La política y la economía en la última semana estuvieron signadas por un levantamiento de la policía bonaerense, en algo que comenzó desde un legítimo reclamo de tipo sindical -desde una fuerza cuyos salarios se encuentran muy por debajo de otras, y en un momento donde se sufrió una fuerte caída de los adicionales de todo tipo, como consecuencia del impacto de la pandemia- y que fue escalando y adquiriendo ribetes más políticos. El momento cúlmine de esta situación ocurrió cuando manifestantes de la fuerza, con patrulleros y portando armas, rodearon la quinta presidencial de Olivos, en algo que ya empezaba a lucir como una afrenta a la democracia más que un reclamo sindical.

En medio de esta situación tuvo lugar un hecho muy significativo, que fue cuando el vocero presidencial Juan Pablo Biondi, junto al Secretario General de la presidencia, Julio Vitobello, salieron a la puerta de la quinta presidencial a invitar ingresar a un grupo de ocho representantes a conversar con el presidente, propuesta que fue rechazada de plano por quienes se encontraban ahí en ese momento, argumentando que en todo caso sea el Presidente de la Nación quien saliera a la calle a conversar con ellos. Este evento fue de relevancia porque dejó al descubierto lo caótico de la revuelta, y la falta absoluta de interlocutores frente al reclamo. Sin embargo, ese mismo día el presidente tomó una decisión de alta relevancia política y económica, algo que ya se había comentado en el inicio del actual gobierno y que se venía dilatando como consecuencia del tándem que se conformó con el jefe de gobierno de la CABA, Horacio Rodriguez Larreta, el hecho de quitarle parte del incremento en la coparticipación que le otorgó Mauricio Macri, siendo presidente en 2016.

En aquel entonces, con la excusa de la transferencia a la ciudad de Buenos Aires de la Policía Federal, el entonces presidente Macri le incrementó por Decreto el porcentaje que recibía la CABA por coparticipación federal desde el 1,4% a un 3,75%, que luego, dos años más tarde, quedó en un 3,5% en el marco del consenso fiscal con todas las provincias. En aquel entonces, muchos referentes de la oposición, hoy oficialismo, como por ejemplo el actual gobernador de la PBA, Axel Kicillof, por entonces diputado nacional, se había manifestado en contra de aquella decisión, argumentando que el monto por incremento de la coparticipación otorgado a la CABA prácticamente duplicaba el costo del mantenimiento de la fuerza policial federal. La decisión del presidente, adoptada también por decreto fue modificar aquel otro de Macri y pasar la coparticipación de la CABA desde el 3,5% a un 2,32%, lo que equivale a una pérdida de presupuesto para la ciudad de alrededor de $40.000 millones. Además del impacto económico sobre el distrito de su principal aliado de la oposición, el gesto desde lo político resultó muy relevante, porque se puso fin a esa relación de coordinación en medio de la pandemia, sin previo aviso, generando incluso el disgusto de algunos intendentes del conurbano, de la oposición, que fueron convocados al anuncio que haría el presidente sin saber de qué se trataba, lo cual generó que manifestaran inmediatamente su repudio no sólo a la decisión sino a la forma en que se los incluyó en el anuncio.

Tal fue el impacto político de este acontecimiento, que disparó una carta del ex presidente, Mauricio Macri, muy crítica hacia el gobierno nacional, con algunos pasajes muy radicalizados, cercano a los discursos de los manifestantes anticuarentena que se vieron en algunas manifestaciones aisladas y de baja participación en los últimos días. Finalmente, el conflicto policial terminó con una medida económica que beneficia a la PBA, que recibirá un punto más de coparticipación a través del fideicomiso generado a tal efecto, abrió la puerta a reclamos de otros trabajadores estatales cuyos ingresos vienen muy atrasados los últimos años, y en lo político subió a la contienda nacional a Horacio Rodríguez Larreta, y dividió en dos a la oposición, con un ala más moderada cuyo principal referente es hoy el jefe de gobierno porteño, y un ala más radicalizada, encabezada por el ex presidente de la Nación.

