La semana que pasó estuvo dominada por un cambio de rumbo por parte del Poder Ejecutivo, que pareciera marcar una posición más firme y menos dialoguista con algunos sectores. De hecho, el pasaje que más repercutió del discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias el lunes fue el que refiere a la querella criminal sobre los responsables del endeudamiento de la Argentina con el FMI. También la posición más firme de parte del presidente en relación a la justicia fue otro de los puntos clave del discurso. En relación al tema de la deuda, claramente los responsables de la estafa a la que fue sometido el pueblo argentino durante los cuatro años del gobierno de Macri, deberán darle explicaciones a la justicia acerca de sus decisiones. El gobierno de Macri inició su ciclo con una devaluación del 40%, luego de eliminar las restricciones que existían sobre el mercado cambiario, montó una bicicleta financiera, con tasas de 38% avaladas por el BCRA en el marco de un ciclo de estabilidad cambiaria y, tras pagarle a los fondos buitre, se inició un ciclo de endeudamiento voraz, generando un esquema de grandes negocios y comisiones, y consiguiendo los dólares para garantizar la salida a quienes habían ingresado a explotar el negocio que la bicicleta les ofrecía. El proceso de salida de esos capitales implicó un proceso de muy fuerte devaluación de la moneda, con su impacto inflacionario, habiendo cerrado el ciclo de cuatro años, con la inflación anual más alta desde 2002, en medio de una fuerte corrida cambiaria, con el BCRA quebrado y sin reservas, un bomba de tiempo de leliqs, el FMI nuevamente como acreedor, y una economía en recesión y con niveles récord de pobreza e indigencia. Además de todo este desastre, el crédito stand-by otorgado por el organismo incumplió todas las normas básicas que exige el Estado, y el propio FMI. En primer lugar, el FMI incumplió el artículo VI de su acta constitutiva, que establece que los desembolsos que realiza el organismo a un país no puede permitir que salgan en forma de fuga de capitales, sino que debe auditar para que esto no ocurra, y en caso de ocurrir debe interrumpir los desembolsos. En el caso del préstamo a la Argentina, el organismo hizo la vista gorda y permitió que esto ocurra. Los desembolsos totales fueron por US$44.000 millones entre mediados de 2018 y fin de 2019, y en el mismo período la fuga de capitales contabilizada por el BCRA fue de US$45.100 millones. Esto configura una puerta giratoria de deuda y fuga, que jamás debería haber permitido el organismo. Por otra parte, las autoridades del entonces gobierno argentino incumplieron con los requisitos básicos que establecen los reglamentos y leyes del Estado. Por ejemplo, la carta de intención con el organismo se firmó el 12 de junio de 2018, mientras que el expediente administrativo en el ministerio de economía se inició el 21 de junio, el informe del BCRA el mismo día, y el dictamen jurídico del BCRA el 22 de junio, diez días después de haber firmado la carta de intención que dio inicio formal al préstamo. Es decir, un puñado de funcionarios endeudó a un país entero por US$50.000 millones, a sola firma, sin haber contado siquiera con un expediente que respaldara la decisión. Esto y otros incumplimientos dan sustento a la intención del presidente de iniciar querella criminal contra los responsables. Luego de estas declaraciones, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) elevó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, para determinar si generaron perjuicios al Estado.  

El día jueves, la vicepresidenta declaró en la causa de dólar futuro, que la tiene como acusada de un supuesto delito inexistente, y aprovechó la ocasión para embestir muy fuerte contra gran parte del poder judicial, y dejar al descubierto las estrategias de lawfare que se llevan adelante en los últimos años. Esto dio lugar a la, ya confirmada, aunque no ejecutada, salida de la ministra de justicia de la nación, Marcela Losardo. Esto puede tener varias lecturas, pero sin duda responde al avance de la línea de la vicepresidenta en relación a la justicia. Desde este sector del frente de todos hace tiempo se venía cuestionando el accionar de la ministra, al que tildaban de tibio e incluso apuntaban con la idea de “funcionarios que no funcionan” que utilizó la vicepresidenta en una de sus críticas cartas públicas. 

