1. El inicio

El actual gobierno comenzó su gestión con la herencia de una economía muy debilitada, sumida en una dinámica recesiva, una fuerte inercia inflacionaria y un nivel de endeudamiento, con vencimientos concentrados en el corto plazo, imposible de enfrentar. La política económica del gobierno macrista debilitó muy fuertemente el mercado interno, derrumbando el consumo debido a una constante pérdida del poder adquisitivo de los salarios, y un modelo económico de valorización financiera basado en altas tasas de interés y un esquema de endeudamiento y fuga de capitales. El daño de esa política económica resultó evidente en los datos, con la actividad económica cayendo durante tres de los cuatro años de gobierno, un tendal de pequeñas y medianas empresas que fueron quedando en el camino, el desempleo regresando a registros por encima de los dos dígitos, y niveles de pobreza por encima del 40%, llegando a superar el 50% en el caso del rango etario juvenil. Es importante entender que esta destrucción del entramado social y productivo de nuestro país se dio en un contexto global favorable, donde el mundo no atravesaba ninguna situación de crisis, las economías alrededor del globo crecían, y la liquidez internacional resultaba muy alta, post crisis financiera internacional en 2008/2009, con muy bajas tasas de interés. Este escenario, propicio para generar crecimiento y avanzar en términos de desarrollo, resultó dilapidado debido a una política económica abocada a la persecución de negocios personales, en detrimento de la economía nacional. 

Para comprender de manera acabada la situación inicial, tomamos algunos pasajes del discurso inaugural de Alberto Fernández en el Congreso de la Nación. 

  • La inflación recibida es la más alta de los últimos 28 años. Desde 1991 (salida de la hiperinflación), la Argentina no presentaba una tasa de inflación por encima del 50%. 
  • La tasa de desempleo es la más alta desde 2006 (9,7%).
  • El valor del dólar pasó de $9 a $63 en tan sólo cuatro años. 
  • El PBI de 2019 es el más bajo de la década.
  • La pobreza volvió a niveles de 2008, es decir presentó un retroceso de más de diez años. 
  • La indigencia también volvió a registros de 2008.
  • El PBI per-cápita es el más bajo desde 2009. 
  • La deuda externa en relación al PBI volvió´al registro de 2004, previo al inicio del ciclo de desendeudamiento. 
  • El nivel de producción en 2019 volvió a niveles de 2006, es decir, un retroceso en la industria de 13 años. 
  • El empleo industrial volvió a niveles de 2009. 
  • La cantidad de empresas en 2019 fue equivalente al nivel registrado a 2007, lo que implica un retroceso de 12 años. Se cerraron 20.000 empresas en cuatro años, de las cuales 4.229 eran empresas industriales. 
  • Considerando el último dato disponible del PBI industrial del primer semestre de 2019, en relación al mismo período de 2016 (inicio del ciclo macrista), presentó una caída de 12,9%. 
  • 23 de las 24 ramas de la industria bajaron su nivel de actividad en 2018, en relación con 2015. 
  • En los cuatro años de gestión macrista se perdieron en la industria 141 empleos registrados en el sector privado. El empleo industrial registrado finalizó 2019 con 42 meses consecutivos de caída. 

Los datos objetivos de la realidad describen claramente el desastre recibido como herencia en materia económica. 

2. La intención

Frente a esta delicada situación de inicio, la estrategia del gobierno para buscar la reactivación de la economía y controlar la dinámica inflacionaria, ponía el foco en varios frentes a la vez. Por un lado, intentar la reactivación del mercado interno, vía estímulo de la demanda, a través de consumo interno, buscando mejorar el poder adquisitivo de los salarios, mientras se iba bajando las tasas de interés desde el Banco Central, conteniendo los precios con intervención directa del Estado y acuerdos con los formadores. En paralelo con esta estrategia de reactivación, se avanzaría con una reestructuración de la deuda, con acreedores privados y con el FMI, entendiendo que la deuda heredada de la gestión anterior es impagable, e intentando evitar el impacto negativo de un default. Inicialmente, esta negociación tenía fecha de vencimiento 31 de marzo de este año. Logrado sortear este fuerte escollo, quedaría ordenado este frente mientras se avanzaría con el fortalecimiento del mercado interno. Una vez transformado el círculo vicioso en uno virtuoso, impulsando la reactivación productiva y generando empleo, se trabajaría en aquellos aspectos estructurales que necesita la economía argentina para sostener definitivamente estos ciclos de crecimiento, y transformarlo en un avance definitivo hacia el desarrollo de largo plazo. 

