Mientras la situación de asilamiento social, aunque de diferentes formas y levantando algunas restricciones, se sigue extendiendo, la economía sigue sufriendo. La actividad económica cae a niveles muy bajos y pone en jaque a la economía, por el costo que implica para el Estado sostener una situación tan extrema. Sobretodo para la economía argentina que, dada la recesión acumulada en los últimos años, y el peso de la deuda, no cuenta casi con margen de maniobra para poder enfrentar esta crisis. Comenzamos hoy una semana clave, ya que el viernes 8 es la fecha límite para la aceptación o no de la oferta por la reestructuración de deuda, impuesta por el gobierno en su presentación en los Estados Unidos. De todas formas, podría extenderse el plazo hasta el 22 de mayo, fecha en la que efectivamente se caería en default si no hay acuerdo, ya que se cumplen los 30 días de gracia desde el vencimiento de los bonos globales del 22 de abril que no se pagaron. A partir de ese día, si no hay acuerdo que logre juntar las voluntades necesarias, se caerá en default. Por el momento, grandes fondos de inversión, tenedores de posiciones importantes de títulos argentinos, se han manifestado en favor de rechazar la propuesta realizada por el gobierno argentino, por no considerarla atractiva. Para estos grandes fondos, con espalda financiera para poder esperar, resulta más atractiva la alternativa de empujar al país al default, apostando a la vía judicial o a un acuerdo futuro en mejores condiciones.

En este contexto, la declaración de default complicaría más las cosas porque dejaría al país sin ninguna posibilidad de acceso a ningún tipo de crédito, aunque en el corto plazo permitiría también contar con los grados de libertad necesario para la implementación de las necesarias políticas expansivas, al quitarse de encima los vencimientos de deuda. De todas formas, al no contar con otra forma de financiamiento que no sea la emisión monetaria, comienzan a asomar las complicaciones, por el lado de la brecha cambiaria, que sigue subiendo, ubicándose en torno al 75%, aún con el gobierno implementando mas restricciones al mercado cambiario, para intentar contener la suba. Esta ampliación de la brecha, que se corresponde con la expectativa de que, con la economía frenada, la demanda de pesos no llega a absorber la gran oferta, empieza a presionar sobre los precios, que anticipan que el dólar oficial deberá indefectiblemente acercarse a las otras alternativas.

Entre las medidas tomadas los últimos días para contener las presiones sobre el dólar, la CNV reglamentó que los Fondos Comunes de Inversión cuya moneda sea la moneda de curso legal (pesos), deberán invertir, al menos, el 75% del patrimonio en instrumentos financieros y valores negociables emitidos en el país exclusivamente en la moneda de curso legal. Los fondos deberán adecuarse a esta norma antes del 15 de mayo. Esto hizo caer fuerte la valuación del dólar MEP y del dólar CCL un día de la semana pasada, pero al día siguiente ya volvió a la dinámica alcista, ya que la presión de fondo tiene que ver con aspectos macro y el ritmo de emisión.

Por su parte, la recesión apunta a cerrar este año con una magnitud inusitada. Por el momento, con la situación actual ya lanzada la proyección de caída del PBI para este año es de -8,5%, y en caso de que ocurriera un rebrote de contagios, y se restringiera de nuevo más la actividad, se proyecta una caída de algo mas de un -15%. Para tomar magnitud de la situación, en 2002 el PBI cayó un -10%. Que la curva de contagios vaya a registra un rebote es muy probable, dado que mucha gente comenzó a salir, por no aguantar más la situación de encierro. Esto se ve sobretodo en grandes ciudades. Esto puede conducir a una situación económica muy difícil de controlar por un Estado con serias limitaciones económicas.

La semana pasada el BCRA publicó el Balance Cambiario de marzo. Se observa que la Cuenta Corriente tuvo un superávit en el mes de U$S 83 millones (desde un superávit de U$S +245 millones en marzo 2019). El Balance comercial mostró un superávit de U$S 804 millones (las exportaciones aumentaron +5% anual mientras que las importaciones crecieron +23% anual). Turismo tuvo un déficit de U$S -106 millones, una reducción de -72% anual. La cuenta intereses tuvo pagos netos por U$S -601 millones (+81% anual). En la Cuenta Financiera se observa que el sector privado no financiero compró U$S 481 millones en marzo 2020 (desde U$S 2.315 millones en marzo 2019, pero aumentando con respecto a febrero de este año que fue de U$S 145 millones). La fuerte caída interanual se debió al cupo de U$S 200 mensuales y al impuesto del 30%. Por estos días se han tomado más medidas restrictivas sobre el mercado cambiario, dado la fuerte presión sobre el tipo de cambio que implica el incierto escenario económico y la fuerte necesidad de emisión monetaria.

