Comenzó la semana con más tensión cambiaria y ampliación de la brecha, luego de las decisiones normativas conjuntas entre el BCRA y la CNV, publicadas el sábado pasado. El BCRA decidió aumentar las restricciones para el acceso al mercado único de cambios (MULC) y a la compra de dólares a través del mercado de capitales para las empresas. Para acceder al MULC se deberá declarar que en los 90 días corridos anteriores y posteriores no ha realizado/realizará ventas en el país de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o canjes de títulos valores por otros activos externos o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior. A esto se le suma la solicitud de que no haya entregado en el país fondos en moneda local ni otros activos locales líquidos, a ninguna persona humana o jurídica que ejerza una relación de control directo sobre la empresa solicitante. Asimismo, la resolución general 895/2021 de la CNV dispuso reducir el tiempo de permanencia (parking) para operaciones de contado con liquidación de tres a dos días, para pasar de título especie D a C, el parking sube a dos días (desde cero días), aunque sigue en cero para vender, y no se podrá vender por Prioridad Precio Tiempo neto contra C más de 50.000 bonos ley local y de 50.000 bonos ley extranjera de forma semanal. Más allá del aspecto técnico del asunto, esto implica mayores restricciones para el acceso a los dólares a través de canales alternativos legales, como son el MEP y el CCL. En el primer día de operaciones, todas las alternativas al dólar oficial registraron subas fuertes, que luego moderaron durante la rueda, para finalizar en 178 el dólar blue, 167 el CCL y 166 el MEP. En todos los casos presentaron subas en relación al cierre del viernes. El mayor incremento se observa en el dólar blue. Recordemos que se trata de un mercado pequeño e ilegal, por lo tanto, de difícil control de parte de las autoridades económicas, ya que funciona como vía de escape a las alternativas legales, todas con algún tipo de restricción. La decisión del gobierno de llevar adelante estas medidas restrictivas responde a la necesidad de controlar un mercado cambiario que será víctima de fuerte especulación en la previa a las elecciones de medio término que tendrán lugar dentro de unos meses. El principal problema del aumento de la brecha es que genera más presión inflacionaria en un momento donde resulta imperioso reducirla, y lograr la tan ansiada recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Luego de una reducción de la tasa de inflación mensual, desde el pico del 4,8% en marzo, la tendencia pareciera que vuelve a revertirse en el registro de junio. Tras el 3,3% mensual de mayo, algunos indicadores que anticipan el resultado del IPC dan cuenta de una inflación en torno al 4% para junio. De confirmarse este registro, y ampliarse la brecha cambiaria, será este otro año de alta inflación, que confirmaría que nos encontramos en un registro anual en torno al 50%. 

El instituto de estadísticas de la Bolsa de Bahía Blanca sigue un índice propio de inflación, que suele presentar resultados muy cercanos a los que luego publica el IPC Nacional del Indec. El dato de inflación de Bahía Blanca fue de +4% mensual en junio (desde +3,2% mensual para mayo y +4,8% mensual para abril), y de +47,6% anual. En mayo la inflación del INDEC fue de 3,2% mensual, bajando desde 4,8% en abril y observando una tendencia similar en los últimos meses con la inflación de Bahía Blanca.

Mientras tanto, el ministro Guzmán avanza en la búsqueda de un acuerdo con el FMI, que también ayudaría a descomprimir este escenario de presión cambiaria en el corto plazo. En las últimas horas se confirmó que el Gobierno negocia préstamos bilaterales para pagarle US$ 19.000 millones (o 13.300 millones de DEGs) al FMI y despejar los vencimientos de 2022. Los países que estarían en negociación, y van a recibir DEGs como Argentina son, Rusia (va a recibir 12.900 millones DEGs), Portugal (va a recibir 2.060 millones DEGs) y México (va a recibir 8.900 millones DEGs). No se descarta que pueda concretarse alguna novedad en la negociación con el FMI en los próximos dos meses, esto es, previo a las elecciones. 

Mientras tanto, el FMi publicó un informe sobre la recuperación de la economía global y comentarios sobre Argentina. Vale la pena destacar algunos puntos. En relación a la inflación, se destaca que, en algunas economías de mercados emergentes, la depreciación del tipo de cambio y los factores internos han contribuido a un aumento de la inflación (por ejemplo, Argentina, Brasil, Rusia y Turquía). En cuanto a la Política Monetaria destaca que, donde las presiones inflacionarias son altas, se necesitará una postura de política monetaria restrictiva (Turquía) y, en algunos casos, una postura general más estricta (Argentina) para reconstruir la confianza. Mientras que en países desarrollados no deben anticiparse a subir las tasas de interés y frenar la recuperación. Y en cuanto a la Política Fiscal, afirma que en algunas economías que enfrentan condiciones financieras estrictas, puede ser necesaria una consolidación a corto plazo centrada en la tributación progresiva y áreas de gasto de baja prioridad (por ejemplo, Argentina). En este sentido, el establecimiento de marcos fiscales creíbles a mediano plazo puede ayudar a mejorar la confianza y ayudar a establecer un camino para reconstruir los colchones fiscales a un ritmo que dependa de la recuperación. Muchas dudas genera la idea de cuáles serían los gastos de baja prioridad para el FMI. 

Más allá de las recomendaciones, siempre con un ojo en el ajuste, del FMI, la economía argentina requiere de sostener la asistencia para no frenar la recuperación de la actividad. En este sentido, el Gobierno confirmó que para la segunda ronda del REPRO (programa de asistencia para el pago de salarios para empresas en sectores críticos de la economía) se anotaron 31.527 empresas, asistiendo a 486.670 empleados y sumando un gasto total de $9.000 millones. Por otro lado, se confirmó que 880.000 beneficiarios de AUH (desde 743.000 previo) cobrarán en el mes de julio el complemento de $7.000. En total estas dos medidas suman 0,04% del PBI. 

La recuperación de la actividad comienza a mostrar signos de debilitamiento, mientras no se logra impulsar la demanda con firmeza. Durante mayo, el índice de producción industrial manufacturero registró una caída de -5% mensual (vs -1,9% mensual en abril), y avanzó +30,2% anual (el fuerte aumento se explica por la base de comparación con mayo 2020, mes fuertemente afectado por las restricciones impuestas por la pandemia). En orden de incidencia en el índice general, se destacan los aumentos en industrias metálicas básicas (+85,1% anual), vehículos automotores (+275,2% anual), y maquinaria y equipo (+72,8% anual). Por su parte, el indicador sintético de la actividad de la construcción cayó -3% mensual durante mayo (vs -2,7% mensual en abril 2021). En términos interanuales, registró una suba de +70,9% anual. Se registró un aumento de +174,9% anual en el consumo de asfalto. Durante abril, los puestos registrados en la actividad de la construcción avanzaron +12,5% anual. Sin embargo, en el acumulado en los primeros cuatro meses del año, acumulan una caída de -2,5% con respecto al mismo período de 2020. La superficie a construir, autorizada por permisos de edificación, acumula durante el primer cuatrimestre del año un aumento de +73,7% con respecto al mismo período del año pasado.

En línea con la, por el momento infructuosa, búsqueda de recomposición del poder adquisitivo de los ingresos, se acordó adelantar la revisión de los salarios de los empleados públicos para mediados de agosto desde noviembre, que era lo pactado en la negociación previa. Por otro lado, se oficializó el aumento del salario mínimo, que será en tres tramos y alcanzará el 35% en septiembre, adelantándose desde la negociación anterior que preveía un aumento del 35% en siete tramos hasta febrero 2022.