La escalada en el conflicto dentro de la coalición gobernante, genera un serio riesgo a la sostenibilidad económica y anula cualquier posibilidad de llevar adelante un plan antiinflacionario de estabilización. La disputa entre los principales referentes del espacio, que han cortado completamente el diálogo, derrama sobre sus espacios propios, y cala hondo en la gestión, ya que ministerios de corte transversal en términos de pertenencia han detenido la gestión, lo cual se torna muy peligroso en medio de una crisis como la actual. Mientras la inflación se acelera, los datos de marzo, que se conocerán a mediados de abril, confirmarán una inflación por encima del 6% mensual, y con alimentos y bebidas creciendo en torno al 10% mensual. El acuerdo con el FMI condiciona la política económica, a la vez que ya resulta incumplible. Los salarios continúan un proceso de deterioro cada vez más fuerte, y la ruptura dentro del gobierno sumado al debilitamiento de la imagen presidencial condicionan cualquier posibilidad de búsqueda de acuerdo. Cualquier medida que se busque es rechazada rápidamente por el sector que vaya a ser afectado, y frente a la simple amenaza el gobierno abandona su intención. En la convocatoria al Consejo económico y social generó mucha preocupación el contenido y la forma del discurso del primer mandatario. La combinación de precios de alimentos creciendo a un ritmo muy elevado, y condicionamientos que impiden asistir al ritmo necesario a los sectores más postergados, son el caldo de cultivo para manifestaciones sociales de cada vez mayor envergadura. Mientras tanto, vastos sectores de clase media ven como sus ingresos ya no alcanzan para completar el mes, aún aquellos que tienen representación gremial y logran paritarias, pero que se acomodan tarde frente a una realidad que les pasa por encima. Aquí también falló la intención de un gobierno extremadamente dialoguista en un contexto de crisis, que apenas esbozó la posibilidad de exigir aumentos de salarios por decreto en el sector privado, recibió la negativa de la Unión Industrial Argentina. Nadie cede frente a un gobierno cada vez más débil, y una crisis cada vez más profunda.

En medio de la disputa interna en el gobierno, en particular por el acuerdo con el FMI, el bloque de Senadores del Frente de Todos presentó un proyecto de ley para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”, que sería fondeado mediante un nuevo impuesto sobre los bienes no declarados en el exterior. El objetivo es que los que estén “fuera del sistema” hagan un aporte del 20% de ese monto, que subiría a 35% luego de los seis meses de entrada en vigencia de la ley. En el texto aclaran que la estimación de bienes argentinos no declarados en el exterior es de casi U$S 420.000 millones. También se presentará un proyecto que modifique las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal. Esto ya recibió un contundente rechazo de parte de la oposición, lo cual permite anticipar que no tiene posibilidad de convertirse en ley. De todas formas, el gobierno debería avanzar con las herramientas con las que ya cuenta desde la AFIP para lograr que los propietarios de estos bienes tributen como corresponde, incluso fijando multas por encima de los porcentajes que pretende la ley.


Como una de las consecuencias de la guerra en Ucrania y su impacto sobre los precios de la energía, las estaciones de servicio comenzaron a implementar cupos por clientes para la venta de gas oil ante el faltante en una gran cantidad de estaciones de servicio (sobre todo en el interior). El gas oil es el combustible utilizado para la recolección de las cosechas y también para el transporte. Esta situación contribuirá al escenario de estanflación dentro del cual, peligrosamente, la economía se está sumergiendo. También vinculado a esta situación, el Gobierno y los sectores industriales habrían acordado realizar cortes de gas programados debido a la falta de divisas para la importación, dado el fuerte incremento del precio internacional del gas, que pasó de 8 a 50 dólares por millón de BTU.


Mientras tanto, el Gobierno presentó el Plan Argentina Productiva 2030, un plan para el desarrollo productivo. Los objetivos generales del programa son generar 220 mil puestos de trabajo por año, reducir la pobreza en 1 millón de personas por año, crear 12 mil empresas por año (100 mil hasta 2030), en donde el 70% de las firmas esté por fuera del AMBA. Duplicar las exportaciones para hacer “sostenibles” las mejoras sociales y económicas, para llevarlas de las actuales U$S 87.000 millones a U$S 174.000 millones (buscando aumentar las exportaciones de minería y energía). En este contexto, se trata de un cúmulo de buenas intenciones sin posibilidad práctica de implementación.


