La actividad económica se ralentiza, no se genera empleo, y los salarios no logran recomponer poder adquisitivo, mientras el gobierno intenta revertir todo esto en la segunda mitad del año, de cara a las elecciones, en una situación de delicado equilibrio inestable, y con restricciones al acecho en varios frentes. Por otra parte, la inflación, si bien se desaceleró muy lentamente estos últimos meses, continúa en niveles altos. Las estimaciones para julio dan cuenta d un registro mensual en torno al 3%, lo que confirmaría la desaceleración, luego del 3,2% de junio, aunque son valores que permiten proyectar un cierre de año en torno al 45%. Mientras tanto, se conocieron ya aumentos importantes para agosto, tanto en medicina prepaga, como en gas natural comprimido (GNC), en expensas, y en alquileres, que por la nueva ley comenzó a aplicar la fórmula de actualización, luego del congelamiento de varios meses. Resulta preocupante que, con un conjunto importante de políticas antiinflacionarias en marcha, el ritmo de suba de los precios no ceda. Por otra parte, la búsqueda de recomposición salarial, a al menos, de no perder otro año frente a las subas de precios, sin un objetivo claro, puede conducir a una espiralización con presión adicional por puja distributiva. 

En relación al mercado interno se conocieron una serie de indicadores los últimos días que confirman la debilidad de la recuperación. Según el Indec, las ventas en supermercados presentaron en mayo una caída de 2,6% en relación con el mismo mes del año 2020. Esto se debe en parte a que, en mayo del año pasado, el impacto de la cuarentena estricta aumentó el consumo de alimentos en los hogares. Por otra parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), comunicó que la industria Pyme cayó un -5,2% en el primer semestre del año, y las ventas minoristas, si bien marcaron un aumento del 8,6% en junio en relación al mismo mes de 2020 (en plena cuarentena estricta), con relación al mismo mes de 2019 todavía la serie está un 16% por debajo. Es importante tener en cuenta que el año 2019 registró un muy bajo nivel de actividad, sobre todo en pymes, en medio de una fuerte recesión como consecuencia de la política económica del gobierno de Macri. 

De cara al segundo semestre es esperable que el equilibrio fiscal observado durante la primera mitad del año no pueda sostenerse, debido a las necesidades de la economía para sostener la actividad, a las necesidades del sector público que requiere de más fondos, ya que agotaron casi todas sus partidas presupuestarias, entre ellas, aquellas vinculadas al gasto social, como por ejemplo la tarjeta alimentar. Esta mayor necesidad de recursos, permite prever un déficit fiscal más fuerte para los próximos meses, que deberá financiarse ineludiblemente con emisión monetaria, ya que no hay en este momento fuentes de financiamiento adicionales al alcance. Esto ya ha empezado a observarse en el mes de junio, y con mayor fuerza aún en julio. Comienza a descontarse que este exceso de pesos buscará refugio en el dólar, debido a la falta de alternativas de inversión, y esto pone presión a la brecha cambiaria, que se ha transformado por estos días en la principal preocupación del gobierno, que busca contenerla como sea, de manera de evitar un sobresalto previo a las elecciones. Asimismo, la reducción en el ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial, muy por debajo de la evolución de los precios, permite comenzar a ver cierto atraso cambiario que, junto con la caída de los precios de los commodities y el fin de la liquidación de la cosecha, comprometa el ingreso de dólares en los próximos meses, adicionando otra importante restricción al crecimiento, y otra fuente de inestabilidad cambiaria. 

En relación a las necesidades de mayores recursos públicos, el 22 de julio el BCRA le transfirió al Tesoro otros $50.000 millones, acumulando en el mes transferencias por $180.000 millones, lo más elevado en el 2021. Durante el año acumula un total de $510.000 millones, equivalentes a 1,4% del PBI desde 5,7% del PBI en el mismo período del 2020. 

En su informe de perspectivas económicas, el FMI mejoró la proyección de crecimiento para Argentina para el 2021 a +6,4% (desde +5,8% proyectado en abril), superando las proyecciones de crecimiento para la región, de +5,8% y de la economía mundial, de +6%. A su vez, redujo el crecimiento del 2022 a +2,4% (desde +2,5% proyectado en abril), con una economía regional creciendo al +3,2% y del mundo al +4,9%.