Sin embargo, cuando comenzaban a ejecutarse las políticas económicas necesarias para buscar estos objetivos, coordinando entre ministerio de economía (con el foco puesto en la deuda), ministerio de desarrollo productivo (con el foco puesto en el impulso del mercado interno), y Banco Central (avanzando en la regulación bancaria y la baja de las tasas de interés), apareció un evento inesperado que afectó dramáticamente la economía en todo el globo, la pandemia generada por la circulación del coronavirus. 

3. La reacción

Desde el primer momento, el gobierno nacional dejó claro que, a partir de lo que estaba ocurriendo con la expansión de este virus, la prioridad pasaba a ser el aspecto sanitario. Buscar contener la evolución de la curva de contagios fue el objetivo inicial, para poder preparar mejor el sistema sanitario, intentando evitar el colapso. La reacción fue inmediata, a partir de observar lo que estaba ocurriendo en países de Europa, donde los sistemas sanitarios se encontraban colapsados o al borde del colapso, cobrándose víctimas fatales día a día. En nuestro país, se planteó una falsa dicotomía en el marco de la pandemia y el asilamiento obligatorio decretado por el gobierno, que fue la instalación de la antinomia entre salud y economía. La intención de un sector que intenta generar visibilidad en este momento, es generar la idea de que poner el foco en cuidar la salud implica descuidar la economía, y sumir al país en una profunda crisis. Resulta sencillo entender que el abandono del aspecto sanitario, como ocurrió en otros países del mundo, lleva al colapso del sistema sanitario, y no sólo se cobra miles de víctimas fatales, sino también impacta fuertemente de manera negativa sobre la economía. Es fácil comprender que cuidar la salud es también cuidar la economía. Aunque también se comprende que, al ser el aislamiento la única alternativa al alcance por el momento para contener los contagios, el impacto negativo sobre la actividad económica resulta inevitable. Es por esto, que a partir de esta nueva situación que se planteó inesperadamente, el gobierno se vio obligado a modificar su estrategia en el plano económico.

En lugar de buscar la expansión, y el quiebre de un ciclo recesivo que se recibió como herencia, se crearon programas para contener desde el Estado, una economía que se derrumbaba a un ritmo inédito, e intentar a la vez contener el impacto de este freno en la actividad sobre sectores que vieron afectados drásticamente sus ingresos, buscando garantizarles niveles de consumo mínimos. Así nacieron programas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), los préstamos a empresas, con especial atención en pequeñas y medianas, a una tasa subsidiada del 24% anual, los préstamos a tasa cero y con período de gracia a monotributistas y autonómos, bono a jubilados y beneficiarios de AUH, entre otros programas de asistencia desde el Estado a los diferentes sectores afectados por esta situación. 

En el primer caso, el IFE, le transfiere a todos aquellos que se inscribieron en la ANSES y cumplen con los requisitos, $ 10.000 mensuales. En principio, esto era sólo por el mes de abril, pero debió extenderse a mayo y a junio, y se está analizando actualmente, no sólo aumentar su monto, sino la posibilidad de que permanezca en la postpandemia como un programa de renta básica. Lo cierto, es que esto beneficia a 9 millones de argentinos y argentinas, un número mucho más alto al que inicialmente esperaba el mismo gobierno cuando decidió lanzarlo, cuando las estimaciones daban cuenta de algo así como la mitad. Por su parte, el ATP alcanzó a cerca de 2,5 millones de trabajadores, y así el Estado se hizo cargo de pagar el 50% de los salarios, con un tope en dos Salarios Mínimos Vital y Móvil. Este programa comenzó a relajarse con el tiempo, de hecho, en la próxima etapa se atenderá sólo aquellas zonas geográficas afectadas (AMBA, Chaco, y alguna otra), en algunas zonas donde la situación es casi normal ya se dejará de pagar, y en zonas que se encuentran en fases intermedias se baja el tope a un solo Salario Mínimo Vital y Móvil. El resto de los programas, aquellos que contemplan créditos, se expanden y sostienen. 