Este endurecimiento en la posición del presidente, en línea con las ideas de la vicepresidenta, permite vislumbrar un postergamiento en el acuerdo con el FMI, muy probablemente para después de las elecciones, así como un cambio en la estrategia del ministro Guzmán en relación a las tarifas y su descongelamiento. Es muy probable que se postergue la decisión de actualización del cuadro tarifario al ritmo que el ministro pretendía, lo que implicará una mayor carga fiscal, por subsidios, que podría alejar la meta de déficit propuesta en el presupuesto nacional. En relación a este tema, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó a una audiencia pública para el 29 de marzo a fin de exponer las propuestas de cuadros tarifarios de transición en Transporte (Transener) y distribución de energía eléctrica (Edenor). La Secretaría de Energía cuantificó en $ 56.000 millones la necesidad de fondos para subsidiar las tarifas de gas en caso de que permanezcan congeladas, dado que el Presupuesto 2021 solo contempla $ 77.000 millones para subsidiar el costo del gas en boca de pozo. Por tal motivo, se sugiere ajustar un 60% el precio de gas en boca de pozo que paga el usuario, lo cual se traduce en un incremento de entre 25% y 35%. A esto hay que sumarle los ajustes para los segmentos de transporte y distribución de gas más los impuestos. Las empresas de gas presentaron sus propuestas para las nuevas tarifas de transición hasta tanto se apruebe una nueva RTI, sin por ello renunciar al ajuste no trasladado en la RTI actualmente suspendida de 120% acumulado en los últimos dos años. Transportadora Gas del Norte solicitó un aumento de 45% para cubrir el déficit operativo estimado para este año, mientras que Transportadora Gas del Sur pidió un 59%. Dichos aumentos repercutirán en $ 60 adicionales por mes para el usuario promedio de Metrogas. Recordamos que el Costo de Transporte es el de menor relevancia, representando alrededor del 13% de la factura del cliente final, mientras que el Gas en Boca de Pozo representa el 36%, el Margen de Distribución el 27% y los Impuestos el 24%. En tanto, Metrogas hizo dos propuestas: un incremento de 150% en el cargo fijo de $ 164 por mes adicional y un 21% en el cargo variable por m3 o un 58% que equivale a $ 65 por mes y un 9% en el cargo variable.

La recuperación de la actividad económica, trae aparejada una mejora en el nivel de recaudación triburaria. En febrero, la recaudación fue de $716.595 millones, aumentando +51,9% anual, un aumento de +8% en términos reales (sexto aumentoconsecutivo). Los impuestos internos aumentaron +43% anual, principalmente por el aumento en ganancias (+55,7% anual) e impuestos internos coparticipados (+60% anual), mientras que IVA (+31,4% anual), aportes personales (+27% anual) y aportes patronales (+27,6% anual), aumentaron por debajo de la inflación. Los impuestos externos aumentaron +119% anual, impulsados por los derechos de exportación (+205% anual), derechos de importación (+82% anual), IVA externo (+90,7% anual) y ganancias (+88,8% anual). Por su parte, también en febrero, la liquidación de cereales informada por las cámaras CIARA-CEC fue de U$S 1.810 millones, desde U$S 815 millones en febrero 2020 debido al adelantamiento en la liquidación de los meses previos. En el año acumula U$S 3.950 millones siendo el monto más alto desde el 2016. Según un informe de la bolsa de cereales de Buenos Aires, si se mantiene este escenario de precios durante el 2021 estiman que el sector agrícola tendrá liquidaciones de divisas por U$S 28.800 millones, superando por un 42% la liquidación durante el 2020 y siendo las más alta desde que se tiene registro. Este dato resulta positivo, no sólo por el impacto en la recaudación, sino también por el lado del resultado comercial y el ingreso genuino de divisas. En cuanto al comercio con nuestro principal socio, Brasil, en febrero la balanza comercial mostró un superávit de U$S 130 millones, con exportaciones creciendo +17% anual e importaciones cayendo -5% anual. Este es el segundo mes consecutivo con superávit, luego de ocho caídas.

