampliar la capacidad productiva. De todas formas, dado el histórico comportamiento especulativo y cortoplacista de la clase empresaria argentina, y sobre todo de los formadores de precios, habrá que confiar en el acuerdo económico y social, y luego implementar los controles desde el Estado que garanticen su cumplimiento.

En una muestra llamativa de comprensión, que no suele tener en el resto de los países a los que otorga créditos de emergencia, el vocero del FMI, Gerry Rice, dijo que: “Georgieva, la directora gerente, resaltó que compartimos objetivos que reduzcan la pobreza y el crecimiento sostenible”, que “Debido al aumento de niveles de pobreza, apoyamos plenamente los planes del nuevo gobierno destinados a reforzar medida de protección social”, que “Estamos dispuestos a conversar y comprender mejor sus planes y a ayudar en el caso que así lo desee la nueva administración”. Dejó abierta la posibilidad de “adaptar el programa” o “cambiarlo”, pero aclaró que “depende de las conversaciones que podemos tener y en función de sus objetivos y deseos”. Asimismo, declaró que “Reconocemos que la Argentina encara muchos desafíos, hemos tratado de apoyar a Argentina de la mejor forma posible”. Muy amigable pareciera por el momento la posición del organismo, frente a un deudor que pretende imponer sus reglas. Habrá que seguir esta relación de cerca, y vincularla con las novedades que lleguen desde el frente energético, en especial de Vaca Muerta, que depende de YPF, cuyo presidente Guillermo Nielsen, es un economista ortodoxo, que diseñó programas especiales para la explotación de estos recursos de parte de capitales extranjeros, basados en condiciones muy favorables para estos, pero de dudosa defensa del interés nacional.  

En medio de tantas novedades, se conoció el dato de inflación de noviembre, último registro mensual del gobernó de Cambiemos, con un récord de +4,3% mensual (desde +3,3% mensual en octubre), acumulando un +52,1% en los últimos 12 meses, la tasa de inflación anual más alta de los últimos 28 años. Esto evidencia una inercia inflacionaria difícil de frenar, y que hacen inevitable un acuerdo de precios y salarios, en el marco de la concertación económica y social. Asimismo, en los próximos días se conocerán novedades del relanzamiento del programa de Precios Cuidados, a cargo del área de comercio interior, que funciona en la órbita del ministerio de desarrollo productivo, a cargo de Matias Kulfas. La intención es ampliar el programa, fortalecerlo y ejercer controles de parte del Estado para su cumplimiento.

A partir del viernes a última hora de la noche, comenzaron a conocerse medidas concretas, y luego fueron comunicadas otras, de parte del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que deberán tratarse en el Congreso de la Nación en los próximos días. Algunas de ellas son:

Retenciones a las exportaciones: En este caso se hizo operativa a partir de la publicación del decreto 37 que deja sin efecto el límite de $4 por cada dólar (Trigo, Maíz y Girasol, suben de 6,7% a 12%, y Soja, harina, aceites y pellets de soja suben de 24,7% a 30%). Las retenciones tenían una parte móvil y otra fija. Cuando Macri estableció este sistema, para la soja era 18% de retenciones móviles, más un 12% fijo al dólar de ese momento ($36), con un tope máximo de 4 pesos. Como se pasó de un dólar de 36 a uno de 63, modificar el tope implica llevar el esquema al nivel de cuando fue instrumentado, corrigiendo la licuación posterior, consecuencia de la devaluación.

Impuesto al Turismo: Se aplicará un impuesto del 30% a los gastos en el exterior. Se va a enviar en la Ley de Solidaridad. Afectaría a la compra de pasajes en dólares, servicios como Netflix y otros, y no contemplaría devolución por impuesto a las ganancias.

Impuesto a los Bienes Personales: Se aumentan las alícuotas (de 0,25% a 0,50%, de 0,50% a 0,70%, etc), sin cambiar los mínimos no imponibles. A los que tienen bienes en el exterior se le aumentará un poco más.