El problema macroeconómico por detrás de esta necesidad de fuerte intervención del Estado transfiriendo recursos, es que los limitantes por herencia de la gestión anterior son muy fuertes. La herencia de la deuda hace que no tengamos acceso al mercado, como ocurre en el resto de los países. De esta forma, todo el financiamiento, de un creciente déficit fiscal, con ingresos por recaudación muy resentidos mientras el gasto se dispara, recae en la emisión monetaria. El riesgo de mantener en el tiempo un ritmo de expansión monetaria tan fuerte es la presión sobre el tipo de cambio, en cualquiera de sus formas, y la presión inflacionaria. En el caso del tipo de cambio, por el momento se atiende su estabilidad a partir de restricciones sobre el acceso al mercado cambiario. De esta forma, lo que ocurre es que se amplía la brecha, donde el dólar blue (ilegal) actúa como vía de escape, y ronda ya los $130. En el caso de los precios, por el momento la fuerte recesión actúa como amortiguador y no deja margen para aumentos generalizados de precios. Sin embargo, se presentan aumentos importantes en precios de productos de la canasta básica, por demanda persistente y aumento del tipo de cambio. En muchos rubros la falta de actividad hace que ni siquiera haya precios de referencia, y en el caso de los regulados se mantienen congelados por el momento, acumulando presión. 

4. La postpandemia

El gran desafío será la reactivación en la post pandemia de una economía que, según el último dato oficial de actividad económica, en el mes de abril sufrió una caída de más de 26% en relación al mismo período del año anterior, configurando la caída más significativa desde el inicio de esta serie, y dejando a la actividad en niveles de 2006, es decir, habiendo retrocedido 15 años. En este sentido, deberá retomarse la intención inicial de estímulo a la demanda, de manera de fortalecer el mercado interno, aunque desde niveles más bajos aún que los heredados a comienzo del año, y con más limitantes aún. Asimismo, si bien se avanza con la negociación por la reestructuración de la deuda, no está garantizado el éxito del acuerdo, y tras incumplimientos de vencimientos para la deuda en dólares emitida bajo legislación extranjera, la Argentina se encuentra formalmente en default. Lo que no ha ocurrido aún, y queda este mes de julio para intentar evitarlo, es que acreedores externos hagan algún tipo de reclamo en juzgados de los Estados Unidos, que lleven a una situación de default técnicamente irreversible, y compliquen aún más el panorama económico nacional. La firme posición de un grupo de acreedores, que contiene al fondo de inversiones más grande del mundo, BlackRock, y que son además los principales tenedores de deuda argentina, complican el panorama y ponen en riesgo un acuerdo. 

Por el lado del necesario estímulo sobre la demanda deberá avanzarse rápidamente, en la medida en que se vaya normalizando la actividad, en recuperar el poder adquisitivo de los salarios, algo que luce difícil tras el impacto tan fuerte recibido. Asimismo, deberá estimularse el crédito, lo cual luce complicado dado el elevado nivel de endeudamiento que presentan las familias. Para esto, deberán crearse instrumentos que permitan estimular el ahorro interno, y cortar la fuga a divisas, de aquellos sectores con capacidad de ahorro. En paralelo, deberá el Banco Central retirar el excedente de pesos emitido en la etapa de contención del impacto, sin subir las tasas de interés, para evitar que, con la recomposición de la actividad económica, ese excedente se termine trasladando a precios y lleve a peligrosos niveles de inflación. 

Este año el PBI caerá algo más de un 10%, configurando una caída más fuerte aún que la observada en 2002, tras el impacto de la crisis de diciembre de 2001. Esto tendrá un impacto negativo sobre el empleo, y requerirá de mucha asistencia desde el Estado para lograr recomponer la actividad en muchos sectores, sobre todo en comercio e industria. Los márgenes de maniobra son estrechos, por tal motivo, será necesario desarrollar herramientas que capten el ahorro interno y lo vuelquen al aparato productivo, asi como aumentar el rol del Estado en áreas clave para el desarrollo nacional. 

