Comenzó el año con una nueva lógica en materia de política económica. El rumbo se modificó en 180 grados. Se pasó de un modelo económico de ajuste, que supuestamente iba a dinamizar la inversión como consecuencia de una política económica pro mercado, que generaría las condiciones de clima de negocios que garantizarían la llegada de inversiones, mientras el ajuste deprimía cada vez más el mercado interno, y deterioraba la calidad de vida de todos, en particular, de los sectores más postergados, o de menores ingresos. Esta lógica, impulsada por el anterior gobierno de Mauricio Macri, fracasó rotundamente. La economía llegó al final de su mandato en medio de una situación de crisis inédita, con fuerte impacto sobre los sectores más vulnerables, y con una herencia muy compleja. El comienzo de este nuevo gobierno modificó completamente el rumbo, retoma el rol del Estado como redistribuidor del ingreso, con intervención en el devenir del ciclo económico, y como controlador del comportamiento del sector privado. Así, la apuesta es a volver a dinamizar la actividad económica, motorizando el consumo, al transferir recursos a los sectores de menores ingresos, e impulsar así la demanda interna. Para que esta transferencia de recursos no implique el alejamiento del equilibrio fiscal, se llevó adelante una reforma tributaria, que apunta a recaudar más de sectores más competitivos, como es el caso del sector agroexportador, o de sectores de riqueza elevada, bajo una idea de “solidaridad” hacia los que menos tienen. Sin embargo, el éxito de este nuevo modelo económico requiere del comportamiento de varios actores.

El incremento de demanda generado por transferencia de recursos hacia sectores que destinan todo este ingreso adicional a consumo interno, puede derivar en un aumento de la producción para satisfacer esa demanda creciente, lo cual implica al final del camino más actividad y más empleo, o puede derivar en un comportamiento especulativo de parte de empresarios, que aumenten los precios de los productos, frente a la demanda creciente, en lugar de generar más producción y contratar más trabajadores. Si esto último es lo que ocurre, en lugar de dinamizar la actividad, el incremento de demanda sólo generará inflación, en el marco de un proceso con inercia inflacionaria muy fuerte, que se recibió como herencia del gobierno anterior. En síntesis, la intención es la correcta, pero el éxito no está garantizado. En este sentido, es que resulta clave, el rol del Estado no sólo como quien ejecuta la política económica, y quien convoca a los acuerdos con los diferentes actores relevantes y los compromete a cierto acompañamiento en una lógica de equilibrio general, sino también como controlador para que los compromisos asumidos por las partes se cumplan. El Estado tiene poder de policía para hacer cumplir los acuerdos, pero para esto necesita recomponer su estructura de control. El gobierno anterior, bajo el argumento del libre mercado, desarmó toda la estructura de control del Estado sobre el comportamiento del sector privado, en cuanto a precios, abastecimiento de ciertos productos, etc. Esto deberá recomponerse en estos días como clave para lograr el éxito.

Otro de los frentes abiertos, producto de la herencia recibida, es la urgente necesidad de reestructuración de la deuda, intentando evitar caer en default, dado el costo que eso tendría sobre la economía doméstica. En este sentido, las noticias provenientes del exterior no resultan positivas en los últimos días. El aumento de la tensión entre los Estados Unidos e Irán, luego de la reacción de Donald Trump, y el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, generó un clima de incertidumbre mundial, ante la posible escalada de un conflicto bélico, lo cual es negativo para la percepción de riesgo de los capitales internacionales sobre las economías emergentes. Este tipo de contexto suele disparar un proceso de “vuelo hacia la calidad”, esto es, de grandes capitales buscando refugio en activos seguros, como por ejemplo, los bonos del tesoro norteamericano. Esta salida masiva de capitales del mundo emergente empuja a un aumento de las tasas de interés, lo cual sería muy negativo para la Argentina en medio de un intento de reestructuración voluntaria de deuda con acreedores privados, que aumentan su aversión al riesgo.

Con el decreto 99/2019 el Gobierno reglamentó la Ley de Solidaridad (Ley 27.541). Esto establece, entre otras cosas, una alícuota máxima para el impuesto de bienes personales sobre activos del exterior de 2,25%, y la posibilidad de eximirse de ese nuevo impuesto si se repatrían el 5% de los bienes en el exterior. Claramente, esta medida tiene como objetivo no sólo financiar al fisco, aplicando un impuesto más fuerte sobre sectores de más altos recursos, sino también estimular el retorno de capitales al país. Recordemos que el proceso de fuga de capitales, históricamente está presente en nuestro país, y se incrementó muy fuertemente en los últimos cuatro años, cuando hasta los ministros nacionales declaraban tener sus ahorros refugiados en el exterior. Reingresar esos dólares es importante para nuestra economía, ya que los únicos canales genuinos de ingreso de dólares que existen, son las exportaciones, donde no se espera un boom en este contexto internacional, y las inversiones internacionales, que corre la misma suerte por el momento.

