Finalmente ingresó el proyecto de ley al de la Nación, en busca de la aprobación del acuerdo con el FMI. Si bien la tensión política en torno a este tema es muy alta, se descuenta que será ratificado en ambas cámaras. A partir de ahora las dudas están concentradas en la posibilidad de cumplimento de las metas pactadas en el acuerdo, que inicialmente ya planteaban dificultad, y en este contexto internacional mucha más. La sostenida suba de los precios de los commodities en general, y energéticos en particular, plantean grandes interrogantes sobre el devenir de la economía mundial, y sobre la economía argentina en particular. En el plano internacional la dependencia de Europa, y sobre todo de Alemania, del gas proveniente de Rusia es casi total. La alternativa sería suplir esto con gas licuado (GNL) llevado desde los Estados Unidos, pero con costos muy elevados e imposibilidades técnicas para ese tipo de alternativa. Es esperable que el impacto directo del conflicto bélico sobre la economía mundial, sea acelerar la dinámica inflacionaria, ya lanzada en la post pandemia, y sumar un impacto recesivo muy fuerte. De esta manera, las principales economías del mundo estarían ingresando en un cuadro de estanflación, y se enfrentan sus Bancos Centrales a la necesidad de subir las tasas de interés para frenar la escalada inflacionaria, pero a riesgo de contribuir con esto a la dinámica recesiva. En el caso de la economía Argentina, se profundizan los problemas a partir de ser un país importador neto de energía. Si se contara con el gasoducto desde el yacimiento de Vaca Muerta hasta los puertos, el país podría no sólo autosustentarse en materia de gas, sino que podría ser este un factor adicional de ingreso de divisas por exportaciones. Pero, por diferentes motivos, algunos menos comprensibles que otros, esta obra nunca se realizó, y el impacto de la suba de los precios de los commodities energéticos es muy negativo. Se estima, que por cada dólar que sube el millón de BTU, el costo para nuestra economía es de 160 millones de dólares. En los últimos meses, este precio pasó de 8,5US$ a 55US$. Con esta variación son US$8.600 millones adicionales que se necesitarán para pagar importaciones de gas licuado.


El acuerdo en general plantea metas fiscales y monetarias, las primeras algo más laxas que las segundas. Los supuestos subyacentes al acuerdo son de muy baja probabilidad de ocurrencia, sobre todo en este escenario mundial. Sin embargo, es esperable que frente a los incumplimientos que se den en las sucesivas revisiones, el organismo contemple el contexto internacional y sea más flexible en cuanto a sus exigencias. Esto dependerá de decisiones políticas de alto nivel, en el marco de un cogobierno con el organismo en materia económica.
Esta semana debería aprobarse el acuerdo en el Congreso, ya que el 22 de este mes tiene lugar un vencimiento por cerca de US$2,800 millones, imposible de enfrentar, ya que las reservas betas se encuentran por debajo de eso.

En enero la cuenta corriente arrojó un déficit de U$S -471 millones (desde un déficit de U$S 44 millones en diciembre), revirtiendo tres años con superávit en el mes de enero (2019, 2020 y 2021). Esto pese a tener las exportaciones de bienes más altas desde el año 2012. El superávit comercial de bienes (U$S 1.101 millones) no alcanzó para cubrir el déficit de servicios (U$S -683 millones), de turismo (U$S -414 millones) y de intereses (U$S -901 millones), entre otros. A este déficit se sumó el de la cuenta financiera, de U$S -1.524 millones, explicado por pagos del Gobierno por U$S -1.088 millones (de los cuales U$S 722 millones fueron del pago al FMI), y préstamos financieros/títulos de privados por U$S -495 millones, entre otros. Esta dinámica deficitaria de la cuenta corriente, en un contexto de escasez de divisas, falta de acceso al crédito, y suba de precios internacionales de materias primas, resulta muy preocupante, ya que condiciona la recuperación de la actividad a la vez que introduce más presión inflacionaria.
Con el objetivo de desacoplar los precios internacionales de los precios internos, en el caso de los alimentos, la Secretaría de Comercio anunció la creación de un fideicomiso del trigo, que está siendo afectado por el conflicto entre Ucrania y Rusia. El precio del trigo se encuentra en máximos de los últimos 14 años.
En febrero la recaudación fue de $1.166.514 millones, lo que implica un aumento de +62,8% anual, y mostrando una variación en términos reales de +8% anual (desde +1% anual en términos reales en enero 2022). Los impuestos internos aumentaron +60% anual, destacándose débitos y créditos (+71% anual), seguridad social (+66% anual), y ganancias (+63% anual). Los impuestos externos aumentaron +71% anual, destacándose ganancias (+94% anual) y derechos de exportación (+71% anual). Por el momento, la recaudación continúa creciendo por encima de los precios, uno de los objetivos plasmado por el equipo económico en el acuerdo. La duda es sobre si es posible de acá en adelante sostener la recuperación de la actividad que permita esta dinámica, o si las propias restricciones impuestas, junto con el complejo escenario internacional llevarán a variaciones reales negativas en la recaudación, lo que implicaría tener que llevar adelante un ajuste clásico, de recorte del gasto para cumplir con las metas.