En relación a la necesidad de crear empleo, dado que el rebote de la actividad no logra hacerlo, el gobierno anunció un nuevo plan de promoción laboral destinado a que jóvenes entre 18 y 24 años puedan acceder a trabajar en PYMES. Las empresas que contraten a través de este programa se verán beneficiadas con la reducción de aportes patronales y asistencia económica del Estado para el pago de salarios por los primeros doce meses. Se apunta a lograr el acceso de 50.000 jóvenes al mercado de trabajo. 

Asimismo, con el objetivo de sostener el consumo interno, el gobierno presentó un plan para incorporar las ventas en 30 cuotas para productos de línea blanca (heladeras, lavarropas) y ventas en 12 y 18 cuotas para otro tipo de productos. En este sentido el BCRA aumentó de 6% a 8% el porcentaje de encajes remunerados (que pueden colocar en leliqs) para los bancos que ofrezcan las compras en 12 y 18 cuotas. 

En cuanto al balance cambiario, el BCRA informó que la cuenta corriente de junio presentó un superávit de U$S 1.254 millones, una caída de -20% anual respecto de junio 2020, pese a que las exportaciones crecieron +77% anual. El mayor motivo de la caída del superávit sería el aumento de las importaciones (+149% anual). También observamos un aumento del déficit de turismo (+59% anual), compatible con una mayor apertura. El conjunto de entidades financieras cerró junio con una posición vendida a término en moneda extranjera por U$S 1.266 millones, reduciendo su posición vendida en U$S 116 millones respecto al cierre del mes previo. Se observa en los datos que ya ha comenzado la tendencia a un menor ingreso neto genuino de divisas.

Mientras tanto, los salarios siguen perdiendo frente a la inflación. Durante mayo, el índice de salarios aumentó +2,8% mensual, desde un aumento de +3,2% mensual durante abril. En los últimos doce meses acumula un incremento de +40,7%, por debajo del índice de precios al consumidor, que avanzó +48,8% anual.  De esta manera, en los últimos doce meses el índice de salarios registró una caída de -5,5% anual en términos reales. Los salarios del sector privado registrado crecieron un +3,5% mensual, los salarios del sector público un +2,9% mensual, y los salarios del sector privado no registrados apenas un +0,9% mensual. En conclusión, los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo, en mayor medida en el sector público y en la informalidad. La recomposición se dificulta, al haber perdido el horizonte de la meta inflacionaria planteada en el presupuesto nacional. El riesgo de buscar una recomposición sin meta firme es caer en una espiralización que conduzca a un impulso inflacionario adicional por puja distributiva. 

Un indicador reciente de inflación, que suele dar resultados cercanos al índice nacional que elabora el Indec, es el del instituto de estadísticas de Bahía Blanca. En julio, el IPC de Bahía Blanca mostró una suba de +2,5% mensual, desde +2,8% mensual en junio, y el valor más bajo desde agosto 2020. En el año acumula una suba de +27,36% mientras que en términos anuales muestra una variación de +45,53% anual (por debajo de la inflación anual del INDEC de +50,2% anual).

En cuanto a los salarios, la UOCRA (trabajadores de la construcción) acordó un nuevo aumento adicional del 12% llevando el aumento salarial total al 47,8%, superior a la pauta inicial de inflación del Gobierno del 29% y superior al promedio de acuerdos cerrados en lo que va del año del 40%, pero levemente por debajo de la inflación acumulada en los últimos doce meses, del 50,2% anual. Por su parte, el Gobierno estaría analizando una suba del salario mínimo de entre 7 y 10% para septiembre para que la suba equipare las subas de salarios negociadas en paritarias. El objetivo sería que el aumento llegue al 45% desde el 35% pactado actualmente.

En cuanto al frente fiscal, la recaudación en julio fue de $933.200 millones, mostrando un aumento de +67% anual y de +10% en términos reales. Los impuestos internos tuvieron un aumento de +56% anual, mientras que los externos un aumento de +110% anual. Ambas variaciones afectadas por la baja base de comparación del 2020. Comparando con julio del 2019, la recaudación de julio 2021 se ubicó un -4% en términos reales, con los impuestos internos cayendo -9%, compensado por la suba de los externos de +13%. Esto refleja la persistente debilidad del mercado interno.