Finalmente, el gobierno decidió extender la cuarentena obligatoria, por el momento hasta el 26 de abril. Muy probablemente, a partir de ese momento continúe cierto levantamiento gradual, continuando con las excepciones por actividad, con fuertes restricciones a los traslados. El necesario alargamiento de esta situación, para contener la cantidad de contagios, y consecuentemente, de víctimas fatales, genera preocupación por el impacto desde lo económico. Una de las medidas tomadas por el gobierno ha comenzado a generar preocupación. Se trata del Ingreso Familiar de Emergencia (EFI). En un informe anterior preveíamos el problema que se iba a suscitar cuando de las, casi 12 millones de personas anotadas para recibir la asistencia de $10.000 de parte del Estado, menos de 4 millones la reciban efectivamente. Esto comenzó a ocurrir este fin de semana, cuando tras realizar el cruce de datos la ANSES comenzó a informar rechazos. Por el momento, se decidió postergar la fecha de pago, del 15 al 21 de abril. Estos seis días de extensiones pueden llegar a ser vitales en algunos casos. Asimismo, sigue la preocupación por los sectores más postergados, que necesitan que se instrumente de manera más eficiente el reparto de alimentos puerta por puerta, como también hay preocupación por aquellos monotributistas por encima de las categorías más bajas (A y B), que también han visto interrumpida su actividad, y no cuentan con ingresos ni con ahorros que les permitan afrontar esta situación. Se suma a estos problemas, varias empresas que han comenzado a anunciar el pago de parte de los salarios, de manera unilateral, argumentando que sin actividad no pueden pagar los salarios completos. Y también, gran cantidad de Pymes, sobre todo aquellas pertenecientes a los rubros directamente afectados (gastronomía, hotelería, comercio, etc.), que ven que se corta completamente la cadena de pagos. Toda esa asistencia, no sólo requiere gran esfuerzo de parte del Estado, que implicará alejarse de las metas fiscales y monetarias, sino que también requiere de mayor eficiencia en su instrumentación, ya que en muchos casos es muy buena la intención, pero termina no llegando a destino.

En medio de esta compleja coyuntura, el gobierno decidió mantener la deuda soberana en pesos, sin caer en default, pagando intereses y vencimientos de capital, mientras la va refinanciando de manera voluntaria con los acreedores, y decidió presentar este miércoles una oferta de reestructuración para la deuda en dólares emitida bajo legislación extranjera. La deuda en dólares emitida bajo legislación nacional ya se decidió postergar todos los pagos hasta el año que viene, lo cual fue interpretado como un default selectivo por las calificadoras de riesgo internacionales. Según palabras del propio presidente, en el actual contexto, la propuesta será más agresiva, en términos de quita de capital y estiramiento de plazos. Habrá que ver cual será la respuesta del mercado frente a la propuesta. Muy probablemente, en el actual contexto financiero internacional, no vaya a contar con demasiada aceptación. Debe tenerse en cuenta que, por la existencia de las cláusulas de acción colectiva, se necesita juntar el 75% o el 66% de las voluntades, según el título, para cerrar el canje con éxito y evitar la aparición de demandas de fondos buitre el día de mañana. Pareciera muy difícil, frente a la situación actual, lograr estos porcentajes de aceptación. También es muy probable, que hace unas semanas atrás, cuando las paridades de los títulos llegaron a ser muy bajas, con un riesgo país por encima de los 4.500 puntos básicos, hayan comprado deuda fondos buitre, que hoy estén más interesados en empujar al país al default, que en ayudar a una reestructuración exitosa. El día 22 de abril ocurre un vencimiento de deuda, pero el gobierno puede utilizar el período de gracia de 30 días, para evitar caer en default hasta ese momento.

La provincia de Buenos Aires también se sumó a la intención de realizar un canje de deuda, con importante período de gracia, por un total de US$ 7.148 millones. El antecedente en la provincia es que cuando quiso, de manera voluntaria con los acreedores, estirar el pago del vencimiento de capital de un bono que vence el año que viene, hace un par de meses, no lo logró. En aquel entonces fue un fondo, Fidelity, quien frenó la operatoria, con una fuerte tenencia de ese título.

La provincia de Córdoba anunció la emisión de un bono para pago a proveedores para cancelar deudas con los mismos. El bono será transferible y podrá utilizarse para cancelar deudas tributarias vencidas hasta el 29 de febrero de este año. Algunos medios interpretaron esto como la antesala de la emisión de cuasimonedas, porque así ocurrió en la previa de la crisis de 2001. En aquel entonces existía la restricción a la emisión de pesos, debido a la existencia de la ley de convertibilidad, que impedía emitir sin respaldo en dólares. En la actualidad eso no existe, de manera que si el gobierno está dispuesto

a emitir todos los pesos que sean necesarios para sostener la economía, no sería necesario llegar a emisiones de cuasimonedas. Por el momento, el BCRA está dando señales de estar dispuesto a emitir lo que sea necesario. De hecho, el 2 de abril el Banco Central le transfirió al Tesoro $50.000 millones de adelantos transitorios, y la base monetaria ya creció $ 619.000 millones en el último mes, esto es un incremento del 34%. La preocupación de fondo a partir de esto, es la aceleración del proceso inflacionario. La realidad es que en un contexto de tan fuerte caída de la actividad, no debería ocurrir esto. Si bien es cierto que hoy en día la inflación se ha acelerado sobre precios de productos esenciales, esto es por expectativas, y comportamientos de abuso de formadores de precios y cadenas comerciales. Es conclusión, la estrategia de emitir para sortear la crisis, es la única alternativa posible para intentar sostener la economía, a la vez que, con controles de parte del Estado, se intenta evitar los comportamientos abusivos de aumentos de precios desmedidos.