Se conoció en los últimos días el resultado fiscal de agosto, que resultó con un déficit primario de $161.700 millones, y un déficit financiero de $218.615 millones (desde un déficit de $-155.524 millones y un déficit financiero de $-189.089 millones en julio). Los ingresos totales cayeron 38% anual en términos reales, aunque si se descuentan las transferencias al tesoro realizadas en agosto 2019 que fueron transitorias), los ingresos caerían -12% anual en términos reales (por debajo de la caída en julio por -18% anual). Los gastos totales aumentaron +26% anual en términos reales, reduciendo la velocidad con respecto a los meses previos. Esto último es porque se están desactivando en algunos casos los programas de asistencia implementados para enfrentar el impacto económico de la pandemia, como el IFE, donde algunos beneficiarios han dejado de cobrar el último y el ATP, que en muchos casos comienza a transformarse en un préstamo y en otros casos se va cancelando directamente.

Mientras el furor por la compra del cupo de 200 dólares mensuales no cede, y el BCRA sigue perdiendo reservas, se decidió que, a partir de ahora, los bancos podrán tomar un depósito vinculado al dólar y otorgar como contrapartida un préstamo para la prefinanciación de exportaciones sin afectar su posición global neta en moneda extranjera. De esta forma, se busca generar un instrumento de ahorro para poner fin al proceso de fuga que implica la venta de dólar ahorro, que significa en los últimos meses una necesidad de intervención por más de US$1.000 millones por mes. Hasta el 9 de septiembre (último dato disponible), las ventas de BCRA continuaron, llegando a la suma de U$S 757 millones, acelerando las ventas en comparación a agosto que fueron de U$S 507 millones para el mismo período. Un promedio de U$S 108 millones diarios, contra U$S 72 millones diarios el mes pasado. Esta aceleración en la salida de reservas conduce al BCRA a tomar una decisión que seguramente se anunciará en los próximos días y que apuntará a limitar las ventas del cupo de 200 dólares por mes.

Por el lado de la economía real, se conoció que durante julio la utilización de la capacidad instalada en la industria fue del 56,8%, desde 53,3% en junio y 58,7% en julio de 2019. De esta manera, por tercer mes consecutivo se registran valores superiores al mes anterior, desde el piso de 42% alcanzado en abril. Al igual que el resto de las series de actividad económica se observa una recuperación desde los mínimos registrados en abril, donde la economía está casi completamente frenada, pero aún en niveles muy bajos. Será necesaria una importante intervención del Estado, con inyecciones de fondos relevantes para poder sostener este rebote de los mínimos históricos e impulsarlo, caso contrario, se corre el riesgo de que la actividad se amesete en estos muy bajos niveles.

En paralelo con el inicio de la negociación con el FMI para reformular el cronograma de pagos, buscando despejar los vencimientos hasta 2024, tal como se hizo con la deuda en manos de acreedores privados, se presenta hoy el presupuesto nacional 2021 en el Congreso. El déficit primario estipulado indica un 4,2% del PBI. Teniendo en cuenta la fuerte caída que presentará el PBI este año, un déficit más bajo sobre un producto más chico, necesariamente plantea recortes presupuestarios en muchas áreas, a contramano de la necesidad de expansión que plantea la economía. El problema es que no existe margen para financiar un necesario mayor déficit. Por este motivo, mientras se espera que el PBI caiga un 12% este año, se proyecta una recuperación del 5,5% para el año próximo. Esto, en caso de confirmarse, estaría planteando la recuperación de menos de la mitad de la pérdida de este año, que ya venía de un registro pésimo, que fue el de 2019. Por su parte, la inflación se espera que cierre este año en un 32%, y desacelere hasta un 28% en 2021. Se proyecta un tipo de cambio de $81,4 al cierre de este año y $101,6 a fin de 2021, lo cual implica un incremento de 24,7%, por debajo de la inflación. El saldo comercial esperado para 2021 es de US$ 15.244 millones.

La recuperación de la actividad plantea necesariamente una recuperación de las importaciones, así como es de esperar que la vuelta del turismo implique una mayor demanda de dólares de argentinos que gastarán en el exterior. Para atender estas fuentes de demanda y terminar el año con el citado registro superavitario será necesario un importante incremento de las exportaciones, en un contexto donde las condiciones internacionales no ayudan a que esto vaya a ocurrir.