Si bien contenido y con resultados auspiciosos en la comparación internacional, el crecimiento de contagios por Covid-19, lleva a volver a restringir actividades económicas, generando una situación muy delicada. Todos los indicadores vinculados con la economía real dan cuenta de una situación dramática. Sin embargo, la flexibilización de las restricciones y el consecuente aumento de la circulación de personas produjo un aumento significativo en la cantidad de contagios, con epicentro en zonas vulnerables, donde el aislamiento se torna prácticamente imposible. Por este motivo, en el área del AMBA, que es la más afectada del país, se retorna a etapas de aislamiento mas restrictivas. Mientras se extiende la cuarentena se desató una disputa política, en la que un grupo de autodenominados libertarios, al encontrar un espacio dejado por el partido opositor, Juntos por el Cambio, cuyos dirigentes han decidido no expresarse demasiado en relación al tema, y con diferencias hacia adentro, donde quienes tienen responsabilidades de gestión acompañan al gobierno nacional en sus decisiones, como el caso de Horacio Rodriguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, mientras otros referentes del mismo espacio, pero sin responsabilidad alguna en este momento, sostienen posiciones más críticas. Lo cierto es que el argumento de priorización de la economía por sobre el aspecto sanitario, no solo resulta repudiable éticamente, dado el desprecio por la vida que implica, sino que además genera el efecto contrario. Basta observar lo que está ocurriendo en países que han adoptado esa línea de acción, donde además de contabilizar cada vez más víctimas fatales, el deterioro económico es impactante. Por ejemplo, en los Estados Unidos, además de ser el primer país del mundo en cantidad de infectados, y de registrar un número muy alto de víctimas fatales, se han destruido más de 20 millones de puestos de trabajo desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, en la Argentina la política se encuentra atravesada por este falso dilema entre salud y economía.

En paralelo, mientras el deterioro sobre la economía real se va tornando cada vez más palpable, continúa la negociación por la reestructuración de la deuda. Se van pasando la pelota de un lado al otro de la cancha entre grupos de acreedores y el equipo económico, acercando posiciones, aunque aún la diferencia es importante. El viernes 22 de mayo, ocurrió un evento que técnicamente deja a la economía en default frente a la deuda en dólares emitida bajo jurisdicción extranjera. Se trata justamente de esta deuda la que se encuentra en negociación con acreedores internacionales. El disparador se dio porque ocurrió el vencimiento del período de gracia de 30 días, que comenzó a correr el 22 de abril, cuando el gobierno decidió no pagar los vencimientos de tres bonos Globales por un total de US$ 503 millones. Transcurrido ese periodo de gracia, que establece el prospecto de emisión de los títulos, y tras la decisión del gobierno argentino de tampoco efectuar el pago el 22 de mayo, técnicamente estos títulos se encuentran en default. Esto se suma al default de las letras del tesoro, llevado adelante por el gobierno anterior en agosto del año pasado, cuando decidió “reperfilar” los vencimientos, es decir, modificar las condiciones de los títulos con carácter unilateral. Luego, en febrero de este año, se decidió no pagar el vencimiento de un bono dual (en pesos y dólares), y más tarde postergar para el año próximo los vencimientos de la deuda en dólares emitida bajo legislación nacional. Todos estos eventos son parte de un default, en el cual se encuentra nuestro país. De esta forma, la negociación por la deuda implicaría el intento de salir del default, más que de evitar caer en un default en el cual la economía ya se encuentra. La fecha establecida en el último anuncio de extensión de plazos era mañana 2 de junio. Es esperable que se anuncie hoy formalmente la extensión por 10 días más, hasta el 12 de junio. De todas formas, muy probablemente el proceso resulte mas largo aún. La próxima fecha clave sería el 30 de julio. Esto es porque el 30 de junio ocurre un nuevo vencimiento, esta vez de un bono de descuento, que viene de la reestructuración de 2005. Como el pago no se realizará, correrá el período de gracia de 30 días, con vencimiento el 30 de julio. A partir de ese momento, dadas las características de este bono se plantea la posibilidad de demandas en juzgados internacionales. Si bien es importante para la Argentina ordenar su situación con relación a la deuda de manera ordenada, el contexto internacional planteará una cantidad inédita de defaults, tanto soberanos como corporativos.

Mientras tanto, le oscuro horizonte para nuestra economía lleva a que el ahorro se canalice hacia el dólar como búsqueda de refugio de valor. Es así como se vio escalar de manera preocupante la brecha cambiaria, es decir, la diferencia entre el valor del dólar oficial, restringido a US$ 200 por mes para ahorro, y las alternativas para sortear este límite de manera legal, a través de operaciones bursátiles. El gobierno reaccionó a esto imponiendo cada vez más restricciones sobre la operatoria en estas modalidades de acceso al dólar. De esta forma, el que quedó planteado como vía de escape es el dólar blue, que al tratarse de un mercado ilegal no permite restricciones. Si bien se trata de un mercado informal, donde no se conoce el volumen operado, en el que se requiere del traslado de los billetes en físico para realizar las operaciones, es comunicado por los medios y comienza a operar como una referencia, al ser la única alternativa libre de restricciones. La brecha entre el oficial y esta alternativa supera el 80%. El problema con el incremento de la brecha cambiaria, al final del camino, es el impacto sobre los precios. En una economía que presenta una fuerte inercia inflacionaria, hoy día la fuerte recesión opera como amortiguador de las subas de precios, en el promedio general. Hoy día se observan incrementos desmedidos en los rubros que siguen operando, como por ejemplo alimentos. La incógnita es, que ocurrirá con el resto de los precios cuando comience a normalizarse la actividad. Y esto tiene vínculo directo con el fuerte crecimiento de la base monetaria. La necesidad de inyectar dinero en la economía para evitar el colapso del sistema, a través de los diferentes programas anunciados, encuentra financiamiento sólo en la emisión monetaria. Dependerá de la estrategia de salida del BCRA, en retirar los excedentes de pesos circulantes a medida que se vaya recomponiendo la actividad, evitar una disparada inflacionaria más adelante.