·Aumentos de Jubilaciones, salarios y AUH: Primero se realizará un aumento discrecional de las escalas más bajas, y luego se estudiará cambiar la fórmula. “La fórmula anterior (un promedio de la suba de salarios más recaudación) es más equitativa” declaró el Jefe de Gabinete. Sin embargo, esto depende de las circunstancias. En caso de no revertirse la recesión en la que se encuentra la economía, un cambio de fórmula de estas características terminaría perjudicando a los haberes jubilatorios.

Tarifas: En principio no está previsto un congelamiento. El cuadro tarifario no va a quedar congelado. Congelar tarifas impactaría fuertemente sobre núcleos de inversión que son necesarios, declaró Cafiero.  Siempre la lógica de que sean tarifas que se puedan pagar y que hagan que las empresas puedan seguir invirtiendo. Resulta muy simpática la declaración, pero no da señales concretas de como se piensa resolver un conflicto de intereses que puede poner en jaque la intención de recuperación de la actividad económica y desinflación.

Doble Indemnización por 180 días: Según el gobierno, es central contar con un incentivo fuerte para que no haya despidos. Esta medida no incluirá a nuevas contrataciones. En un contexto donde se busca modificar las expectativas a partir de la reversión del ciclo económico, y donde es clave el acompañamiento del sector privado, para expandir la oferta y garantizar el éxito de la expansión buscada, no pareciera el mejor momento para tomar una medida de estas características, que puede perjudicar la creación de empleo.

También en las últimas horas se conocieron declaraciones del nuevo presidente del BCRA, Miguel Pesce, en las cuales dijo que según su visión “La inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario y no toda expansión monetaria genera inflación. Depende de las condiciones en las cuales se encuentra el mercado. Pero hay que ser prudentes. En determinadas circunstancias la emisión monetaria puede ser inflacionaria y es un instrumento del cual no hay que abusar y que debe manejarse con muchísimo cuidado y en situaciones excepcionales. El Estado tiene que financiarse con sus impuestos. Si no, tiene que recurrir al mercado, al endeudamiento, como hacen todos los países del mundo. No creemos que las necesidades de expansión monetaria del año que viene estén por encima del aumento de la demanda de dinero que vamos a tener en 2020”. Esto rompe con la lógica monetarista del gobierno anterior, pero como muchas otras declaraciones en materia económica, por el momento resulta muy ambigua. En cuanto a la Inflación para 2020 declaró: “Estoy seguro de que va a ser menor que la de este año. Creemos que vamos a tener un nivel de producto nominal que va a absorber la cantidad de dinero que se va a expandir. Si no, recurriremos a algún instrumento de esterilización como venimos haciendo desde el año 2004: Lebac, Leliq, o el mecanismo que sea necesario”.

A contramano de lo que el presidente repitió hasta el hartazgo en campaña sobre desarmar prioritariamente el stock de leliq, Pesce declaró ampliarlo, en caso de que resulte necesario. Se refirió a Adelantos Transitorios (instrumento del BCRA para enviarle fondos el Tesoro): “Serán los necesarios para el desempeño del Estado, que se concentrará también en mejorar los niveles de ingreso de la base de la pirámide, lo que alude a aumentos en jubilaciones, la asignación universal por hijo, al proyecto de una tarjeta alimentaria para los sectores más desprotegidos”. Esto permite entrever la financiación via expansión monetaria de las políticas expansivas anunciadas. En caso de confirmarse provocaría una reacción negativa del mercado financiero, que se encuentra a la espera de detalles sobre la reestructuración de la deuda. En cuanto a las tasas de Interés declaró que: “Tenemos la tasa de referencia del Banco Central. La semana que viene ya tendremos el nuevo directorio. Hoy no se cuenta con quórum para sesionar. Ahí empezaremos a tomar decisiones”. La intención es comenzar a bajar significativamente la tasa de interés de referencia, en la medida que el contexto económico lo permita. El riesgo de devaluación del tipo de cambio oficial por el cepo, pero puede ocurrir una ampliación de la brecha, que ya comenzará a ocurrir por la implementación del impuesto al turismo emisivo. El dólar blue debería en los próximos días acercarse a los $80. Esto tendría impacto inflacionario.

La herencia es muy delicada, la economía se encuentra muy frágil, el desafío es importante. El camino trazado es el correcto, pero implica muchas tensiones que, por el momento, no queda claro como se irán a resolver.