Mientras la actividad comienza a perder fuerza en su rebote, la problemática social se torna cada vez más visible, con vastos sectores que acumulan una situación de postergación agravada en los últimos años, y ahora más agravada aún, consecuencia del impacto de la pandemia. Esto explica que la agenda esté dominada por la inseguridad, las tomas de tierras y los reclamos de las fuerzas de seguridad. El pequeño rebote que se presenta estos últimos meses, en niveles bajísimos de actividad, luego del piso de abril/mayo, cuando el freno sobre la movilidad fue prácticamente absoluto, pierde fuerza si no logra sostenerse e impulsarse desde las políticas económicas. El problema que empieza a operar en este momento es que, si bien se relaja de a poco la restricción de oferta, con cada vez más sectores volviendo a trabajar -protocolos mediante-, se recrudece la restricción por el lado de la demanda, cuyo impulso no se siente, debido al muy resentido poder adquisitivo de los salarios, las aún elevadas tasas de interés, y el altísimo nivel de endeudamiento de las familias. Frente a la necesidad de impulsar fuerte la actividad, dinamizar la obra pública, y fortalecer el mercado interno, aparece la restricción presupuestaria, y la complejidad para financiar la necesaria recuperación. En los próximos días el Poder Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación el presupuesto público nacional para el año entrante, donde se plantea un déficit fiscal de 4,5% del PBI, y un pequeño rebote de la actividad económica de un 5%. Si se tiene en cuenta el muy bajo nivel de actividad en 2019, y la caída de entre 10 y 12% que presentará el cierre de este año, un rebote de apenas la mitad de lo perdido este año luce como escaso para atender las necesidades económicas y sociales. Estas proyecciones macroeconómicas debieron ser consensuadas con el FMI, que presenta el próximo gran escollo en materia de negociación de deuda, y en este caso con el agravante de la necesidad de acordar un programa económico. La realidad es que, aun habiendo reestructurado la deuda en dólares con acreedores privados de manera exitosa, dado el elevado porcentaje de aceptación, el canal del financiamiento externo no se encuentra entre las opciones. Si bien, la Argentina ha abandonado su categoría de país en default de parte de las calificadoras de riesgo internacionales, lo cierto es que integra un pelotón, por su calificación, entre un conjunto de países de muy alto riesgo, entre los cuales están, por ejemplo, El Congo, Belice o Mozambique. Esta realidad de no contar con el financiamiento, conduce a alternativas más restrictivas, dados los desequilibrios que producen utilizarlas. Un ejemplo de esto es lo que está ocurriendo con la elevada emisión monetaria, la necesidad de sostener elevadas las tasas de interés que esto genera, y la presión cambiaria; sobre el dólar oficial, llevando a la pérdida de reservas en el BCRA, aún en una situación de extrema recesión y con fuertes restricciones en el acceso al mercado cambiario; y sobre la brecha, ya que aumentan las alternativas de acceso al dólar. 

En el mes de agosto fueron más de 5 millones las personas que se volcaron a comprar su cupo de 200 dólares mensuales en el mercado oficial, generando la necesidad al BCRA de vender US$1.279 millones. Dada la profunda recesión y el desplome de las importaciones, el resultado comercial presenta los últimos meses un superávit en torno a los US$1.400 millones mensuales. Asimismo, el hecho de que no haya turismo, por las restricciones que mantienen por el momento al país aislado, sin vuelos internacionales ni de cabotaje, genera una situación inédita, que es que no haya gastos de argentinos en el exterior, que es otra fuente importante de demanda de dólares. Que, en este contexto inédito, el BCRA continúe perdiendo reservas, genera una fuerte preocupación en el gobierno, que llevó a que se esté discutiendo la posibilidad de poner más restricciones en el mercado cambiario, incluso analizando la prohibición de la venta de los 200 dólares mensuales para ahorro. De hecho, en los primeros dos días de septiembre el BCRA vendió US$355 millones, contra US$224 millones los primeros dos días de agosto, y US$178 millones en julio. Siempre la compra de dólares de parte del público es más fuerte los primeros días del mes, pero como se ve, va tomando cada vez más fuerza. 

Como venimos comentando en nuestros últimos informes, un aspecto fundamental a la hora de recomponer el mercado interno vía estímulo de demanda es recuperar el poder adquisitivo de los salarios. El Indec dio a conocer el índice de salarios del mes de junio, que marca un aumento de 0,6% mensual, y acumula en los últimos doce meses un aumento de 36,4%, lo que marca una caída de -4,4% en términos reales, si consideramos que la inflación fue de 42,8% en el mismo período. Este año se vienen postergando las paritarias, con excepción de algún caso en particular, con un sector privado que argumenta que el impacto de la crisis no le permite aumentar los salarios, mientras sostiene las plantillas con la asistencia del ATP, y un sector público que, dado el aumento en el déficit que implica la caída en la recaudación y la necesidad de haber puesto en marcha varios programas con el fin de morigerar el impacto económico de la pandemia, no cuenta con margen para aumentar los salarios del sector público en todos sus niveles. 

La recaudación tributaria de agosto alcanzó los $612.146 millones (vs. $559.092 millones en julio) y de esta manera registró un aumento de +34% anual (vs +24% anual el mes previo). Sin embargo, en términos reales continúa mostrando variaciones interanuales negativas; en agosto la caída fue de -6% anual, mejorando con respecto al -13% de julio, pero sin lograr recomponerse. 

Durante julio, la serie desestacionalizada del índice de producción industrial manufacturero avanzó +2,1% mensual (desde +16,5% mensual en junio) y se ubica 34% sobre el mínimo alcanzado en abril. En términos interanuales, el índice cayó -6,9% anual (desde una caída de -6,3% anual el mes previo). De esta manera, en lo que va del año acumula una caída de -13,4% con respecto al mismo período del 2019. Las categorías con mayor incidencia en la caída del índice fueron industrias metálicas básicas, -29,2% anual, y prendas de vestir, cuero y calzado, con un -31,9% anual. Por su parte, el indicador sintético de la actividad de la construcción de julio cayó -12,9% anual (vs -14,8% anual en junio) y acumula una caída de -34% en el acumulado de los primeros siete meses del año. Sin embargo, la serie desestacionalizada continúa su recuperación y avanzó +6,8% mensual (desde +37,5% mensual el mes pasado). El consumo de asfalto cayó -62,8% anual. Durante junio, los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción cayeron -27,5% anual y en el acumulado del año registran un descenso de 22,5% con respecto al mismo período del año anterior. Los datos dan cuenta de la afirmación con la que iniciamos este informe, que el rebote de la actividad desde sus mínimos históricos comienza a perder fuerza y se torna inminente el impulso desde el Estado. 

Por último, el Banco Central publicó el relevamiento de expectativas de mercado (REM) de agosto. Según las proyecciones que compila este estudio, para diciembre de 2020 se espera una caída del PBI de -12% (vs -12,5% el mes pasado), una inflación de 37,8% (desde 39,5% en el relevamiento previo), y un tipo de cambio de $84,3 (vs $86,5). La tasa Badlar (plazos fijos mayoristas) se proyecta en 32,9% (13 puntos básicos por debajo de lo proyectado en el relevamiento anterior). La combinación de caída de 12 puntos del PBI, con una inflación cercana al 40%, confirma un complejo escenario de estanflación (recesión con inflación), muy difícil de enfrentar, sobre todo sin acceso al crédito.