La provincia de Buenos Aires también se encuentra en etapa de negociación para la reestructuración de su deuda, aunque claramente esto está supeditado a lo que ocurra finalmente con la deuda nacional. La provincia el 9 de junio, enfrenta el vencimiento de U$S 449,7 millones correspondientes a la primera cuota de capital del PBJ21 (bono Ley NY incluido en el canje). Claramente no se realizará el pago y comenzará a correr el periodo de gracia, que conducirá a una nueva situación de default en los próximos días.

Mientras tanto, el gobierno oficializó por decreto, la suba de 6,12% para el mes de junio, para las Jubilaciones y pensiones y para las asignaciones universales. Si bien se trata de un aumento que supera la variación de precios en el mismo período, resulta por debajo de la que hubiese correspondido en caso de aplicar la fórmula de movilidad jubilatoria modificada por el gobierno anterior, que se encuentra suspendida por e gobierno actual. Recordemos que los aumentos para jubilados y beneficiarios de AUH se determinan discrecionalmente por el poder ejecutivo, con frecuencia trimestral. En algún momento deberá discutirse una nueva fórmula de movilidad.

Resulta inevitable el deterioro fiscal en medio de la situación que se enfrenta. De esta forma, en abril (primer mes completo con cuarentena) el resultado primario tuvo un déficit de $-228.821 millones (desde un superavit de $499 millones en abril 2019). Los intereses pagados fueron de $37.228 millones (-44% anual), llevando el déficit financiero a $-266.050 millones (desde $-66.073 millones en abril 2019), lo que equivale al -1,1% del PBI solamente para el mes de abril, y un déficit de -5,2% del PBI para el acumulado de 12 meses (desde -4,3% del PBI en abril 2019). Los ingresos totales aumentaron 14% anual, a $316.249 millones (esto implica una caída de 22% en términos reales). Dentro de los ingresos tributarios, IVA, Ganancias y Seguridad Social aumentaron +7% anual (esto es una caída de 26% en términos reales), mientras que Débitos y Créditos aumentó +54% anual (+6% en términos reales) debido al aumento de la bancarización. Por el lado de las rentas del FGS y otras rentas de la propiedad, la caída fue de 51,1% anual (-66% en términos reales) y corresponde principalmente a la suspensión del cobro de cuotas crediticias al sector privado por parte de ANSES durante la cuarentena. Por su parte, los gastos totales tuvieron un aumento de 97% anual, a $545.070 millones (+35% en términos reales). Principalmente debido al aumento en las prestaciones sociales de 100% (programas sociales aumentó +1.135% anual, a $84.775 millones), subsidios aumentaron 157% anual (energía +200% y transporte +75%), y transferencias a provincias un 906% anual. Resulta muy preocupante el deterioro en los números fiscales, y la falta de alternativas de financiamiento.

Con relación a la actividad comercial, el Indec informó que, durante marzo, el primer mes con el impacto de la cuarentena (que comenzó el 20/3), las ventas en centros de compras tuvieron una fuerte caída, de -56,6%. Mientras que, en el caso de supermercados, proveedores de alimentos, se observa un aumento de +10,7% anual.
Se conoció también el resultado comercial para el mes de abril. La balanza comercial tuvo un saldo superavitario de U$S 1.411 millones, desde U$S 1.158 millones en marzo y U$S 1.165 millones en abril de 2019. De esta manera, en los últimos 12 meses se acumula un saldo de U$S 17.542 millones. Sin embargo, como consecuencia de la crisis global por la pandemia del Coronavirus, las exportaciones cayeron -18,9% anual, hasta U$S 4.329 millones. Por su parte, las importaciones alcanzaron los U$S 2.918 millones, mostrando una contracción de -30,1% anual. Esto como consecuencia también del debilitamiento del mercado interno y el freno total de la economía.

El Indec dio a conocer el índice de salarios de marzo, que avanzó +3% mensual (vs +3,9% mensual en febrero), y de esta manera acumula en los últimos 12 meses un aumento de 45,3%. Sin embargo, en términos reales registra una caída de -2,1% anual. Sigue cayendo el poder adquisitivo de los salarios, con relación al conjunto de precios de la economía, pero en relación con los productos de la canasta básica la caída es más fuerte aún. Todo esto en el marco de una situación en la que, no sólo se han suspendido las paritarias para este año, sino en la que muchas empresas no están pagando la totalidad de los salarios de sus trabajadores, en muchos casos con el visto bueno sindical, y en donde el Estado se está haciendo cargo de parte de los salarios de los trabajadores del sector privado.

El deterioro económico de los próximos meses resultará inevitable. El gobierno cuenta con muy limitado margen de maniobra para enfrentar la situación, y la necesidad de extensión de la cuarentena puede complicar mucho más las cosas. La extensión de esta situación dependerá de la evolución de un virus, cuyo comportamiento resulta desconocido e impredecible.