Durante enero, el índice de producción industrial manufacturero (IPI) avanzó +4,4% anual (vs. +5% anual en diciembre) y +1,7% mensual (vs. +1,1% mensual en diciembre). De esta manera, la serie desestacionalizada se ubica un 5,3% por encima del nivel previo a la pandemia, registrado en febrero de 2020. Los segmentos que más incidieron en la suba interanual del índice fueron productos minerales no metálicos (+31,5% anual), industrias metálicas básicas (+16,2% anual), y maquinaria y equipo (+31,2% anual). Por otro lado, se registraron caídas en refinación de petróleo (-8,5% anual), prendas de vestir (-7,7% anual), y sustancias y productos químicos (-1,7% anual). 

El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) de enero avanzó +23,3% anual (vs. +27,4% anual en diciembre) y +4,4% mensual (vs. +4,5% mensual en diciembre). De esta manera, la serie desestacionalizada se ubica 28% por encima del nivel previo al inicio de la pandemia. El consumo de asfalto aumentó +35,8% anual, dando cuenta del empuje a la obra pública. Sin embargo, los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción cayeron -13,3% anual en diciembre. Este dato resulta muy preocupante, ya que es algo que se está observando en muchos sectores de la economía. El rebote en la actividad tiene características vinculadas con el impulso de productividad que generó la pandemia, que hacen que no se genere empleo al ritmo al que el crecimiento lo generaba previamente. Es un dato muy preocupante, ya que, si esto es parte de la nueva realidad, deberían estudiarse esquemas de renta universal o similares, que atiendan la situación de los excluidos y garanticen un piso de ingresos. Por su parte, la superficie a construir, autorizada por permisos de edificación, cayó -27,1% anual.

Un dato relevante en el plano internacional, es que el presidente de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos, Jerome Powell, dijo en su discurso semianual ante el Congreso que la economía está lejos de los objetivos de empleo e inflación, y que llevará algún tiempo para obtener un mayor progreso.  La política de la FED se mantendrá por un tiempo prolongado. En particular volvió a aclarar que no van a sorprender con un repentino freno en la recompra de activos, sino que en caso que lo hagan lo van a informar correctamente y con antelación, pero que ahora no era el momento, indicando que no tomarán medidas que puedan frenar la suba de tasas largas. Además, el proyecto de ley de ayuda para el coronavirus de U$S 1,9 billones presentado por el presidente Biden, fue aprobado por el Senado el sábado y enviado de vuelta a la Cámara para su aprobación, que tendrá lugar el martes. Esto significa que se garantiza un tiempo prolongado de inyecciones monetarias, es decir, liquidez internacional, y de inusualmente bajas tasas de interés. Parte de estos capitales ingresarán a países en desarrollo, aunque el caso de la Argentina es diferente del resto, ya que el elevado nivel de deuda que dejó el gobierno de Macri, los 1600 puntos básicos de riesgo país que hoy presenta la economía, y la tensión de la deuda impagable con el FMI, generan una valla que impide el ingreso de capitales. 

El Banco Central publicó el relevamiento de expectativas de mercado (REM) correspondiente al mes de febrero. Según el mismo, se espera para el 2021 un aumento del PBI de +6,1% (registrando un aumento de +0,5 puntos porcentuales con respecto al REM de enero). Es decir, hay más optimismo en cuanto al rebote de la actividad para este año, luego de la caída de -10% del año pasado. Por su parte, para la inflación se espera un 46,6% (desde 48,8% en el relevamiento previo). Si bien se modera un poco la proyección, resulta muy alta y muy opr encima de la pretensión oficial de 29%. En cuanto al tipo de cambio se lo ubica para este año en $119,4 (desde $125,2 en el previo). Es decir, es espera que el gobierno permita cierto atraso cambiario en un año eleccionario, con el dólar oficial contenido por restricciones. Esto no impide que las tensiones macroeconómicas lleven nuevamente a una ampliación de la brecha cambiaria, como ocurrió hace unos meses atrás.