También fue rechazada la propuesta de canje de deuda de la Provincia de Buenos Aires. El Comité Directivo de un grupo de acreedores de la provincia que, según ellos, poseen más del 40% de la deuda externa, rechazó la oferta presentada por la provincia el pasado viernes 24 de abril. Algunos textuales son importantes para desatacar: “El comité reconoce las dificultades que atraviesa la provincia y por ello ha presentado propuestas que abordan los desafíos de corto plazo, proporcionando más de U$S 3.300 millones de alivio del servicio de la deuda externa en los próximos cuatro años. Los términos de la oferta no reflejan la verdadera capacidad de pago de la Provincia, no dando lugar a una solución consensuada”. “Esta postura probablemente haga fracasar la reestructuración, resultando en una potencial cesación de pagos y un prolongado período de incertidumbre que inhibirá la inversión y la recuperación económica de la Provincia”. “Argentina tiene un mercado de deuda provincial extenso, y la viabilidad de este mercado y el futuro acceso al crédito dependerá de los criterios objetivos, cooperación y buena fe entre los emisores y los acreedores.” Por el momento, la actitud es similar a la de los acreedores de la deuda nacional, que también rechazan la oferta lanzada.

Se conoció durante la semana pasada el dato de actividad económica a febrero, mes previo a la puesta en marcha de la cuarentena obligatoria. El estimador mensual de la actividad económica cayó -2,2% anual (vs -1,8% anual en enero) y la serie desestacionalizada mostró una contracción de -1,1% con respecto a enero. El primer bimestre de año muestra una caída de -2% en comparación con el mismo período del año anterior. Esto evidencia la tendencia recesiva presente al momento de comenzar el freno total de la economía. Los sectores que mostraron caídas más significativas fueron construcción (-20,4% anual), intermediación financiera (-7,7% anual) y comercio (-1,6% anual). Todos estos sectores es esperable que presenten caídas bastante más fuertes en los próximos meses.

Otro punto de conflicto es lo que está ocurriendo con la liquidación de exportaciones de productos primarios, donde además de la caída en el comercio internacional, se suma la actitud especulativa de los grandes grupos que concentran este mercado, que contienen sus exportaciones esperando un dólar más alto. La liquidación de CIARA-CEC (Cerealeras) en abril fue de U$S 1.524 millones, configurando una caída de -20,4% anual, y acumulando una caída de -17,8% anual en el primer cuatrimestre. Esto implica un menor ingreso de dólares al país, en un momento crítico, en el que no se cuenta con ninguna otra fuente de ingreso de divisas.

El Indec publicó el dato de evolución de los salarios para el mes de febrero, previo a la cuarentena obligatoria. Se observa que el índice de salarios de febrero avanzó +3,9% mensual (vs +6% mensual en enero) y acumula en los últimos 12 meses un aumento de 46,5%. Los salarios registrados crecieron un +4% mensual, y los del sector privado no registrado un +3,2% mensual. Esto demuestra que había comenzado el camino buscado de mejorar la capacidad de poder adquisitivo de los salarios, para de esta manera impulsar el consumo, y recuperar el crecimiento económico. Sin embargo, la situación desatada a partir de la circulación del virus llevó a un escenario completamente opuesto, donde se observa un fuerte deterioro de los ingresos. En este momento, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial (UIA), con el aval del gobierno nacional, acordaron una reducción del 25% para el personal sin tareas, con garantía de estabilidad laboral hasta fin de mayo. En la misma línea, el Sindicato de Empleados de Comercios (SEC) acordó con las cámaras del sector una reducción salarial del 25% y Unión Obrera Metalúrgica (UOM) una reducción del 14%. La prioridad pasó a ser preservar el empleo, aceptando condiciones de ajuste en los salarios. Esto ocurre sobre un poder adquisitivo que venía muy golpeado de los últimos cuatro años, donde se implementó un modelo económico que tenía como objetivo, y eje central, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.

De hecho, el primer mes de cuarentena total reportó un derrumbe de las ventas minoristas del 57,6% a nivel interanual. Si bien los datos de CAME ya habían mostrado un fuerte descenso del 48,7% en marzo, ahora se observa un agravamiento de la situación a raíz de la mayor cantidad de días bajo cuarentena. A su vez, el hecho de que la comparación entre las cantidades vendidas sea en relación a un mes que ya había mostrado una contracción del 13,4% como lo fue abril del 2019, refleja la magnitud del golpe. Los peores resultados se registraron en joyería, relojería y bijouterie (-80,3%), calzado y marroquinería (-79,9%), bazar y regalos (-79,6%), indumentaria (-79,1%) y mueblería, decoración y textiles para el hogar (-78,6%). De hecho, siete de los doce sectores relevados tuvieron bajas mayores al 75% y otros tres cayeron un 50% o más. El promedio del 57,6% se da entonces por la compensación de los únicos dos sectores que no se vieron tan afectados: farmacias y alimentos.