La economía argentina continúa transitando una etapa muy dura, con perspectivas de transformarse en algo mucho peor en el corto plazo. El aislamiento social obligatorio que rige, por el momento hasta el 13 de abril, aumenta la expectativa de que vaya a extenderse. Seguramente serán unas pocas actividades las que empiecen a relajar la restricción, pero en líneas generales seguirá vigente el aislamiento. Las proyecciones de los sanitaristas indican que el pico de contagios ocurrirá a mediados del mes de mayo, de manera que sería muy riesgoso levantar las restricciones de circulación antes de eso. Por el momento, se sabe que las clases no retornarán a partir del 13 de abril, y en el caso de las universidades, en algunos casos se volcaron completamente a la actividad virtual, y en otras, donde se hace casi imposible adoptar esa modalidad, se anunció, por ahora, el inicio del ciclo lectivo a partir del 1 de junio.

El control sanitario, basado en el aislamiento tiene un muy alto costo económico. La extensión de esta situación va a requerir una estratégica muy quirúrgica, de manera de contener la expansión del virus, pero a la vez, permitiendo el retorno de actividades que hoy no son consideradas esenciales, pero pasan a ser esenciales con el correr de los días. El gobierno manejó muy bien este equilibrio entre salud y economía desde el inicio, aunque tuvo un peligroso traspié la semana pasada, con la reapertura de los bancos para pago a jubilados y beneficiarios de planes sociales y AUH. La falta de predicción de parte de ANSES y BCRA sobre la cantidad de gente que iba a concurrir a las entidades bancarias terminó en una crisis política, con pase de facturas interno, enojo presidencial y alto riesgo de que en los próximos días el aumento de contagios, sobre todo en el conurbano bonaerense, ponga en duda todo el esfuerzo previo. Luego de tensiones entre el gobierno, los bancos y el sindicato bancario, se logró ordenar el sistema de atención, y que los bancos sean considerados actividad esencial, teniendo en cuenta que son esenciales en la mediación del flujo de dinero. Esta situación dejó al desnudo algo que a veces pareciera minimizarse por parte de las autoridades, que es el altísimo nivel de informalidad de la economía argentina. El golpe de esta situación el viernes pasado, seguramente tendrá un impacto en la imagen positiva del gobierno, y en particular del presidente, como comandante de la crisis, en un contexto al borde del estallido social, donde es importante mantener fuerte la imagen de autoridad presidencial.

Un capítulo aparte, y fundamental por estos días, son los precios. En medio de la situación de crisis, pareciera que el intento de controlar precios con controles gubernamentales viene fracasando, y estamos frente a una estampida de precios sin precedentes el último tiempo. Tanto formadores de precios, como diferentes niveles de la cadena de comercialización viene teniendo comportamientos abusivos, en un marco de mucha incertidumbre, con precios que terminan siendo convalidados por el público, en una situación casi de rehenes, dado que el aislamiento no permite alternativas mas que consumir en los locales de proximidad. Esto esta generando una disparada inflacionaria en un contexto de esfuerzo del Estado en transferir recursos, por un lado, a los sectores más golpeados por la crisis y a los más postergados, y por otro lado, para evitar que se quiebre la cadena de pagos. En este sentido, el Banco Central viene bastante lento en la implementación de medidas que apunten a sostener, sobretodo a las Pymes, así como también bastante laxos a la hora de controlar que los bancos comerciales hagan fluir el dinero a los sectores más golpeados. Los índices de inflación probablemente no vayan a reflejar la gravedad del asunto en las próximas mediciones, debido a la dificultad que hay por estos días para captar mediciones de manera presencial.

