En un año eleccionario, la economía apunta a transitar los próximos meses en la situación actual, que se puede resumir en una pobre estabilidad, sin mayores sobresaltos, aunque en un bajo nivel de actividad, sin una significativa creación de empleo, con muy alta inflación, y un mercado cambiario completamente restringido. Muchos de los problemas subyacentes a la situación descripta se postergan para luego de los comicios, como por ejemplo el tipo de cambio que, con cada vez más regulaciones, se desliza a un ritmo muy por debajo de la evolución de los precios, o los congelamientos de tarifas y precios regulados que, en un contexto inflacionario, deberán corregirse en el futuro próximo, entre otras cosas. En síntesis, el mejor clima económico que se presenta como consecuencia de la recuperación de la actividad luego del freno total de gran parte del año pasado, permite atravesar las elecciones de medio término con una sensación de alivio en varios sectores, sin embargo, las necesidades que se postergan se van acumulando y generan preocupación hacia adelante. 

Este año va a cerrar con un nivel de inflación muy alto, cercano al 50%, aún con una importante batería de medidas antiinflacionarias en acción, tales como precios cuidados, precios máximos, congelamiento de tarifas, de combustibles, estricto control cambiario, entre otras. Asimismo, si bien se alcanzará muy probablemente un crecimiento cercano al 7% en todo el año, esto implica recuperar apenas algo más de la mitad de la pérdida del año pasado, contra una muy baja base de comparación que fue el 2019. Las dificultades a la hora de sostener a los sectores más vulnerables, así como para crear empleo, y recuperar poder adquisitivo, llevan a dudar de la sostenibilidad de la recuperación de la actividad, mientras todo indica que el año próximo tendremos una inflación más alta que la actual. Circunstancialmente, se observa en este momento un aumento de la demanda de dinero, a partir de que, dada la estabilidad cambiaria como consecuencia de un conjunto de fuertes restricciones, las tasas de interés en pesos resultan atractiva en el corto plazo, pero una nueva caída de la demanda de dinero podría generar tensiones cambiarias difíciles de manejar luego de las elecciones. 

En cuanto al posible acuerdo con el FMI, es de esperar que se haga efectivo en los próximos meses, a través de un crédito de facilidades extendidas, la alternativa de más largo plazo en el menú del organismo, sin incremento de tasa de interés, e incluso con un período de gracia. Las condiciones exigidas resultarán algo más laxas que lo usual, dado el compromiso que el organismo tiene con la irregular deuda contraída por parte del gobierno de Macri. Sin embargo, esto no modifica mucho las condiciones actuales, ya que se descuenta que empujar al país al default en este momento, no sería conveniente para ninguna de las partes. 

En cuanto al frente externo, se conocieron los datos de resultado de la balanza de pagos. La cuenta corriente de julio 2021 arrojó un superávit de U$S 656 millones, que implica un aumento de +18% anual, respecto de julio 2020, pero una caída de -48% mensual, respecto de junio 2021. Dentro de la cuenta corriente, la Balanza Comercial mostró un superávit de U$S 1.713 millones, un aumento de +44% anual, pero una caída de -15% mensual respecto de junio 2021. Las exportaciones cayeron -6% mensual, y las importaciones -2% mensual. El turismo registró un déficit de U$S 195 millones, esto es un aumento del +35% anual. En cuanto a los intereses, se observa un déficit de U$S 561 millones, esto es un aumento de +44% anual, porque en julio 2020 estábamos en default con la deuda en dólares. Se estrecha el margen de ingreso de dólares, lo cual representa una complicación adicional en el frente cambiario. Es de esperar que, en el marco de la recuperación de la actividad con su consecuente impulso a las importaciones, el ingreso de dólares genuinos se estreche aún más. En este sentido, se oficializó la extensión a las restricciones a la exportación de carne hasta el 31 de octubre. En la resolución se explica que la medida contribuyó a desacelerar la suba de precios y que en algunos casos se vieron bajas en algunos eslabones de la cadena. Por su parte, la sociedad rural dice que por estas medidas se perdieron en el sector alrededor de U$S 1.000 millones, anunciando la posibilidad de nuevas medidas de fuerza en reclamo por la medida. 

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció el éxito de la reestructuración de la deuda en dólares con acreedores privados. Luego de un año y medio de postergación se logró un acuerdo que implica un ahorro de US$4.600 millones de dólares en los próximos cuatro años. La aceptación del canje fue del 93,23%, logrando así mediante el uso de las cláusulas de acción colectiva, un canje del 97,66% de su deuda. Se decidió dejar afuera del canje a dos bonos por la baja participación. Esto implica un alivio financiero muy importante para la provincia para los próximos años. Sería interesante, utilizando este ejemplo como disparador para el debate en el ámbito del congreso de la nación acerca de la prohibición de tomar deuda pública en dólares de parte de las provincias, ya que no generan ingresos en divisas y la irresponsabilidad genera condicionamientos luego a lo largo del tiempo.