Entre tantas medidas económicas anunciadas por el gobierno, la semana pasada se comunicó un programa de asistencia a provincias. El Gobierno anunció que creará un programa de emergencia financiera para asistir a las provincias por $120.000 millones que se distribuirán de acuerdo con los porcentajes establecidos en la Ley de coparticipación, más asistencias particulares que cada provincia solicite. Esto también va en línea de evitar la aparición de cuasimonedas.

La semana pasada se conocieron indicadores clave para entender la evolución de la actividad económica, pero vinculados a los resultados del mes de febrero, pre aparición del corona virus. Evidencian lo deteriorada que estaba la economía previo a la aparición de este shock externo, consecuencia de la dinámica recesiva producida por la política económica del gobierno de Mauricio Macri. El índice de producción industrial manufacturero de febrero cayó -0,8% anual (desde -0,3% anual en enero). Algunos sectores muestran caídas muy pronunciadas: minerales no metálicos (-14,1% anual), productos de metal (-13,3% anual) y vehículos automotores (-14% anual) lideraron las caídas. Por otro lado, el sector alimentos (+5,2% anual) e industrias metálicas básicas (+11% anual), tuvieron la mayor incidencia positiva en el índice. Por su parte, el indicador sintético de la actividad de la construcción se contrajo -22,1% anual durante febrero (vs -13,5% anual en enero), su máxima caída interanual desde julio de 2016. El consumo de asfalto cayó -69,6% anual. La superficie a construir autorizada por permisos de edificación cayó -18,7% anual. Los puestos registrados en la actividad de la construcción durante enero cayeron -16.1% anual.

Durante marzo, la producción de acero alcanzó las 268.200 toneladas, un 26,8% por debajo del nivel de marzo de 2019 y 16,8% inferior a febrero. Como consecuencia de la cuarentena, las plantas industriales productoras de acero se encuentran paradas, con excepción de aquellas que producen insumos para sectores esenciales.

La producción de laminados terminados en caliente alcanzó las 263.800 toneladas. De esta manera registró una caída de -27,4% anual y aumentó +10,2% en comparación con febrero.

Entre las nuevas medidas anunciadas por el gobierno con relación a la cuarentena obligatoria, se destaca la ampliación del listado de actividades y servicios exceptuados. Las nuevas actividades exceptuadas son:

· Actividad bancaria con atención al público, durante la semana del 13 al 17 de abril podrán asistir las personas con turno previo para realizar diferentes operaciones que no sean por caja. La atención por cajas será sólo para el pago de jubilaciones y pensiones.

· Talleres mecánicos, repuestos de automotores, fabricación y venta de neumáticos, artículos de librería e insumos informáticos.

· Desde el 15 de abril, será obligatorio el uso de barbijo en CABA.

Con relación a la asistencia a Pymes, los bancos continúan siendo un problema. En lugar de aceitar el mecanismo de transmisión y hacer que los pesos lleguen a los destinatarios, generan trabas para evitar prestar el dinero. Según el Banco Central, ya se desembolsaron $29.545 millones de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas a una tasa de interés anual máxima de 24%. La línea completa de financiamiento aprobada por el Banco Central es de al menos $220.000 millones. Esto da cuenta, de apenas un 10% de ejecución. Asimismo, desde la apertura del Clearing se presentaron para cobrar $243.181 millones (aproximadamente 2,5 millones de cheques), de los cuales fueron rechazados por estar sin fondos $19.259 (14% del total). Se trata de un porcentaje alto, y también es responsabilidad de los bancos cubrirlos para evitar el quiebre de la cadena de pagos.

Mientras tanto, avanza el debate por la creación de un impuesto a la riqueza. El oficialismo estaría terminando de elaborar el “impuesto Forbes” (se lo llama con ese nombre por la revista homónima que elabora ranking de grandes fortunas alrededor del mundo) con un gravamen del 1% para los que tengan un patrimonio mayor a los $10.000 millones y hasta al 5% para los que tengan un patrimonio mayor a $60.000 millones. También se gravaría a fondos de inversión que hayan obtenido más de $1.000 millones de ganancias netas con una alícuota del 10%.

En el plano internacional, la Reserva Federal de los Estados Unidos lanzó un programa de hasta U$S 2,3 billones para seguir sosteniendo el crédito a los consumidores y manteniendo los flujos de dinero en las pequeñas empresas. El plan representaría aproximadamente 2% del PBI, adicionales a las medidas ya anunciadas.

También se conoció que la OPEP y Rusia llegan a un acuerdo para limitar la producción e intentar sostener el precio del petróleo ante la caída de la demanda. Hubo un problema con la posición de México, pero finalmente intercedió Estados Unidos, y se arribó a un acuerdo. El barril de petróleo WTI que había caído a 20 dólares el barril se encuentra en los 23 dólares, pero ha marcado un piso en esos 20 dólares, tras el temor de un derrumbe hasta los 15 dólares. Por su parte, en la Argentina no sólo esto activó la discusión por el precio local del petróleo como forma de subsidio a las petroleras, sino también que la industria se encuentra al borde del freno total, como consecuencia del derrumbe de la demanda.