Algunos de los detalles del acuerdo que se trataron ayer en Comisión en la Cámara de Diputados, son los siguientes:
Desembolsos: Con la aprobación del Directorio ingresarán U$S 7.000 millones por encima de los vencimientos de marzo 2022. El préstamo EFF es por un monto total de DEGs 31.914 millones (US$45.000 millones), equivalente al que debía el país en diciembre 2019, lo que implica que el FMI devuelve los fondos utilizados para pagar las cuotas de septiembre 2021, diciembre 2021 y febrero 2022 por U$S 4.500 millones. Los desembolsos y pagos con el cronograma tentativo, tienen una particularidad, entre marzo 2022 y septiembre 2023, los desembolsos son mayores a los vencimientos. Esto significa, que si el Gobierno cumple con las revisiones obtendría financiamiento neto por U$S 6.595 millones, por lo tanto, el Gobierno habría recibido una deuda de DEGs 31.910 millones y dejará una deuda de DEGs 35.025 millones.


Acumulación de Reservas netas: U$S 1.200 millones a marzo de 2022, U$S 4.100 millones a junio 2022, U$S 4.400 millones a septiembre 2022, y U$S 5.800 millones a diciembre 2022. La acumulación se mide respecto del 31 de diciembre de 2021, cuando las reservas netas (medidas por el FMI) eran de USD 2.325 millones (hoy serían de USD -941 millones). Para cumplir con este criterio, se deben alcanzar reservas netas por U$S 8.125 millones, lo que implica comprar divisas por U$S 2.100 millones aproximadamente en lo que queda del año.


Financiamiento doméstico: financiamiento neto del sector privado en pesos al Tesoro de alrededor de 2% del PIB por año durante 2022-24. Reducir gradualmente el uso de instrumentos vinculados a la inflación, ampliar la cartera de instrumentos de deuda de referencia y extender el perfil de vencimientos.
Financiamiento neto proveniente de bancos multilaterales de desarrollo y acreedores oficiales bilaterales sea de 0,4% del PIB por año durante 2022-24. Se está negociando con el Club de París para llegar también a un nuevo acuerdo.


Control de Capitales: Se mejorará la comunicación, pero el control de los flujos se va a mantener. Apoyar el restablecimiento gradual del acceso al mercado internacional a partir del 2025.
Intervención del Banco Central: El mercado oficial (MULC) será coherente con el objetivo de acumulación de reservas, y tendrán en cuenta la variabilidad debida a factores estacionales y episodios temporales de volatilidad excesiva. La intervención en el mercado de Futuros se limitará a casos en que se necesiten orientaciones prospectivas conforme avance la aplicación del marco de política monetaria.


Tipo de Cambio: La tasa de ajuste del tipo de cambio oficial mantendrá el tipo de cambio real efectivo en 2022, en general, invariable con respecto a los niveles de 2021, a fin de preservar la competitividad. Esto implica un deslizamiento en línea con la inflación, lo que elimina la utilización del tipo de cambio como ancla nominal, tal como ocurrió el año pasado.