Como noticia económica de inicio de la semana, el gobierno anunció la postergación del pago de vencimientos de deuda en dólares emitida bajo ley nacional, para todo el año en curso. Se trata de algo así como 10.000 millones de dólares de vencimientos de capital e intereses, que de manera unilateral se ha decidido postergar. Esto genera una situación de tensión, ya que el gobierno previamente venía sosteniendo que tanto la deuda bajo jurisdicción nacional como extranjera iban a tener el mismo tratamiento. La propuesta de canje para la deuda emitida bajo legislación extranjera tendrá lugar, supuestamente, la semana próxima, y habrá que ver cual va a ser la respuesta de parte de los tenedores de títulos. Por el momento, nuestra percepción es que, en este contexto, resulta indefectible terminar en un default completo de la deuda. Un gran problema, que se hará visible más adelante, es que muy probablemente a los precios muy bajos de hace unos días atrás, cuando el riesgo país llegó a superar los 4500 puntos básicos, hayan comprado títulos argentinos fondos buitre, a los que hoy les resulta más rentable empujar a la argentina a un default, que apoyar a un acuerdo de reestructuración.

Muy probablemente, el Gobierno aceptará la asistencia del FMI por aproximadamente U$S 3.500 millones, dentro de un programa de préstamos destinados a cubrir necesidades ante emergencias. Estos préstamos no tienen condicionantes adicionales ni exigencias para el gobierno. De hecho, no se trataría de un préstamo, sino de una ampliación de los derechos especiales de giro (DEG) que emite el FMI, y al que acceden todos los países miembro.

Mientras tanto, todas las políticas económicas de intento de apuntalamiento a la demanda, que implican transferencias de recursos, se están financiando con emisión monetaria, lo cual genera también una presión, en primera instancia, sobre la brecha cambiaria, y al final del camino, también sobre los precios. Sólo en marzo la base monetaria creció 29% ($497.000 millones), la mitad por financiamiento monetario al Tesoro ($232.000 millones) y la mitad por desarme de Leliqs y Pases.

Entre las medidas económicas que se siguen anunciado día a día, en los últimos se destacan: la prohibición de despidos por 60 días, la extensión del cierre de fronteras hasta el 12 de abril, la prórroga hasta el 30 de abril del período para la repatriación de bienes en el exterior, y la extensión hasta el 30 de junio del régimen de regularización impositiva para pymes.

Durante enero, el estimador mensual de la actividad económica se contrajo -1,8% anual (desde -0,2% anual en diciembre). Los sectores que lideraron la caída del índice fueron: Construcción -13,7% anual, Intermediación financiera -7,8% anual, y Agricultura -6,8% anual. Esto da cuenta de la profunda recesión heredada de la política económica del gobierno anterior. Cuando se intentaba retomar la senda del crecimiento a través de medidas de estímulo al consumo, apareció este golpe impensado (Covid-19), y empujó a la actividad económica a una caída mucho más profunda aún.

Otro dato preocupante, es el impacto de la caída en la actividad sobre el resultado fiscal. Se conoció la semana pasada el dato de recaudación tributaria de marzo, que alcanzó los $443.636,7 millones, y registró un aumento de +35,3% anual (en febrero había aumentado +42,6% anual), haciendo visible el efecto de la cuarentena (-5,3% mensual). De esta manera, la recaudación quedó 12 puntos porcentuales por debajo de la inflación estimada para el período y habría caído -8% anual en términos reales. La evolución de los principales compomentes fue la siguiente: IVA +25,6% anual, Ganancias: +30,9% anual, Seguridad social: +40% anual, Derechos de exportación: +59,6% anual. Se observan caídas muy fuertes en aquellos impuestos vinculados directamente con la actividad económica interna y el consumo. El problema de fondo es que este impacto durísimo sobre la recaudación, y que será peor en el mes de abril, se junta con una necesaria expansión muy agresiva por el lado del gasto. Con acceso cerrado a los mercados de deuda, se explica el financiamiento exclusivamente con emisión monetaria.

Durante el mes de abril, la actividad económica continuará desmoronándose, y el impacto sobre el empleo será dramático, aún a pesar de los esfuerzos del gobierno para evitarlo, que llegan sólo a sectores formales en el mejor de los casos. Será clave la implementación de las medidas necesarias para asistir a los sectores más vulnerables, y evitar así el colapso social en una situación tan delicada.