En enero el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó -0,5% mensual desde +1,1% mensual en diciembre. En términos interanuales creció +5,4% anual, desde +10% anual previo. Dentro de los sectores de mayor incidencia, se destacaron; Hoteles y Restaurantes con +51,5% anual, y Explotación de Minas y Canteras con +14,0% anual. Tras el rebote del año pasado, donde la economía recuperó más rápido de lo esperado todo el terreno de lo perdido durante la pandemia en 2020, comienza a estancarse esta recuperación. Los motores del crecimiento se van apagando, el contexto internacional no ayuda en este sentido, y se adentra la economía en una estanflación, con alta probabilidad de llevar a culminar este 2022 con un crecimiento en torno al 2% (por debajo del arrastre estadístico del año pasado que es cerca de un 3%), y con una inflación de entre 60 y 65%. Complejo escenario para este contexto de fragilidad social y debilidad política.
Como paliativo, el Gobierno definió los detalles para otorgar un bono a los jubilados y pensionados de $6.000. Alcanzará a todos aquellos que cobren hasta $38.630. Los que cobren la mínima ($32.630) recibirán el 100% mientras que los que estén por encima recibirán la diferencia hasta alcanzar dicho monto. La medida alcanza a 4,6 millones de personas, lo que implica un gasto de $27.600 millones o 0,05% del PBI. También el Gobierno está analizando aumentar el monto de la tarjeta alimentar y adelantar las cuotas del aumento del salario mínimo.
El índice de salarios aumentó +3,8% mensual en enero (desde +2,6% mensual en diciembre). A su vez, mostró un crecimiento de +54,1% anual (+2,1% anual en términos reales). El sector privado registrado aumentó un +4,6% mensual y +56,2% anual, el sector público +2,9% mensual y +59,4% anual, y el sector privado no registrado apenas un +2,5% mensual y +40,7% anual. Se sigue observando claramente el deterioro constante de los ingresos de los sectores informales.


La empresa estatal IEASA adjudicó la compra de 8 barcos de Gas Natural Licuado (GNL) de los casi 70 necesarios para cubrir la demanda de gas para los meses de invierno. En este caso, serán para el mes de mayo y la primera semana de junio. El costo fue de U$S 45 por millón de BTU, impactado por la suba de precios que genera la guerra rusa ucraniana, dado que el año pasado se había pagado U$S 8,5 por millón de BTU. Se estaría por anunciar un acuerdo con Bolivia y Brasil, para abastecer de gas al país, limitando la dependencia del GNL. El ministro de economía, Martin Guzmán, es quien está a cargo de este acuerdo.
En materia fiscal, en marzo la recaudación fue de $1.241.089 millones, mostrando una variación de +62,5% anual, equivalente a +7% en términos reales. En el primer trimestre, la recaudación acumula un crecimiento de +58,8% anual. Los impuestos internos aumentaron +57% anual, principalmente impulsados por seguridad social que aumentó +64% anual, seguido de ganancias con +60% anual, y débitos y créditos con +59% anual. Los impuestos externos subieron +77% anual, principalmente por la suba en los derechos de exportación por +92% anual, mientras que los derechos de importación subieron +64% anual. Los gastos comienzan a evidenciar un necesario crecimiento, por encima de la recaudación. La dinámica de la recaudación se verá impactada por el freno en la actividad en los próximos meses, a la vez que las demandas sociales irán en ascenso. Sumado a esto, la necesaria limitante al aumento de tarifas implicará más subsidios. Todo esto conduce al incumplimiento de la meta fiscal con el FMI. Habrá que ver qué actitud toma el organismo durante este año, si relaja las exigencias considerando la situación internacional y el impacto económico de la guerra, o si presiona a la Argentina para el cumplimiento bajo amenaza de default.