Con el objetivo de transferir recursos a sectores más postergados y dinamizar así la economía doméstica, también el Banco Central le transfirió al Tesoro Nacional el 20 de diciembre, $100.000 millones en concepto de Adelantos Transitorios (emisión monetaria), acumulando una toma de adelantos netos por $290.000 millones en 2019, más $204.245 millones en concepto de utilidades transferidas. Estas inyecciones monetarias pueden dinamizar la actividad o resultar teniendo impacto inflacionario, dependiendo del comportamiento de todos los actores.

Mientras tanto, se espera en los próximos días el dato de inflación de diciembre. Estimaciones privadas dan cuenta de un valor cercano al 4,5%, con lo cual cerraría el 2019 con una inflación del 56%. Se trata de un registro muy alto, con fuerte impacto sobre el poder adquisitivo de los salarios, y con una preocupante inercia para este año.

El Banco Central comunicó sus objetivos para 2020, entre los que se destacan: Inflación, procuran disminuir la inflación mediante la administración prudente de la oferta monetaria (se contempla atender las necesidades indispensables de financiamiento del Tesoro). Aclaración: No se definieron objetivos numéricos de inflación, o crecimiento de la oferta monetaria. Tipo de Cambio, se establece mantener el marco actual e intentar la acumulación de reservas. Crédito, la intención es estimular la oferta de crédito al sector privado, particularmente el destinado a las MiPyMEs. Leliq, critican el acortamiento del plazo y el alto nivel de tasas, lo que sugiere que intentarán ir a plazos más largos, y bajar la tasa. Tampoco están claros los detalle de cómo se lograría esto. Tasas para ahorristas, prometen tomar medidas para que las tasas que reciben los ahorristas sean neutrales en términos de inflación (hoy son negativas). Esto es muy importante, porque la persistencia de tasas reales negativas puede conducir a una caída de depósitos, en un momento en que se quiere estimular el ahorro interno.

Se conoció el índice de salarios de octubre, que creció un +3,2% mensual (desde +2,7% mensual en septiembre) y acumula en los últimos 12 meses un aumento de +41,5%. De esta manera, el índice registra una caída interanual de 6% en términos reales. Esto implica un gran desafío en adelante, que es el de recuperar el poder adquisitivo perdido, ganarle a la inflación de este año, y hacerlo a través de un proceso posible, sostenible y que no resulta inflacionario. La coordinación de todos los actores en el marco de un acuerdo resulta fundamental aquí también.

Asimismo, el BCRA publicó, como lo hace todos los meses, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), realizadas durante diciembre para el año 2020. Las proyecciones resultan las siguientes: PBI -1,6% (desde -1,7% el mes previo), Inflación 42,2% (vs 43% en el relevamiento anterior), Tasa de referencia 37% (el mes pasado se esperaba 40%). Tipo de cambio $80,5 (desde $85,9 en el relevamiento de noviembre). Los últimos años vinieron pifiando sistemáticamente sus proyecciones este conjunto de consultoras privadas, y modificándolas a medida que pasa el tiempo, pero al menos sirve para ver qué observan los analistas al día de hoy.

La recaudación de diciembre alcanzó los $492.366,6 millones, y creció un +54% anual (en línea con la inflación estimada en 55% anual). Los impuestos internos (ligados a la actividad) crecieron 36% YoY (destacándose la caída del IVA DGI que aumentó +26% anual). Esto da cuenta dela fuerte recesión que atraviesa la economía. Los impuestos externos crecieron 146% anual (destacándose los derechos de exportación que aumentaron +300% anual, para evitar el aumento de las retenciones que aplicó a partir de enero 2020). El adelanto de exportaciones previendo el aumento de retenciones explica esto.

Por otra parte, se oficializó el aumento salarial para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, que será de $3.000 brutos para el sueldo de enero y de $1.000 brutos en el sueldo de febrero, todo a cuenta de futuros aumentos en paritarias. También los trabajadores estatales con sueldos menores a $60.000 cobraran dicho aumento.

El Banco Central comunicó que flexibilizará las exigencias de encajes de las entidades financieras que otorguen créditos a Pymes a una tasa de interés por debajo del 40% anual, con el fin de facilitar a que las empresas puedan hacer frente a sus necesidades de inversión, capital trabajo y el pago del incremento salarial. Esto tiene la intención de recomponer un poco el crédito, que cayó muy fuertemente, sobre todo el último año.