Creemos que la situación amerita el avance sobre aquellos aspectos estructurales que operan como límite de todo ciclo de crecimiento hace décadas en nuestro país. Son dos los ejes más relevantes, la restricción externa, que genera estrangulamiento por escasez de divisas, y el hecho de no contar con una moneda que atienda su función esencial de reserva de valor y permita el ciclo de ahorro interno necesario para avanzar en términos de desarrollo. En el primer caso, una solución sería que el gobierno cuente con el control del sector agroexportador a partir de un organismo similar a lo que fue el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), de la primera presidencia de Perón, o la Junta Nacional de Granos, que fue derogada en 1991 por el entonces ministro de economía, Domingo Cavallo. La única fuente genuina de ingresos es a través de exportaciones, y nuestro país exporta mayormente productos primarios. Hoy esa vía de ingresos es controlada por un pequeño grupo de corporaciones, principalmente multinacionales, que no sólo fijan precios y definen cantidades, sino también cuentan con un control absoluto del mercado cambiario, y por lo tanto, sobre el conjunto de precios de la economía. Tal es el poder en manos de privados, que también controlan de manera directa los puertos a través de los cuales ocurre el intercambio.

Una variable clave en el proceso de desarrollo de nuestra economía termina supeditada a decisiones especulativas de corto plazo, regidas por la lógica de maximización del beneficio de grandes corporaciones. Asimismo, estas corporaciones exprimen al máximo la rentabilidad de los pequeños productores, que en ese juego de “libre mercado” entre grandes y chicos, llevan siempre las de perder. La regulación por parte del Estado de todo el control de la cadena productiva y de formación de precios hacia adentro, como también el control del comercio exterior, resulta clave para evitar caer de manera recurrente en la eterna restricción externa. 

Por otra parte, ninguna economía puede pretender desarrollarse sin contar con una moneda soberana que cumpla con sus funciones básicas. Estas son, la función de medio de pago, la de unidad de cuenta, y la de reserva de valor. Nuestro peso, a medias cumple las dos primeras funciones, mientras que para nada cumple con la última, aquella vinculada al ahorro. De esta forma, los excedentes de ahorro terminan presionando sobre el valor del dólar en el mercado cambiario, actuando nuestro ahorro nacional como fuente de desestabilización cambiaria y de presión inflacionaria. Resulta clave contar con este proceso. Sumado a esto, contamos con un sector bancario absolutamente desregulado, regido por la Ley de entidades financieras de 1977, aprobada a pedido del ex ministro de economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Esto nos condujo a contar con un sistema bancario regido por una lógica especulativa y de valorización financiera, que no sólo no cumple su rol de intermediación del ahorro en aras de avanzar hacia el desarrollo, sino que entorpece cualquier intento de avance en materia productiva, dado que su dinámica especulativa funciona como fuente de inestabilidad. De esta forma, modificar esta ley, avanzar en regulación financiera, generar instrumentos de ahorro en pesos, canalizar estos fondos hacia la actividad productiva, resultan esenciales para sostener ciclos de expansión. 

Puede observarse que fueron gobiernos de corte liberal aquellos que trabajaron sobre estos dos aspectos, de manera de generar el terreno propicio para el desarrollo de negocios de alta rentabilidad para grandes corporaciones del sector privado, pero en perjuicio de nuestra economía, y por ende, del bienestar de todos los ciudadanos. Es por todo esto, que creemos que esta crisis, provocada por la aparición de un virus desconocido, con impacto directo en la economía, que dejó a la vista la profunda desigualdad que tenemos en nuestro país, al plantear la necesidad de una estrategia de salida postpandemia sienta las bases para discutir seriamente estos aspectos estructurales, que de persistir nos condenaran al estancamiento, e imposibilitaran la salida de la compleja situación en la que nos encontramos. 

Productos primarios, tales aquellos vinculados a la alimentación, como otros estratégicos en el futuro próximo como el litio, insumo clave de las baterías de dispositivos con tecnología 5G, serán fundamentales en el desarrollo nacional. El control del Estado sobre esto resultará fundamental.